El gobierno decidió ampliar a delito terrorista la querella por la colocación de una bomba en un vagón del Metro en la estación Los Dominicos, en Santiago. Fue el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien anunció ayer que, en el marco de las acciones legales emprendidas por el delito mencionado, se tomó la decisión de ampliar dicho delito 'de tal manera de dar todas las condiciones, facilidades y sanciones para un hecho tan grave'.

El titular de Interior y Seguridad Pública informó de la decisión tras reunirse con el fiscal nacional Sabas Chahuán para abordar diversas materias sobre seguridad. En la cita participó también el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy.

'Hemos presentado las querellas correspondientes y hemos decidido, a partir de la información que se nos ha entregado, ampliar la querella por hecho terrorista, de tal manera de dar todas las condiciones, facilidades y sanciones para un hecho tan grave como esto', dijo Peñailillo.

El secretario de Estado agregó que 'los antecedentes son reservados y parte de la investigación, tienen que ver con los horarios y la forma en que se instaló esta bomba en el Metro'. El jefe de gabinete explicó que 'creemos nosotros que hubo la intención de dañar a personas inocentes'.

Sobre la utilización de la ley antiterrorista, que el gobierno había rechazado invocar hasta ahora, el ministro Peñailillo aclaró que pese a que un grupo de expertos y juristas trabajan en la modificación de la legislación, 'eso no quita que hoy hagamos uso del instrumento que hasta el momento tenemos'.

Por su parte, Chahuán señaló que es facultad del gobierno invocar la Ley Antiterrorista agregando que 'si se invoca, se invoca con cautela y con prudencia'. El fiscal nacional además informó que decidió mantener al equipo de la Fiscalía Sur, a cargo de la investigación. Chahuán afirmó que ningún grupo se ha adjudicado la autoría del bombazo hasta ahora.

Al ser consultado sobre la supuesta existencia de imágenes del delito que podrían aportar en la investigación, Chahuán lo confirmó y señaló que 'es cierto que habrían algunas imágenes' pero explicó que el volumen es muy alto, por lo que tomará tiempo poder revisarlas, pero que 'se me ha informado que hay un equipo especial de la policía analizándolas'.

El secretario de Estado hizo hincapié en marcar las diferencias entre este caso y lo que ocurre en La Araucanía. 'Creo que no tienen comparación los hechos', afirmó.

Los diputados de RN en dicha zona, acusaron al gobierno de dar 'de segunda categoría' a esa región, por la decisión de no invocar la ley en ese caso.

Chile presentó ayer ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) las objeciones preliminares para impugnar la competencia de ese tribunal en la demanda interpuesta por Bolivia. La Paz debe responder a la documentación hasta el 14 de noviembre.

A través del canciller Heraldo Muñoz, el gobierno aseguró que nunca le ha dado atribuciones a esa corte para resolver la demanda boliviana por una salida soberana al Pacífico. 'Chile jamás le ha dado competencia a la corte para resolver lo que Bolivia persigue', manifestó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

El jefe de la diplomacia hizo esta declaración luego de la presentación en La Haya de los documentos que contienen las objeciones preliminares para objetar la competencia del alto tribunal en este caso.

El gobierno de Evo Morales presentó en abril de 2013 una demanda en La Haya que busca un fallo que obligue a Chile a negociar 'a firme y de buena fe' su reclamación de una salida soberana al mar.

Aunque no se conoce el escrito que presentó el equipo chileno, uno de los argumentos que ha esgrimido el gobierno es que la demanda boliviana apunta a modificar los límites existentes entre ambos países, tema zanjado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que es previo a la jurisdicción de la corte, que comienza desde 1948. Chile asegura también que ha dado 'pleno' cumplimiento al tratado entre ambos países, garantizando un acceso preferencial a los puertos chilenos. En esta línea, Muñoz aclaró que 'Chile ha cumplido todas sus obligaciones con Bolivia' en relación con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y que la demanda de Bolivia 'pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global'.

