Resultan, al menos, alarmantes las cifras de contaminación atmosférica que presentan algunas comunas de nuestro país.

Coyhaique, por ejemplo, ha pasado dos meses con altos índices de contaminación por PM 2,5, totalizando 57 episodios críticos durante 2014, que la posicionan cómo la más contaminada del país.

En nuestra región, Chillán, Chillán Viejo y Los Ángeles, comunas recientemente declaradas como zonas saturadas han registrado 21 y 15 episodios críticos respectivamente. Preocupante, pero más inquietante debería ser la próxima declaración como zona saturada de diez de las doce comunas que componen el Gran Concepción, el paulatino avanzar de las autoridades y la poca preocupación ciudadana frente al tema.

Según datos otorgados por la autoridad ambiental, el principal modo de calefacción utilizado por los hogares del sur de Chile son las estufas a leña, también consideradas como el principal causante de los altos índices de PM 2,5. Y si a ese dato le sumamos que el 90 por ciento de la leña disponible en nuestra región es de mala calidad y que por tanto no debiera ser utilizada como modo de calefacción, el tema se debería transformar en una prioridad para la comunidad.

Según lo comentado por el seremi de Medio Ambiente de la Región del Bío Bío, a una radio local, si se restringiera el uso de estufas a leña se podría disminuir cerca de un 70 por ciento la contaminación ambiental y por consiguiente mejoraría en ese mismo porcentaje la calidad de vida de los habitantes de las comunas afectadas, habría menos enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores, además de poder disfrutar de los espacios libres, sin restricciones.

Las autoridades han tomado excelentes medidas al respecto que buscan elevar los estándares ambientales como decretar alertas sanitarias entre las regiones de El Maule y Aysén, lo que implica la paralización de fuentes fijas como la leña, además de la declaración temprana de zonas saturadas, la aplicación de planes de descontaminación que entre otras medidas que incluye el recambio de estufas; sin embargo siguen siendo insuficientes frente al nebuloso escenario.

La poca conciencia ciudadana de esta situación sólo está afectando el desarrollo económico y social de nuestra región.

La comunidad debe hacerse parte de las medidas, conocer e informarse sobre la eficiencia del combustible elegido para calefaccionar su hogar que no sólo puede perjudicar el medio ambiente, sino también deteriorar el aire dentro de su casa, la llamada contaminación intradomiciliaria, la que también provoca y acentúa la frecuencia de enfermedades respiratorias.

Si observamos con detención los pocos meses de Gobierno y el actuar de sus personeros, se evidencia una fuerte estrategia publicitaria que por desgracia no se condice con lo que realmente está ocurriendo.

Por una parte, en el discurso del 21 de mayo se quiso dar muestras de frugalidad y austeridad, suspendiéndose el almuerzo y la gala respectiva a raíz de los incendios en Valparaíso. Es un gesto que sin duda se valora, pero que por desgracia no ha sido el sello del Gobierno. Al mismo tiempo que se anunciaba con bombos y platillos dicha medida, inexplicablemente salió a la luz pública el aumento injustificado en sueldos de asesores que desempeñaban casi las mismas labores en el Gobierno anterior. Y el broche de oro, tal como Dilma Rousseff o Cristina Fernández, Michelle Bachelet deja nuestro país con su comitiva haciendo caso omiso de sus problemas: el sur de Chile afectado por temporales e inundaciones y compatriotas en Valparaíso que siguen esperando una solución digna. Y a todo lo anterior se suma que en Chile persisten los campamentos y, tal como trascendió hace un par de días, todavía hay chilenos que mueren de frío y aún existen barrios que sangran por una delincuencia aplastante, que estamos lejos de derrotar.

