Un llamado al subsecretario de Pesca a no dejarse presionar por un sector minoritario de pescadores artesanales, hizo ayer la presidenta de la Federación de Sindicatos de la Industria Pesquera, Fesip, Juana Silva. Esto, luego de informarse que la autoridad repondrá el fraccionamiento de la jibia, revertido en enero pasado por la Contraloría.

Este fraccionamiento, definido por el gobierno anterior, estableció que el 80% de la cuota -que este año asciende a 200 mil toneladas- sería para el sector artesanal y el 20 restante para la industria, cuando se sabe que es posible que los dos sectores operen sobre este recurso sin problemas, sin necesidad de establecer porcentajes de captura.

'Hoy un gran número de trabajadores de planta que yo represento están, gracias a la jibia con empleo. La baja en la cuota de la merluza establecida en diciembre pasado y que se redujo a la mitad ha sido reemplazada por la jibia, que ha mantenido los empleos en las plantas de proceso. Venir a decir ahora que este gobierno cometerá el mismo error que el gobierno anterior nos afecta gravemente', dijo Silva.

Lo que le solicitamos a la autoridad, continuó, es que nos permita seguir trabajando y no les dé un portazo en la cara a nuestras demandas. La jibia es una plaga y como tal hoy no pueden establecerse fraccionamientos en desmedro de un sector.

'Nos preocupa que se decida quitarnos la jibia, recurso que ha permitido mantener activas a las plantas que solo en la Región del Bío Bío suman 6, otorgando empleo a más 600 personas, entre ellas un porcentaje mayor de jefas de hogar que son de real importancia para llevar el ingreso a sus familias', sostuvo la dirigenta.

'La jibia para nosotros es fundamental para mantener operativas las plantas, ya que entre los meses de junio a octubre no operan los artesanales, pero sí lo hacen los pescadores industriales y nos da continuidad laboral después de terminar el proceso del jurel'.

En los próximos días la Fesip se reunirá con el ministro de Economía para plantearle estas demandas.

Que las personas tengan una vivienda propia ha sido por años un objetivo socialmente deseado. De ahí que para promover su adquisición el Estado haya desarrollado diversos instrumentos, como la Política Habitacional y un IVA diferenciado, este último mecanismo también se ha utilizado para facilitar el acceso a la educación y salud, ya que constituyen bienes de primer orden.

Por lo mismo observamos con preocupación que el nuevo esquema impositivo considere a la vivienda como un bien de consumo, lo que contradice nuestra historia, pues siempre ha sido valorada como una inversión, y en la mayoría de los casos, es la mayor inversión que realiza una familia a lo largo de su vida. La vivienda es también una forma de ahorro y un medio para dejar atrás las huellas de la desigualdad, pues mejora la calidad de vida y es la base de la movilidad social.

La reforma tributaria termina con esta política pública, dado que elimina el IVA diferenciado y, en su reemplazo, establece que el comprador pague la totalidad del IVA cuando adquiera un bien inmueble nuevo o usado y el vendedor sea 'habitual', condición propia de las constructoras e inmobiliarias, pero que se aplicaría además a los Serviu, Entidades Patrocinantes (Egis) y Comités de Viviendas, lo que presume que la venta de viviendas sociales que realicen estos organismos también queden gravadas con IVA.

De esta forma, si una persona compra una casa o departamento nuevo, deberá pagar adicionalmente el 19% del precio de venta de la vivienda, descontado el valor del terreno. Esta situación constituye una medida regresiva, ya que el mayor aumento porcentual del precio final se producirá en el segmento de las viviendas de menor valor y hará más difícil que las familias de rentas medias y bajas accedan a un crédito hipotecario.

Así, cerca de 1.800.000 familias, que tienen un ingreso familiar promedio mensual entre $560.000 y $1.850.000, tendrán menos posibilidades de tener una vivienda propia y deberán seguir esperando, comprar una casa más barata o usada, o continuar arrendando.

Nuestra convicción es que, en un espíritu de diálogo, podrían encontrarse fórmulas que mitiguen los impactos negativos de esta reforma. Por ejemplo, se podría estudiar que se restituya al comprador el impuesto pagado o que el pago del tributo se haga en el plazo de depreciación del bien.

Como gremio haremos ver nuestras opiniones y propuestas al Senado y tenemos la absoluta certeza que seremos escuchados y que actuaremos guiados por el afán de que se encuentren soluciones que sean buenas para el país en su conjunto.

Miguel Ángel