Se presentó una demanda colectiva en contra de varias Isapres que representan sobre el 70% del mercado. De ser acogida por los tribunales y aplicar una indemnización para 2 millones de personas, implicaría la quiebra del sistema, según el presidente ejecutivo de la Asociación.

Hace seis años que los afiliados empezaron a rechazar el sistema de cobro de las Isapres y hace cuatro, el tribunal constitucional dictaminó que las tablas de factores de riesgos producían discriminación. Frente a esta situación, el gobierno anterior, creó una comisión de expertos para enfrentar este problema y buscar una solución. Pero al poco andar, las Isapres convencieron al ejecutivo que no era necesario ya que éste dictamen no tendría efectos concretos.

Pasaron dos años para nombrar una segunda comisión político-técnica, cuyos acuerdos, si bien no resolvían todos los problemas al menos daban estabilidad jurídica al sistema. Sin embargo, nuevamente las Isapres y el gobierno botaron el acuerdo.

Gran error de las Isapres y del Gobierno, ya que desde entonces, más de 250 mil personas han recurrido a los tribunales por el tema fijación de precios y han ganado en todas las instancias.

El nuevo gobierno creó una comisión para resolver este problema y diseñar un modelo de financiamiento del sistema de salud. La tentación es grande para abordar solamente esta segunda tarea, ya que es más 'trascendente' que resolver el problema de fijación de precios de un subsistema y, además, porque es un juicio de realidad afirmar que el modelo de financiamiento del sistema de salud no resiste más tiempo.

Ambos problemas deben ser enfrentados simultáneamente, ya que se puede resolver el problema de las Isapre y sus modelos de fijación de precios con una reforma sectorial al financiamiento, sólo hay que reconocer con claridad que pueden ser etapas de un mismo proceso. Si se reforman en una primera etapa sólo las Isapre para eliminar aquellas dimensiones que las han caracterizado por décadas e incorporar nuevas reglas que hoy los afiliados exigen tales como selección al ingreso, libre movilidad, término de las preexistencias, fijación de precio a través de un sistema menos arbitrario y sin segmentación de la tarifa por nivel de riesgo y un plan garantizado, se avanza hacia un sector privado asegurador que se encamina en la línea de los parámetros que rigen la seguridad social.

Es un error tratar de definir el modelo de largo plazo sin enfrentar los desafíos de la contingencia. Hay que buscar un camino en que se alineen las reformas para enfrentar la contingencia con aquellas más profundas que redefinan el sistema de financiamiento de la salud. Es una utopía pensar que el actual gobierno podría enfrentar política y económicamente en forma simultánea otra reforma sectorial de esta envergadura y es más realista reflexionar en procesos de reformas por etapas que permiten llegar al modelo de organización que se desee alcanzar y que para elegirlo hay que evaluar la experiencia.

Con estos días de frío, es imposible no recordar que uno de los principales desafíos que se propuso el Ministerio de Desarrollo Social, fue una política social que le permitiera atender la realidad de las personas en situación de calle, temática que hasta ese minuto, sólo había sido abordada por las instituciones privadas.

Una de las gestiones más significativas que se realizó, en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue poder focalizar las políticas públicas, situación que ocurrió en el invierno de 2011. En esa oportunidad varias instituciones, organizaciones sociales, voluntarios, municipios y toda la comunidad trabajó arduamente, literalmente en la calle para realizar el segundo catastro nacional de personas en situación de calle.

Este catastro se realizó con la finalidad de conocer en detalle, la situación de un grupo de nuestra población que parecía estar invisibilizada. La tarea no fue fácil y concluyó con la identificación de 12.255 personas en situación de calle a nivel nacional. De ellas un 84% son hombres y el 16% mujeres. 742 eran niños(as) y adolescentes y 2.038 eran personas mayores de 60 años.

La vida en la calle trae consecuencias de diversa índole; físicas, sicológicas, sociales, bio psicosociales entre otras, que cuesta mucho poder resolver si se mantiene la condición. Más aún si consideramos la falta de redes de apoyo, sobre todo si las principales razones aducidas por los encuestados para explicar su situación de calle, son los problemas en la casa y consumo de alcohol, ambas situaciones que muchas veces alejan a las personas de sus seres queridos.

Otro aspecto relevante de considerar, si lo que queremos es avanzar en esta materia, es considerar, que entre los principales sucesos estresantes de las personas en situación de calle destacan graves problemas o conflictos entre los padres. Además de problemas económicos importantes con un 38%, violencia intrafamiliar con un 37% y finalmente, el maltrato y consumos de alcohol con un 36%.

Los estudios sobre la materia coinciden en que un sistema para la superación de la situación de calle requiere la participación del Estado, de la Sociedad Civil, de las Empresas. Asimismo de la instalación de una oferta especializada y diferenciada de programas de atención en tres áreas claves; habitabilidad, salud y empleabilidad, de ahí que durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se inauguraran Centros de Día, Albergues, Hospederías y Residencias para personas en situación de calle, con el objeto de generar una vinculación con la comunidad y familias de referencia. Junto a lo anterior, también se implementó año a año el Plan Calle para atender a las personas particularmente, durante los meses más fríos del año.

A esta iniciativa de carácter estatal, hoy se han sumado los actores privados y el voluntariado. En efecto, muchos alumnos de la Universidad del Desarrollo, a través de una iniciativa denominada 'Vive la Calle' de la Dirección de Asuntos Estudiantiles acompañan, escuchan y comparten durante el año con las personas en situación de calle.