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Diputados de Relaciones Exteriores apoyan decisión frente a La Haya

por r.F.M.

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Anunciada la noche del lunes en un mensaje nacional de Michelle Bachelet, el gobierno decidió, a través de excepciones preliminares, objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya respecto a la demanda presentada en abril de 2013 por Bolivia, país que busca una salida con soberanía al mar a través de territorio chileno.

Sobre la decisión, los diputados locales pertenecientes a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Cristián Campos (PPD) y Jorge Sabag (DC), manifestaron su total apoyo a la decisión de la Presidenta. Es más, Campos aseguró que ayer en el Congreso, la decisión fue transversalmente aplaudida por todos los sectores.

Se trata también, agregó el PPD, de una apuesta político-estratégica, que irá aparejada de una fuerte campaña comunicacional nacional e internacional, que buscará indicar todos los argumentos de por qué, tal como expresó él, 'no hay nada pendiente con Bolivia'.

Objetar la competencia de La Haya fue una sugerencia entregada por la comisión, considerando que el camino adoptado por Bolivia, desde la visión de los parlamentarios, carece de todo sustento en este plano. De hecho, sostuvo Campos, recordando que Chile ha cumplido todos los compromisos en materia de tratados territoriales, 'nos gustan los tratados internacionales, los intercambios económicos, pero no que nos obliguen a buscar necesariamente una salida al mar para Bolivia y con soberanía. Hemos cumplido todos los acuerdos y se puede resolver no necesariamente por esta vía'.

Por este motivo es que se apoya plenamente la decisión.

El diputado Jorge Sabag planteó que la misma es valorada 'en todas sus dimensiones' y que 'son decisiones de Estado, a cargo de la Presidenta y, como lo habíamos explicitado con anterioridad, coincidimos y compartimos plenamente.

Al igual como lo manifestó Campos, también indicó que 'ha sido una decisión de Estado, oportuna, acertada, que cuenta con todo nuestro apoyo y, sabemos además, con un respaldo transversal'. Junto a ello sostuvo que 'si bien los antecedentes que se manejan son confidenciales, confiamos plenamente en las decisiones de la Presidenta y el canciller'.

Como explicaron los parlamentarios -así también Michelle Bachelet en cadena nacional-, estas excepciones deben presentarse antes del 15 de julio, momento en que el proceso se detiene, para abrir otro que podría durar un año o un año y medio, con instancias orales y escritas.

Campos sostuvo que luego de presentar la impugnación, el tribunal internacional puede acogerla o decidir analizar los temas de fondo y continuar con el proceso.

En cualquier caso, hay plena confianza. 'Chile ha respetado todos los acuerdos y que si en un minuto hay que recurrir a argumentos de fondo, se hará', indicó el legislador porteño.

La iniciativa tomada

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Mil cuarenta pesos es el costo actual del peaje ubicado en la comuna de Ránquil. La plaza de cobros se instaló allí a principios del año pasado, cuando se retiró el que funcionaba en Chaimávida. Su costo, en ese entonces, era de 400 pesos.

Esto, porque así estaba estipulado en el contrato con la concesionaria que administra la Ruta del Itata.

Esta alza preocupó a la diputada Loreto Carvajal (PPD), quien en su calidad de integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara Baja agendó una reunión con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para el próximo 21 de julio. Allí le pedirá más información respecto al anuncio de la Presidenta Bachelet hace unos días, de revisar el sistema de concesiones.

'Creemos que si se establece una mesa de trabajo y existe la voluntad de todas las partes, podemos llegar a algún tipo de solución que beneficie a los usuarios que diariamente están obligados a utilizar esta autopista', comentó Carvajal.

La legisladora ya se había reunido con el alcalde de Ránquil, Carlos Garrido, el seremi de Transportes, César Arriagada, y dirigentes vecinales para tratar esta alza.

'Esta situación es muy preocupante si se toma en cuenta que hay aviso de nuevas alzas cada seis meses, lo que es más problemático aún si se toma en cuenta que se trata de una de las pocas comunas cuyos vecinos deben ejercer el pago por ingresar y salir a la ruta. Lo anterior causa la justa indignación de la gente que no ha descartado movilizarse para reclamar por lo que considera un cobro abusivo', explicó Carvajal.

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