Demanda colectiva a las Isapres
Se presentó una demanda colectiva en contra de varias Isapres que representan sobre el 70% del mercado. De ser acogida por los tribunales y aplicar una indemnización para 2 millones de personas, implicaría la quiebra del sistema, según el presidente ejecutivo de la Asociación.
Hace seis años que los afiliados empezaron a rechazar el sistema de cobro de las Isapres y hace cuatro, el tribunal constitucional dictaminó que las tablas de factores de riesgos producían discriminación. Frente a esta situación, el gobierno anterior, creó una comisión de expertos para enfrentar este problema y buscar una solución. Pero al poco andar, las Isapres convencieron al ejecutivo que no era necesario ya que éste dictamen no tendría efectos concretos.
Pasaron dos años para nombrar una segunda comisión político-técnica, cuyos acuerdos, si bien no resolvían todos los problemas al menos daban estabilidad jurídica al sistema. Sin embargo, nuevamente las Isapres y el gobierno botaron el acuerdo.
Gran error de las Isapres y del Gobierno, ya que desde entonces, más de 250 mil personas han recurrido a los tribunales por el tema fijación de precios y han ganado en todas las instancias.
El nuevo gobierno creó una comisión para resolver este problema y diseñar un modelo de financiamiento del sistema de salud. La tentación es grande para abordar solamente esta segunda tarea, ya que es más 'trascendente' que resolver el problema de fijación de precios de un subsistema y, además, porque es un juicio de realidad afirmar que el modelo de financiamiento del sistema de salud no resiste más tiempo.
Ambos problemas deben ser enfrentados simultáneamente, ya que se puede resolver el problema de las Isapre y sus modelos de fijación de precios con una reforma sectorial al financiamiento, sólo hay que reconocer con claridad que pueden ser etapas de un mismo proceso. Si se reforman en una primera etapa sólo las Isapre para eliminar aquellas dimensiones que las han caracterizado por décadas e incorporar nuevas reglas que hoy los afiliados exigen tales como selección al ingreso, libre movilidad, término de las preexistencias, fijación de precio a través de un sistema menos arbitrario y sin segmentación de la tarifa por nivel de riesgo y un plan garantizado, se avanza hacia un sector privado asegurador que se encamina en la línea de los parámetros que rigen la seguridad social.
Es un error tratar de definir el modelo de largo plazo sin enfrentar los desafíos de la contingencia. Hay que buscar un camino en que se alineen las reformas para enfrentar la contingencia con aquellas más profundas que redefinan el sistema de financiamiento de la salud. Es una utopía pensar que el actual gobierno podría enfrentar política y económicamente en forma simultánea otra reforma sectorial de esta envergadura y es más realista reflexionar en procesos de reformas por etapas que permiten llegar al modelo de organización que se desee alcanzar y que para elegirlo hay que evaluar la experiencia.