La Comisión Asesora para la Descentralización entregó a la Presidenta Bachelet un primer informe con sus propuestas para apoyar el desarrollo más equitativo de las regiones del país. En él contempla una serie de medidas especiales que permitirían recaudación de fondos locales, diferenciación de impuestos y mayor autonomía frente a la utilización de los recursos. Esto último es particularmente importante, pues actualmente el gobierno central toma decisiones por más del 85% del total del gasto público.

Las sugerencias contemplan en primer lugar revertir esa distribución y lograr que los gobiernos regionales administren un 35% de los fondos en un plazo de seis años (la planificación es pensando al 2020), además de que puedan recaudar tributos de las empresas que funcionan en sus respectivas zonas, como las portuarias, las energéticas, las forestales y las cadenas de grandes tiendas. Esto, en un esquema similar a la que rige en Ley de Casinos: un aporte para la comuna de emplazamiento de la empresa y otro para la región completa.

Aparte, sugieren crear un Fondo de Convergencia Regional, al cual aportarían principalmente las mineras a través de un alza del royalty al 5%. Esos recursos irían preferencialmente para las áreas más rezagadas, de modo de garantizar equidad donde hay menor inversión privada.

Paralelamente, la Comisión reiteró la necesidad de un cambio en la administración política, con más atribuciones para los Consejeros Regionales y la elección directa de los intendentes. Así se aseguraría representatividad de las autoridades y un gobierno que no solo ejecute políticas centrales.

Las propuestas de la Comisión son básicamente las mismas discutidas a principios de junio. Coinciden plenamente con las ideas locales y su oficialización ante la Presidenta constituye, entonces, una buena noticia.

Es de esperar que ahora ellas sean incorporadas a la discusión de la Reforma Tributaria, que en su texto original no incluye elementos referidos exclusivamente a las regiones. De lo contrario, sería muy compleja su implementación.

El Colegio de Periodistas -creado por la ley 12.045, del 11 de julio de 1956- acaba de cumplir 58 años de vida.

Los celebró en Santiago con una jornada acerca de '¿Qué periodismo tenemos?', convocada por el Tribunal de Ética de la Región Metropolitana. El jueves 10 de julio el investigador norteamericano Peter Phillips, presidente del 'Proyecto Censurado', dio a conocer el trabajo de este organismo que tiene casi 40 años de existencia.

Al día siguiente. se efectuó una jornada de reflexión con exposiciones de seis periodistas y un abogado acerca de los desafíos actuales de la ética periodística.

Esta preocupación sobre la responsabilidad de los comunicadores no es nueva. Este año, sin embargo, se intensificó tras las críticas al desempeño de algunos profesionales durante el terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso.

El argumento de fondo de quienes creemos que lo ideal es la autorregulación (es decir, el control ejercido por los propios informadores) y no una imposición por ley, es que así se resguarda mejor un valor fundamental: la libertad de expresión. Hace más de seis décadas, cuando culminaban las gestiones para crear el colegio, se insistió permanentemente en que el objetivo era lograr la 'dignificación' del periodismo. Y uno de los ejes de ese empeño era precisamente la formación universitaria. Junto con ampliar los horizontes culturales de los periodistas, se incluía la deontología, entendida como la 'parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión'.

Aunque el tema ético forma parte de la cultura humana, por lo menos desde Aristóteles, durante mucho tiempo los periodistas se preocuparon casi exclusivamente de la defensa de la libertad de expresión. Sólo en el siglo XX se puso de relieve la necesidad de sistematizar lo referente a la responsabilidad ética.

Por sorprendente que parezca, únicamente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial surgió como una necesidad el establecimiento de normas de conducta. Un paso decisivo se dio en Estados Unidos cuando una comisión especial (Comisión Hutchins) planteó que la libertad podría estar en peligro por la falta de cuidado de los medios y los periodistas. En dicho informe se esboza lo que más tarde se bautizaría como la 'teoría de la responsabilidad social' destinada a describir y enjuiciar las relaciones entre la prensa y sociedad.

La Comisión resumió el desafío a partir de una exigencia básica: los medios 'deben entregar un recuento veraz, amplio e inteligente de los acontecimientos diarios, en un contexto que les dé sentido'.

Sigue siendo una tarea irrenunciable.