La Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Antonia del Carmen Godoy Medina, decidió rechazar en todas sus partes la demanda presentada por Pedro Arrey, quien dentro del conflicto que desde el año pasado se arrastra en la Codeff Bío Bío, figura como director regional aún vigente, en paralelo a una nueva directiva la que acusa la exclusividad del cargo.

La acción perseguía una indemnización cercana a los 12 millones de pesos bajo la figura del despido injustificado y se sustentaba en la supuesta existencia de un contrato de trabajo indefinido entre ambas partes, vinculado a la administración del Parque Tumbes.

Ante aquello y según los antecedentes vistos por la magistrada, ésta concluyó que el vínculo laboral entre Arrey y la ONG pasaba por medio de boletas de honorarios por prestación de servicios profesionales desde 1998.

Dos semanas lleva ya la movilización que están realizando 200 trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue. El conflicto comenzó al fracasar las negociaciones con la empresa por mejoras salariales. 'Tenemos tomado el camino de acceso a la mina Santa Ana, las dependencias de Chilecar en el Parque Industrial y las oficinas administrativas de la empresa en Curanilahue. Esta medida la adoptamos porque los empresarios han sido intransigentes', relató Luis Chandía, dirigente de los mineros. Agregó que esperan que las autoridades de gobierno que iniciaron una mesa de diálogo se involucren más, a fin de encontrar una pronta solución al conflicto.

Indicó que los trabajadores suspendieron el 'turno de emergencia' que realizaban para efectuar mantención en el interior la mina, corriendo el riesgo de derrumbe.

Hasta tribunales de justicia internacionales podría escalar el conflicto de las comunidades mapuche de la Provincia de Arauco, con el proyecto 'MAPA' de la Celulosa Arauco, que busca la ampliación y renovación de la planta ubicada en Horcones, contemplando la inyección de 2 mil millones de dólares.

Así lo dio a conocer Paula Villegas, abogada representante de las citadas organizaciones, apuntando que 'de acuerdo a como vaya avanzando el proceso judicial iniciado, vamos a llegar hasta la Corte Suprema. Ahora, junto a representantes indígenas, a nivel nacional estamos evaluando llevar este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos'.

Esto, dado que la Resolución de Calificación Ambiental favorable entregada al proyecto 'MAPA' desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) podría ser revocada judicialmente, luego que en marzo de este año, cinco comunidades presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones penquista, en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) y el intendente Rodrigo Díaz (tras haber presidido la comisión), acusando que la consulta indígena, de acuerdo a los principios y estándares exigidos en el Convenio 169 de la OIT, y que debe ser contemplada por el citado organismo en este tipo de proyectos, fue un proceso viciado, a juicio de las organizaciones de la zona.

Ante aquello es que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), junto al intendente Rodrigo Díaz, evacuaron un informe rechazando el recurso presentado por las comunidades, argumentando que la consulta indígena en cuestión se realizó siguiendo a cabalidad todos los conductos regulares establecidos.

Fue el 24 de junio reciente que la Corte de Apelaciones de Concepción suspendió la vista de los alegatos entre el SEA, Celulosa Arauco y los abogados representantes de las organizaciones mapuche, decretando que fuese la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la encargada de levantar un informe que corroborara o descartara un mal procedimiento en la consulta, guiada por el tratado internacional.

La celulosa se opuso a aquello, solicitando que se dejara sin efecto la medida, petición que fue rechazada por el tribunal.

'Específicamente, se informará si las comunidades indígenas interesadas en el asunto fueron adecuadamente oídas en la elaboración del proyecto de modernización y ampliación de la empresa recurrida', estableció la corte, a lo que, con fecha 14 de julio de 2014, la Conadi despachó el oficio solicitado, estableciendo que, una vez revisado el expediente de evaluación ambiental del proyecto 'MAPA', se concluyó que el proceso no fue el adecuado, siendo distante 'de satisfacer las especiales características que posee la consulta previa'.

Es aquí donde Paula Villegas recalcó que 'más que consultas, los acercamientos muchas veces fueron más un trámite de mera entrega de información, entre otras irregularidades que acusan las comunidades, como visitas a altas horas de la noche'.

'De no acogerse el recurso, y no revocarse la RCA del proyecto mapa, apelaremos ante la Corte Suprema, sin perjuicio que de ser necesario recurriremos a Organismos Internacionales que reconozcan los derechos vulnerados a los recurrentes', sumó la jurista.

Por su parte, Celulosa Arauco, el reciente jueves ingresó a la corte un escrito con el que argumenta una serie de reuniones sostenidas con las comunidades en conflicto, pidiendo que se corrija o simplemente se aclare lo despachado por Conadi, cuestión que significa desde ya un gran retroceso en el proyecto.

La celulosa ingresó un

De no acogerse el recurso, y no

Paula Villegas,

Entre fines de agosto y principios de septiembre es que el Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles será reinaugurado, luego que el 29 de agosto del año pasado fuese puesta la primera piedra del proyecto de ampliación y remodelación del Servicio, con lo que el recinto pericial, dependiente de la cartera de Justicia, adicionará 214,15 metros cuadrados a los 216,97 ya existentes y que fueron remodelados.

Por el momento, sería la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quienes ejecutarían el corte de cinta de las nuevas dependencias del citado SML, que significó una inversión de $635 millones, monto financiado por el Gobierno Regional a través de fondos regionales, durante el gobierno anterior de la Alianza por Chile.

De acuerdo a lo recordado por el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, la situación del Servicio Médico Legal de Concepción aún es de incertidumbre, en cuanto a la falta de un especialista en psiquiatría, cupo que hace un año y cuatro meses permanece vacante. Esto, debido a que tras una serie de llamados a concurso público que se han generado en este tiempo, éstos han terminado declarándose desiertos.

La explicación más próxima, dicen desde Justicia, es que el sueldo que ofrece el Estado en esta función para estos profesionales no es de sus expectativas, gatillando la migración al sector privado.

Fue a principios de este año cuando, tras evaluaciones entre las autoridades competentes, se estableció que el aumento de remuneración para el cupo de psiquiatra se concretaría por la vía administrativa, que iba a significar un estudio dentro de la dirección nacional del SML, o bien por la vía parlamentaria.

Cáceres, informó que finalmente se tomó esta opción, por lo que en este corto plazo el Parlamento evaluará el proyecto de ley despachado por José Antonio Gómez, que apunta a un aumento de bonos a los funcionarios, junto al ascenso de grados.

'El otro proyecto es el del SML para Cañete. Está en etapa de diseño, el que debe ser presentado por la empresa que ganó el proyecto, entre octubre y noviembre de este año', concluyó el seremi de Justicia.

meses durará la obra del SML de Cañete, aproximadamente.

millones fue el costo del proyecto del SML ubicado en Los