Un correcto análisis del proyecto de reforma tributaria exige diferenciar dos cuestiones. Una es la idea de aumentar la cantidad de dinero que los privados transferimos a la burocracia estatal. Otra es la arquitectura impositiva, es decir, los incentivos y desincentivos que la estructura tributaria dirige al sector privado. Usted puede concordar en alzar la carga tributaria, pero de eso no se sigue necesariamente que apoye la eliminación del diseño (el FUT) que surgió en 1984 y que responde a una filosofía nítida, compuesta de ciertos elementos esenciales.
El primero consiste en asignar altos costos tributarios al empresario que retira utilidades de su empresa para llevarlas a su bolsillo, lo que se logra fijando tasas gravosas a los tramos máximos del impuesto personal (35% y 40%), mucho mayores que la tasa que pagó su empresa por la ganancia que generó (20%). El incentivo es evidente: el emprendedor retirará para gastos de vida y consumo sólo el mínimo que requiera. El saldo lo mantendrá en la empresa.
El segundo radica en que el saldo no retirado lo usará en potenciar su emprendimiento o en financiar nuevos proyectos, adquiriendo equipos y pagando mejores remuneraciones para competir más eficazmente en el mercado. Obviamente, el empresario preferirá esto en vez de ahorrar, porque los negocios generan tasas de retornos superiores a los intereses que pagan los bancos. Residualmente, el dinero que no pueda destinar a financiar negocios, lo ahorrará, y, de este modo, a través de las instituciones bancarias, ayudara a financiar los proyectos de otros.
El tercero consiste en comprender que una empresa es más sana y estable si se financia con capital y no con deuda bancaria. El cuarto elemento es que de este modo se ayuda notoriamente a la pyme, porque éstas, al revés de las grandes y enormes carecen de acceso fluido y barato al crédito bancario y así la empresa pequeña puede transitar a mediana, de tal, a grande, y de ésta a conglomerado. No es sano que las empresas pequeñas se mantengan en ese tamaño, ni que las medianas subsistan en tal condición, ni que las grandes sean siempre las mismas. Al contrario, es forzoso facilitar la competitividad, en particular en un país que, por otros defectos de políticas públicas, ha llegado a estar gravemente concentrado.
Mediante estos elementos, el diseño tributario incentiva una sociedad emprendedora, que genera más y mejores remuneraciones para su capital humano. Los profesionales de la vida real, como los abogados de empresas, bien sabemos que estos incentivos -salvo lo que se apuntará sobre evasión que no es de la entidad en que se la hace aparecer- funcionan cotidiana y sustantivamente para los fines que están diseñados.
¿Qué lógica puede tener encarecer y complicar el financiamiento del emprendimiento, estimular el retiro de utilidades y -salvo que usted sea accionista de un banco- promover la descapitalización de las empresas y su financiamiento con deuda bancaria? El proyecto de reforma tributaria, en rigor, es un ataque al éxito social, al emprendimiento, y, además, a la sociedad libre. Se comprende que ello sea pretendido por un gobierno intelectualmente secuestrado por lo que Andrés Velasco llamó 'izquierda trasnochada', que no es, claro está, toda la izquierda.
Si hay que elevar los tributos porque la 'Nueva Mayoría' obtuvo un triunfo electoral legítimo, pues que se eleve el impuesto que pagan las empresas de 20 a 28%, y, a la par, que se suban los tramos máximos del impuesto personal -de todos, incluidas las autoridades, funcionarios, empleados y profesionales de grandes ingresos- a 40% y 45%. Conforme a los datos del informe de la Dirección de Presupuestos al Congreso, estos aumentos, en régimen, importarían el 1,24% del PIB, en tanto que la eliminación del FUT significaría sólo el 0,9% de igual base. En síntesis, que pague más el que más tiene, pero que siga siendo muy caro retirar dinero desde la empresa. Lo clave no es oponernos a que paguemos más, sino mantener la arquitectura virtuosa que nos ha convertido en un país con tantos más recursos para las clases populares y medias, a las que, en decenas de miles, vemos hoy en Brasil, lo que difícilmente se habría logrado en el Chile anterior al FUT. Y, de paso, que se sinceren todas las autoridades públicas y funcionarios, empleados y profesionales que obtienen rentas brutas superiores a $5.060.000 y a $6.320.000 mensuales: ¿están en realidad dispuestos a pagar más para contribuir al Estado sin que disminuya el emprendimiento?