Y por otra, y pese a la aparente apertura de los ministros respecto de sus reformas, lo cierto es que el diálogo es más aparente que real. Los ministros Eyzaguirre y Arenas han clamado a los cuatro vientos su disposición para 'conversar con todos'. Pero en honor a la verdad, ambas carteras quedaron al debe: mientras la propia Democracia Cristiana tuvo que salir a reivindicar públicamente su legítimo derecho a disentir en algunas materias para la Reforma Educacional, la tozudez del Ministro Arenas con los efectos adversos que puede traer la Reforma Tributaria ha sido decepcionante (y después del vergonzoso video que se hizo circular defendiendo la reforma con recursos públicos todavía hay quienes se preguntan ¿por qué hay tanto chileno que desconfía de la política y de aumentar los impuestos?).

Bajo la excusa de que Michelle Bachelet y su estilo y programa ya triunfó el 2013 se han justificado decisiones y prioridades erradas, la limitación a los debates en el Parlamento ('¿para qué tanta vuelta, si los votos están?') y, en general, se ha acallado cualquier oposición a la premisa de que 'Chile cambió' y que ese cambio sin duda alguna es interpretado por el Gobierno y sus ministros… ¿y el resto de los chilenos? '¡pero si ya opinaron!', nos dicen.

Desde luego que el triunfo electoral conlleva determinadas prerrogativas. Por de pronto, la victoria les permite ser Gobierno y aspirar a cumplir su programa. Pero pretender que no haya oposición o matices a éstas reformas desde dentro y fuera de la Nueva Mayoría respaldándose solamente en una votación pasada es derechamente coquetear con el populismo que tanto daño le ha traído a Latinoamérica y al mundo y olvidar las nociones básicas del Gobierno Democrático.

Fiel a su palabra y en el contexto de los '56 compromisos para mejorar la calidad de vida en el Chile de todos' en los primeros 100 días de gobierno, la Presidenta Bachelet firmó el lunes 16 de junio el proyecto de ley que creará la AFP estatal.

Recordemos que en su primer gobierno, la posibilidad de crear una AFP estatal fue abiertamente obstruida por el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco. El objetivo de esta entidad es crear mayor competencia en el mercado de las AFP y ampliar la cobertura a sectores vulnerables de la sociedad chilena.

Según el subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, existen más de 4 de millones de chilenos que no participan en el sistema previsional actual: éstos serían los sectores objetos de interés de la nueva AFP estatal.

Tal como lo han señalado autoridades de gobierno como la propia Presidenta y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, la AFP estatal no es una solución al problema de fondo en materia previsional, no obstante representa 'un avance relevante' en tanto permitiría acceder a un sistema de pensiones más cercano a las necesidades de millones de chilenos, cuestión que el actual sistema de AFP de capitalización individual no ha podido resolver en sus 33 años de funcionamiento.

Por el contrario, el modelo vigente de AFP, publicitado y exportado como producto exitoso, ha lucrado desde sus inicios a costa de la pobreza en la vejez de gran parte de nuestra gente.

Más aún, la promesa de entregar pensiones que rondarían entre un 70% y 80% del último sueldo parece una burla frente a la realidad de pensiones que apenas llegan a un tercio de ese monto.

Lo contundente del fracaso del sistema de AFP explica también el amplio consenso político y social en cuanto a la necesidad ya no de revisarlo, sino de sustituirlo por un nuevo sistema, sea de reparto o mixto, ciertamente siguiendo las nuevas exigencias y desafíos de la sociedad chilena. Sin ir más lejos, la CUT, la Anef, partidos políticos y parlamentarios de la centroizquierda están decididamente por una transformación sustantiva del sistema. Sólo una sospechosa miopía explicaría que algunos vean en este proceso una vuelta a un pasado sin cabida en el Chile de hoy.

Se trata, claramente, de ponerse al día en una materia elemental. En el particular caso del sistema de pensiones y bajo los estándares de la OIT, el país está muy lejos de calificar.

Menuda tarea se le impone a la Comisión Bravo, como se ha dado en llamar a la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, en cuanto a ver más allá de esta AFP estatal y enfrentar los poderosos intereses económicos y políticos que apuestan por no innovar en este campo preservando el statu quo.