Las declaraciones del ministro Eyzaguirre sobre financiar sólo los primeros cuatro años de estudios superiores con recursos del Estado dan cuenta de un debate que, además de las incongruencias entre las promesas de campaña y la realidad actual del gobierno, ha estado marcado desde el Ejecutivo por la importancia de las cifras en desmedro de una cuestión vital y clave para el logro de todo objetivo como son las personas o capital humano.

Porque, mientras algunos continúan teorizando y buscando fórmulas para cumplir con la gratuidad en educación, las niñas y niños de Chile, además de profesores, padres y apoderados, continúan esperando un debate serio, con altura de miras y que propicie de una buena vez una definición clara en torno a calidad de la educación, en una cuestión que está por sobre el origen económico o social y que se focaliza en las potencialidades de nuestros jóvenes y el fomento de sus habilidades o talentos a través de los procesos de enseñanza - aprendizaje permitiendo, por ejemplo, la tan anhelada y muchas veces esquiva movilidad social.

Cuando el ministro Eyzaguirre menoscaba, entre otros, el rol en la sala de clases como instancia transformacional denota su falta de sensibilidad y conocimiento al respecto, porque es precisamente allí donde el profesor interactúa y conoce a sus estudiantes y viceversa. Es en el aula donde se generan las confianzas, se establecen los vínculos y se plantean las metas educativas que van más allá del aprendizaje de las asignaturas, complementándose con las denominadas competencias o habilidades blandas, entre otros. Son esos metros cuadrados donde podemos comenzar a ganarle la batalla a la desigualdad y a generar oportunidades que repercutan directamente en la disminución de las brechas de desigualdad, contribuyendo a la disposición de una sociedad más justa, amplia y con oportunidades para todos.

Uno de los objetivos de la educación es proveer a las personas de instrumentos para su desarrollo. Por esta razón es fundamental que, desde temprana edad, los individuos cuenten con una preparación en el aula que les brinden esas capacidades y, a la vez, fomente rasgos de raciocinio que los preparen para hacer frente a diferentes etapas, situaciones y contextos a lo largo de sus vidas. Chile necesita un cambio de mentalidad y disposición por parte de cada uno de los partícipes en el proceso educativo en virtud de un compromiso real con la educación como un pilar social clave para el crecimiento y equidad de nuestro país.

Difícilmente podrán encararse estos desafíos si la atención continua puesta sólo en temas numéricos y económicos como los que hoy se discuten y se promueven soluciones que apuntan a uniformar la educación bajo la administración del Estado.

Cuando Bolivia presentó su demanda marítima ante la Corte de la Haya, el 24 de abril de 2013, una primera reacción en Chile, fue la posibilidad de impugnar la competencia de la Corte. La disyuntiva fue ¿cuál era el mejor momento para presentar este recurso?

Las dudas se despejaron este 15 de julio, cuando se presentaron los antecedentes ante La Haya pues las razones que sustentan la impugnación se encontrarían en que Bolivia busca desconocer el tratado de 1904, el cual hace mas de cien años, regula las relaciones de ambos países, aspecto en el que nuestro canciller Heraldo Muñoz fue taxativo al afirmar que 'Chile jamás le ha dado competencia a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue, obligarle a cederle una parte de nuestro territorio soberano' (Emol, 15/07/14)

La reacción boliviana ante la respuesta chilena no se hizo esperar, desde el presidente Evo Morales quien calificó de contradictoria esta objeción y que Chile se apartaba de su apego al derecho internacional, aspecto que fue complementado por el canciller David Choquehuanca, quien declaró que no se cumplía con el tratado, pues existían trabas de libre tránsito.

Esto genera una serie de dudas y evidencias claras de contradicción, entre los pormenores de la demanda con las últimas noticias desde la Paz. Cuando se informó de la demanda se destacaba que 'Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para así llegar a un acuerdo que conceda a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico' (Diario La Razón de Bolivia, 5 de mayo de 2013) pues según Bolivia, diversas autoridades chilenas en negociaciones, se habrían comprometió a través de 'convenios, prácticas diplomáticas y una serie de declaraciones' (Diario La Razón Bolivia, 05 de Mayo de 2013) lo que habría generado diversas expectativas que no fueron concluidas satisfactoriamente. Este punto se refiere únicamente a las expectativas generadas en Bolivia, pese a que por lógica una negociación es al menos entre dos partes y Chile actuó de buena fe, siendo los diversos gobiernos en La Paz, los que concluían las negociaciones, producto de las contradicciones internas o de los repentinos cambios de gobiernos.

Las declaraciones son muestra de este doble discurso, entre los asesores y abogados que crearon la demanda desde el punto de vista pragmático jurídico versus los revisionistas político-histórico que critican directamente el Tratado de 1904 y buscan la recuperación del litoral, que desconocen un tratado vigente hace 110 años, siendo el Presidente Evo Morales - quien hace dos años atrás - declaró unilateralmente que el tratado estaba muerto, abriendo un camino de incertidumbre en materia de derecho internacional sin precedentes en la Historia ¿Qué negociación podría ser posible, si una de las partes niega la piedra angular de nuestras relaciones bilaterales? Es cosa de imaginarse que sucedería si esta conducta fuese repetida por otros Estados, reclamando derechos de negociación que por algún motivo, no llegaron a concretarse. Con ello, Chile, en su impugnación, esta dejando en claro que lo que busca Bolivia en realidad no son las negociaciones fallidas, sino nuevamente, discutir el tratado de 1904, el verdadero problema de fondo.

Próximamente se abre una nueva convocatoria a los Fondos Concursables Fondart, hoy única instancia de fomento para las artes escénicas, ante la inexistencia de una ley sectorial que garantice otros fondos para su desarrollo.

Sin embargo, lamentamos tener que señalar que Fondart es una herramienta de financiamiento que otorga a los profesionales de las artes escénicas la posibilidad de trabajar de manera remunerada 'pero sin contrato laboral'.

Resulta, a nuestro juicio, impresentable que Fondart fomente el desarrollo cultural permitiendo que los trabajadores(as) estén sin contrato, sin cobertura de salud, sin cobertura previsional, sin seguro de accidentes y demás coberturas sociales asociadas, en el desarrollo de los proyectos que financia con dineros de estado, a pesar que existe la ley 19.889 que exige la contratación de los trabajadores de las artes escénicas.

Nos preguntamos por qué Fondart no tiene la misma política que los Fondos Audiovisuales, que contemplan expresamente la exigencia de la contratación de los trabajadores de las artes y la cultura como lo estipula la ley antes mencionada.

El Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) llama a nuestras autoridades del ámbito de la cultura y del trabajo a preocuparse, cuando se trata de recursos públicos, por dar el ejemplo y aplicar los mismos criterios que se exigen en cuanto a la formalidad laboral a la empresa privada.

Vemos cómo todos los años nuestro sindicato recibe cientos de preguntas y denuncias en esta materia y son muchos quienes trabajando en un proyecto sufren un accidente laboral que debe ser resuelto con una acción solidaria, soluciones informales que no atacan a fondo la realidad de un sector que tanto le ha dado al país y que día a día pese a los obstáculos lo sigue haciendo.