CAJ se hará cargo de 'muerte presunta' de pescadores
Fue el pasado domingo, en el Cuerpo de Reportajes de Diario El Sur, donde una vez más un grupo de mujeres de Talcahuano, quienes perdieron a sus esposos en alta mar mientras desarrollaban tareas de pesca artesanal, pusieron en la palestra un problema que arrastran hace años y que a nivel país afecta a más personas por distintas circunstancias.
Es que junto con el dolor propio de estas situaciones, lo que aqueja a estas esforzadas mujeres es que al no existir una documentación oficial de fallecimiento de sus esposos, se ven muchas veces sin opción de acceso a beneficios sociales o herencias, cuestión donde las autoridades competentes están poniendo acento.
El seremi de Justicia de la Región del Bío Bío, Jorge Cáceres, anunció que la cartera prestará apoyo y asesoría a estas familias, quienes durante los últimos días constituyeron legalmente la Agrupación de Viudas y Familiares de Pescadores Artesanales Desparecidos en la Mar, la cual se rige por la ley 19.418.
De acuerdo a la ley 20.577, que modifica los plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte, en el caso de 'naves y aeronaves', el trámite para acreditar la muerte del ser querido puede comenzar a tres meses de ocurrida la desaparición. De no existir pruebas de acreditación, que en el caso de los pescadores podría ser el permiso de zarpe por parte de la Armada, se puede proceder a un sumario basado en relato de testigos para ser presentado ante un tribunal.
El seremi de Justicia anunció en este sentido que 'nuestros abogados de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) se harán cargo de los casos de estas 50 mujeres de la organización de Talcahuano', agregando que la citada ley tiene cabida en un montón de episodios similares, donde antiguamente se debía esperar 5 años para comenzar a acreditar la muerte presunta de una persona.
Los familiares de las víctimas del Cessna-172, desaparecido en octubre del año pasado una vez que la nave despegó desde la Isla Mocha con dirección a Tirúa, dijeron estar en la misma situación.
A diferencia de las familias de los pescadores artesanales, los cercanos de las 5 víctimas de la Isla Mocha (Mario Hahn, Jorge Luengo Espinoza, Jorge Luengo Suazo, padre del segundo, Leslie Roa y Erick Arriagada), están siendo asesorados por abogados particulares, pero siguiendo el mismo conducto regular que da la ley y que están ocupando las demás familias ya consignadas. Cecilia Espinoza, madre de Jorge Luengo Espinoza y esposa de Jorge Luengo Suazo, dijo que 'un grupo de amigos abogados de mi esposo se ofrecieron de forma voluntaria a ayudarnos en el trámite. Si bien hay un problema económico, lo peor es no tenerlos a ellos dos'.
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