Para las 13 horas de ayer estaba programada la audiencia para la fijación de costas que deben cancelar los condenados del caso del edificio Alto Río, que se desplomó tras el terremoto de 2010.

Fue en el transcurso de la mañana cuando los representantes de las víctimas fueron notificados del aplazamiento de la audiencia, a propósito de que el abogado defensor, Alejandro Espinoza se encuentra fuera del país.

Lo anterior causó molestia entre los abogados querellantes, tildando a lo ocurrido como una situación insólita.

De acuerdo a lo comentado por los querellantes, las costas a cancelar podrían llegar a los $300 millones, considerando el alto gasto producto de labores administrativas en torno al juicio, y de carácter pericial, donde destaca el estudio del Idiem, que tuvo un costo de más de $200 millones para el Ministerio Público.

El 28 de mayo se reanudará la citada audiencia en el juzgado penquista.

El Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación en el marco del Caso Tsunami, luego que durante la jornada de ayer la fiscal regional metropolitana occidente, Solange Huerta, comunicara el cierre de la investigación para esclarecer la falta de alerta a la población ante el maremoto que afectó a las costas de la zona centro-sur de nuestro país.

Esto implica que el Ministerio Público tendría hasta el 17 de mayo para presentar acusación en contra de las personas actualmente formalizadas.

La medida, adoptada por el equipo encabezado por la nombrada fiscal, junto a los persecutores Luis Tapia, Andrés Castellanos y Natalia Sánchez, se decretó luego de dos años desde que la Fiscalía formalizó de manera judicial la citada investigación en contra de los actuales imputados. Estos son: la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; el ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; el ex jefe de Oceanografía del Shoa, Andrés Enríquez, y los oficiales del Shoa Mario Andina y Mariano Rojas.

Todos ellos fueron acusados por el ente persecutor como autores del delito culposo de homicidio, previsto en el artículo 492 del Código Penal, en muertes registradas en la Isla de Juan Fernández, San Antonio, Cartagena, Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco, como consecuencia de la no transmisión de la alerta de tsunami.

Vale recordar que por lo anterior 156 personas fallecieron y otras 26 desaparecieron tras la errada alarma de advertencia de tsunami.

Consultada por El Sur, la abogada Cinthya Tapia, quien representa a las familias de las víctimas fatales de Dichato, explicó que por el momento no tiene pensado presentar una acusación para llevar adelante un proceso judicial paralelo. "Primero lo debo conversar con las familias de las personas afectadas en Dichato", recalcó.

Sobre su impresión tras el cierre de las indagatorias que buscan establecer responsabilidades y penas en el episodio del tsunami del 27/F, Tapia comentó que "a nuestro juicio quedaron algunas cosas en stand by, como que hubo personas que tuvieron que haber sido formalizadas por Fiscalía y finalmente no se hizo. Ahí me refiero a autoridades de la Región del Bío Bío, lo que incluye al intendente de entonces (Jaime Tohá)".

En cuanto a las penas que busca el Ministerio Público, éstas están en el rango de los 541 días y 3 años de cárcel para la mayoría de los imputados.

La misma Fiscalía Regional Metropolitana Occidente logró que la justicia sentenciara a 541 días de presidio remitido al ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Osvaldo Malfanti Torres. Esto, como autor del cuasidelito de homicidio de 74 víctimas.