Una dirigente social de Rucalhue, - sector en que se emplaza la recién inaugurada central hidroeléctrica Angostura- , explicó a los periodistas que acudieron a cubrir la visita presidencial a esa nueva generadora, que es absurdo que en Alto Bío Bío las personas tengan que pagar un mayor precio por la energía eléctrica en comparación con los habitantes de ciudades, considerando que ellos son los vecinos a las represas.

La crítica no fue destemplada ni amenazante. No representaba una causa en particular. Desde su rol como representante de la comunidad expresó una verdad tan grande como esas centrales que permiten el pujante desarrollo en el valle y que han cambiado el entorno de los lugareños y, en parte su cultura, recibiendo, a cambio, las contradicciones de unas reglas del juego que a estas alturas son absurdas. La polémica por las irrisorias patentes municipales que pagan grandes complejos industriales es parte de esas reglas del juego que son disfuncionales para el desarrollo local.

Cuando superamos las inquietudes ambientales de los proyectos de energía o de cualquier instalación industrial se nos abre una zona aún difusa para nuestra sociedad. Se trata de la contribución que debieran realizar esas inversiones en los territorios en que se emplazan. Las reglas de hoy limitan la contribución - voluntaria o por presión de la comunidad- a una negociación 'a oscuras' de compensaciones por impactos ambientales que muchas veces no tienen un genuino origen ambiental. Esa pareciera ser la única vía institucional para acordar una contribución que las comunidades asumen como justa.

En este espacio, los resultados de esas negociaciones tampoco son funcionales al desarrollo local como desearíamos. Vemos canchas de fútbol, sedes vecinales, parques y plazas, nuevas escuelas, todas inversiones sociales desarticuladas de un plan de desarrollo local pero que son muy efectivas para disminuir la oposición a una inversión industrial.

La nueva contribución que la sociedad está demandando de la actividad industrial va más allá de donaciones. Se trata de incidir efectivamente en el desarrollo local y eso es harina de otro costal. Requiere recursos, pero también ideas, participación, co diseño de proyectos, un diálogo eficaz por el desarrollo de la comunidad y por sobre todo, nuevas reglas que promuevan el desarrollo local a través de inversión privada. Así, los habitantes de Alto Bío Bío, Coronel y Cabrero podrían contar con energía barata, por ejemplo, y recibir nuevas inversiones que generen el empleo que una termoeléctrica o una represa no puede ofrecer. O en base una nueva alianza entre la comunidad, empresa y el Estado impulsar proyectos de alto impacto en infraestructura productiva, nuevas capacidades para sus habitantes, reconversiones laborales reales, en fin, iniciativas que signifiquen cambiar una historia de pobreza y decepción.

Esto no es sólo responsabilidad social empresarial y tampoco un desafío sólo para las industrias. Es una nueva visión de desarrollo que como país necesitamos de forma urgente.

La Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto conocido como 'ley Emilia', iniciativa que aumenta las penas a quienes manejen bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o con resultado de muerte. La iniciativa pasa al Senado, para su segundo trámite.

Se le conoce con ese nombre en recuerdo de Emilia Silva Figueroa, bebé de nueve meses de edad que murió el año 2013, debido a un accidente causado por un automovilista ebrio, que finalmente fue condenado a dos años de pena remitida.

En Chile, el alcohol está presente en dos de cada 10 accidentes fatales. En 2013, más de 4.700 de éstos fueron causados por conductores bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, con un resultado de 148 fallecidos y 475 lesionados. La ley Emilia propone elevar la pena del delito de manejo en estado de ebriedad cuando se causen lesiones gravísimas o muerte, estableciéndose presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, desde tres años y un día a 10 años, y multa de ocho a 20 unidades tributarias mensuales, además de inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados.

El proyecto recoge indicaciones de parlamentarios que han trabajado para establecer sanciones más adecuadas para enfrentar actos de irresponsabilidad y terminar con la sensación de impunidad ante este tipo de delito. Hasta ahora, las penas son bajas y los autores las cumplen en libertad.

Fiscalización y penas ejemplares son necesarias en estos casos. Se recordará que cuando hace unos años Carabineros desarrolló la campaña tolerancia cero, controlando a los conductores, especialmente a la salida de los establecimientos de expendio de alcoholes, hubo una fuerte baja en las cifras de accidentes de tránsito. Pero al aflojarse la presión se ha vuelto a situaciones de irresponsabilidad como las que con frecuencia se conocen a través de los medios de comunicación.

La sociedad no comprende cómo bajo la actual legislación una persona que bebió hasta embriagarse, que condujo un vehículo y lesionó o mató a personas inocentes, no sea considerado autor de un delito grave que le impida obtener su libertad. Esperemos que la nueva legislación en estudio haga justicia y termine con esa sensación de impunidad.