El Caso Alto Río podría tener un nuevo episodio, el que involucraría a dos de los tres ejecutivos de la empresa Socovil, propietaria y encargada de la construcción del siniestrado inmueble, el que se desplomó durante el terremoto del 27/F, terminando con la vida de ocho personas que en ese momento se encontraban al interior del inmueble.

Esto, se traduce en un eventual nuevo juicio en contra de Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza, quienes podrían ser llevados nuevamente ante un tribunal de justicia si es que el Ministerio Público en Chillán procede a la formalización de éstos por el delito de contrato simulado.

Lo anterior responde a que pocos días después de ocurrido el movimiento sísmico y la caída del edificio, Ortigosa y Baeza llegaron hasta la notaría Bravo de Chillán, donde realizaron tres escrituras públicas con el fin de traspasar los bienes de Socovil a otra marca privada.

TESTIGO Y ENTREVISTA

De acuerdo a fuentes del caso, la gestión efectuada por los dos ejecutivos respondió a que en ese momento veían venir el pago de indemnización a terceros, producto del desplome de Alto Río. Fue por ello que contactaron al empresario Rodrigo Valenzuela para adquirir su constructora y reemplazarla por Socovil. Con ello el patrimonio de la compañía quedaría en posición de esta nueva marca.

Habría sido la declaración del propio Valenzuela ante la Fiscalía, en calidad de testigo, lo que marcó un quiebre dentro de las diligencias, dejando al ente persecutor en un escenario de decisión sobre si formalizar o no a Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza para dar paso a un nuevo proceso judicial alrededor de la caída de Alto Río, esta vez por el delito de contrato simulado, como ya fue consignado.

Fuentes ligadas al caso explicaron que durante esta semana parte de los abogados querellantes (del estudio jurídico de Fernando Saenger) estarían viajando a Chillán para entrevistarse con el fiscal adjunto Mauricio Mieres, quien ha llevado adelante el estudio del caso durante los últimos cuatro años. El motivo de la reunión sería para informarse sobre la posición del persecutor, en el sentido si optará o no por la formalización de los involucrados, entre otros detalles ligados al estado de diligencias.

Fuentes de este medio aseguraron que en un momento Mieres optó por no perseverar en el caso, siendo la Fiscalía Regional la que determinó la continuación de diligencias que fuesen necesarias, de las cuales aún faltarían algunas por ejecutar.

NO HAN PAGADO

Vale recordar que tanto Ortigosa como Baeza ya fueron condenados por 8 cuasidelitos de homicidio y otros 7 cuasidelitos de lesiones, junto al otro alto ejecutivo de Socovil: Felipe Parra. Esto, en un primer proceso judicial el que incluyó dos juicios penales y la ratificación del fallo del tribunal de Concepción por parte de la Corte Suprema, donde se dictó tres años de presidio remitido para los nombrados y 800 días de la misma pena para el ingeniero calculista René Pettinelli.

Junto con ello, los sentenciados deben pagar cerca de $2 mil millones a las víctimas y sus familiares en forma de indemnización, junto al pago de costas, por más de $346 millones que deben ser cancelados al Ministerio Público y a los querellantes.

Es así como los condenados optaron por la apelación del pago de las costas ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la que la semana pasada rechazó el recurso catalogándolo como improcedente y dejando a firme la decisión del Juzgado Oral en lo Penal penquista que fijó el monto de costas.

Los empresarios ya fueron condenados por 8

Con el apoyo de las Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción realizó la detención de un menor de edad de 17 años, quien es sindicado como el supuesto autor del asesinato de José Adrián Muñoz (47), hecho registrado durante la madrugada de ayer.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, víctima y presunto victimario se encontraban participando de una fiesta en una casa de la Villa Padre Hurtado de San Pedro de la Paz. En esta línea es que en un momento ambos sujetos sostuvieron una discusión, la que incluyó golpes, procediendo a seguir con el altercado en la vía pública.

Fue en ese lugar en que el detenido, J.C.M.B., habría sacado un cuchillo entre sus ropas, atacando a Muñoz. El subcomisario de la BH, Juan Fonseca, explicó que una vez constituida la PDI en el lugar de los hechos, por orden del Ministerio Público, se realizó un primer examen al cuerpo de la víctima fatal donde se constató que éste presentaba una herida corto punzante en el cuello. Además, el detective contó que la solicitud de cooperación a las FF.EE. se debió a que parte de los vecinos, familiares y conocidos de las partes comenzaron a hacer difícil la labor pericial mediante desórdenes en la calle. 'Fue dificultoso el trabajo pero con los peritos se realizaron los trabajos correspondientes, se levantó evidencia y se logró ubicar al autor del hecho quien habría sido un menor de edad del mismo sector'.

Sobre la procedencia del arma en cuestión, el oficial dijo que en primera instancia se barajó la hipótesis de que el cuchillo pudo haber sido extraído desde el mismo inmueble donde se originó la pelea, 'conforme al trabajo de investigación en el sitio del suceso se determinó que el arma la tendría el menor. Éste habría arrojado el arma en algún punto del sector, donde todavía no ha sido encontrada'.

Muñoz presentaba antecedentes por lesiones. J.C.M.B. fue puesto a disposición de la justicia.