Los poderosos de siempre se oponen a la Reforma Tributaria -parece que hay muchos más de los que se suponía-. Para que no fueran un grupo tan indefinido, se los redujo a unas 4.500 familias (podría publicarse una lista para conocerlas por nombre). Algunas de estas familias podrían tener decenas de miembros, por lo que el grupo sigue siendo difuso. Además, quienes nos informan sobre esto dicen que no hay que creer todo lo que se dice, por lo que al final todo sigue envuelto la neblina de la vaguedad.

En todo caso, los poderosos de siempre se han asustado un poco (ya era hora) y al verse acusados por videos emanados de los sótanos de La Moneda, probablemente se sientan como Sócrates ante el tribunal ateniense (supongo que el equivalente actual a una comedia de Aristófanes es un video en Youtube). Les habría hecho bien leer la 'Apología', habrían estado mejor preparados (ya decía Leo Strauss que Platón era un autor peligroso), pero supongo que no tenían tiempo para esas filosofías.

Si los poderosos de siempre fuesen tan poderosos, un video como el que los acusa no habría llegado a ver la luz. Es de suponer que se les oponen otros bastante poderosos también, aunque sólo lo hayan sido desde 1990. Si sale la Reforma Tributaria quedará claro quién es el más poderoso.

Por otra parte, habría que ver si es verdad que estos poderosos lo han sido siempre. Quizás entre ellos se encuentren los descendientes directos de aquellos españoles esforzados que llegaron a estos fértiles valles con Pedro de Valdivia hace casi quinientos años -eso es como desde siempre- y se repartieron las tierras (sus nombres están inscritos en un monumento en el Cerro Santa Lucía). Habría que ver, también, si este selecto grupo excluye a quienes no son miembros de las familias fundadoras de Chile (tomos I, II y III).

Pero una mirada a la historia reciente muestra, en cambio, que entre los poderosos que denuncia el gobierno hay bastantes recién llegados.

Los grupos de inmigrantes se han integrado bastante bien en Chile. Es cosa de ver a los croatas (Luksic), a los ingleses (Edwards), italianos (Angelini), alemanes (Paulmann), suizos (Frei), españoles llegados después de la independencia (Menéndez), palestinos (Saieh) y otros. Ninguno de ellos fue bien visto en su época, los de siempre les tenían sobrenombres y los miraban en menos, pero ellos se ganaron su lugar. No fue hace mucho, menos desde siempre.

Esta imagen que ha creado el gobierno es una forma de manejar a los que no son poderosos, manipulando el lenguaje, la imaginación y otras formas de acceder a la realidad. Esa forma de concebir y ejercer el poder sugiere que los que ahora ocupan el gobierno aspiran a controlar vastas áreas de la vida nacional, y por mucho tiempo.

A ver si alguien se anima a hacerles un video.

El 11 de agosto de 2008, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009, llegando a ser conocida como la Ley de Transparencia.

Como un eje en el proceso de modernización del Estado, la norma establece como principal objetivo abrir a la ciudadanía la información de los organismos públicos, 'promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública', según da cuenta el mismo sitio en internet de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.

En los últimos años, a partir de la promulgación de esta ley, la transparencia en Chile no sólo ha aumentado sino que también se ha ido convirtiendo en un valor que la comunidad espera de las instituciones, que exige cuando no lo percibe y que reclama cuando se le niega.

El Consejo para la Transparencia, organismo creado al alero de la citada ley y cuya labor es velar por el buen cumplimiento de esta norma, se ha encargado de fiscalizar su funcionamiento efectivo, ante la obligación de los organismos públicos de dar a conocer toda la gestión reconocida como 'información pública', especialmente la relacionada con los actos y resoluciones de los órganos estatales, como también aquella información elaborada con presupuesto público y toda otra información que posean los mismos y que no esté sujeta a excepciones.

En el marco de sus responsabilidades y atribuciones, el Consejo para la Transparencia dio cuenta que desde su creación -junto con la vigencia de ley respectiva- ha cursado infracciones a unos 85 funcionarios públicos, quienes han tenido de cancelar al Estado más de $20 millones, simplemente por negar información de carácter público.

Las sanciones recayeron principalmente en funcionarios de municipios, lo que nuevamente establece la necesidad de que los gobiernos comunales, por su cercanía por la comunidad y atendiendo a que los alcaldes son elegidos popularmente, estén en condiciones de mostrar claramente su gestión a una ciudadanía que espera actuaciones limpias y probas. Es un indicador sobre el que deben trabajar sus autoridades.

La limpieza y probidad de las actuaciones de los organismos