'No hay ejemplo de otros países del mundo que hayan cedido territorio de manera semejante', sostuvo el canciller al considerar que la demanda boliviana busca modificar los límites del Tratado de 1904.

'Cuando recibimos la memoria boliviana -recordó el ministro Muñoz-, señalamos que no íbamos a dejar de analizar o utilizar ningún recurso o instrumento que nos permitiera defendernos desde el punto de vista jurídico', enfatizó.

PLAZOS

El titular de RR.EE. informó que Bolivia tiene plazo hasta el 14 de noviembre para responder por escrito a la documentación que presentaron ayer en La Haya el agente, Felipe Bulnes, y el coagente, Claudio Grossman, contenida en 120 copias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reforzó su equipo ante la Corte de La Haya con la incorporación como coagente de la jurista María Teresa Infante, quien actualmente se desempeña como embajadora de Chile ante los Países Bajos.

Tras la presentación de las objeciones preliminares de Chile, la Corte Internacional de Justicia de La Haya debe ahora suspender la tramitación de la demanda marítima interpuesta por Bolivia y abrir un proceso que, según los cálculos de la Cancillería, 'durará un año o un año y medio'.

Hasta el próximo 7 de agosto se discutirán las indicaciones que se le ingresarán al proyecto de Reforma Tributaria. Ayer a las 16 horas se dio inicio a la votación en general en la Cámara del Senado de la moción impulsada por el gobierno.

Pasadas las 20.30 horas, 22 de los 38 senadores que componen la Cámara Alta habían ejercido su derecho de intervenir y argumentar su postura frente al proyecto.

La votación comenzó luego de la lectura del informe de la Comisión de Hacienda del proyecto de reforma tributaria por parte del senador Ricardo Lagos Weber.

El proyecto deberá pasar por la Comisión de Hacienda para el ingreso de las indicaciones y luego será votado en particular en la Cámara Alta. Posteriormente la moción avanzará al tercer trámite legislativo en la Cámara Baja.

Hay que recordar que la semana pasada diversos sectores políticos llegaron a un acuerdo con el gobierno por esta materia.

Por 99 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en general, el proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves, gravísimas o con resultado de muerte.

La iniciativa legal fue ingresada a trámite legislativo por el Ejecutivo el pasado 25 de junio. En lo medular, el texto eleva la pena del delito de manejo en estado de ebriedad cuando se causen lesiones gravísimas o muerte a presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, desde tres años y un día a 10 años. Además, se fija una multa de ocho a veinte UTM y se establece una pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.

Tras su aprobación en general, los diputados votaron por separado el articulado del proyecto, ratificándose la aprobación de la iniciativa legal, la que ahora debe ser analizada por el Senado antes de su despacho definitivo.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC), uno de los promotores de la iniciativa, que ahora contó con el respaldo del Ejecutivo, señaló que 'es una gran noticia para nuestra sociedad, estamos diciendo no más impunidad'.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) dijo que espera ahora que los senadores entiendan que hay que actuar con responsabilidad, que hay que legislar en el bien del país. El parlamentario agregó que 'quienes conducen en estado de ebriedad y causen lesiones graves o la muerte de una persona, van a ser condenados con pena aflictiva'. 'Sin duda es una avance importante', señaló Hasbún, quien dijo que ahora es probable que la propuesta prospere en el Senado donde la anterior 'Ley Emilia' fue desestimada.

Tal como lo había anunciado tras la publicación de los resultados del Simce, el Ministerio de Educación presentó ayer el equipo de expertos que realizará una revisión al cuestionado test.

El grupo está conformado por 12 expertos del área de la educación que tendrán hasta diciembre para entregar sus recomendaciones con respecto a la reformulación de la prueba. Entre las principales críticas que se le había hecho al sistema de evaluación estaba que se aplicaría un exceso de pruebas y que no se estaría evaluando las habilidades de los alumnos.

Pese a que los expertos aún no comienzan su análisis, demostraron que existe consenso en que uno de los principales problemas tiene que ver con el uso que se hace de los resultados que se obtienen en el test.