La Cámara Marítima y Portuaria de Chile, valorólos avances que presenta para la actividad portuaria la Ley Corta Portuaria, aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados. Reconoció que ella también implica 'riesgos que pueden afectar a la economía y a la convivencia nacional'. 'Apreciamos la entrega por parte del Gobierno de la compensación a los trabajadores, porque cierra un conflicto que causó gran daño al país y a su comercio exterior, pero 'preocupa que algunas modificaciones que introduce el proyecto se aparten de las normas laborales que rigen en el resto de la economía, afecten negativamente la productividad y sean de dudosa constitucionalidad'.

Es el séptimo eje de la Agenda de Energía que lanzó el gobierno y apunta a establecer un ordenamiento territorial que permita una planificación energética. En este objetivo una de las principales medidas será licitar un estudio que incluye un mapeo y un análisis global de las cuencas del país con potencial desarrollo hidroeléctrico, basado en criterios técnicos, hidrológicos, geopolíticos, ambientales, económicos y socioculturales.

Bernardo Larraín Matte,

María Isabel Gonzalez, Gerente

Un total de 2.800 reclamos recibió el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) durante el primer semestre de 2014, un 4% más que el mismo periodo del año pasado, siendo la constructora Santa Beatriz la que lidera los reclamos con el 16% del total.

Por ello, el Sernac inició una mediación colectiva con la empresa que deberá enviar a más tarde este martes una propuesta de solución. En segundo lugar se encontró la constructora Aconcagua (10,7%) y en tercer puesto Maestra Libertad con un 4%.

El director nacional (PT), Ernesto Muñoz, comentó a El Mercurio que actualmente están realizando un trabajo de análisis de contratos con las empresas Maestra Libertad, Galilea y Aconcagua, encontrando clausulas abusivas en los documentos.

El Sernac indicó que si no se reciben propuestas de soluciones, tomará las acciones legalespara proteger a los consumidores.

Asimismo, el Sernac señaló que los incumplimientos de las condiciones contratadas y retrasos en las entregas de las viviendas representan el 40% de las quejas que recibió el organismo esta primera parte del año. Otro 32,5% está ligado a dificultades para ejercer garantías por problemas de calidad y 7,8% es por mala calidad de servicio.