El gobierno ha decidido plantear una reforma al sistema electoral para terminar con el mecanismo binominal en la elección de diputados y senadores, y reemplazarlo por un sistema proporcional. La propuesta es que la Cámara de Diputados quede compuesta por 155 representantes y el Senado por 50, con lo que se suman 47 parlamentarios adicionales.

Especialmente compleja es esta reforma, si se considera que serán los propios parlamentarios los que se encargarán de debatir un tema que les involucra en forma directa, a ellos y a sus partidos.

El sistema binominal está vigente desde los años 90 para elegir a los legisladores. Una de sus falencias es que resulta muy difícil que una misma coalición logre elegir a sus candidatos en dos escaños, lo que traslada la competencia al interior de cada pacto. Si bien es cierto que este mecanismo dio gobernabilidad al país tras el período de transición política, con la formación de dos grandes coaliciones, se señala con frecuencia que ha cumplido su ciclo y a la vez ha perdido legitimidad en la opinión pública. Más de dos décadas después, irrumpen nuevas fuerzas políticas, y con una democracia consolidada se puede pensar en un cambio que responda a las exigencias de los electores.

No obstante, sería injusto adjudicar al binominal todos los problemas de la falta de participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Más bien, estas razones hay que buscarlas en el descrédito en el que han caído los propios políticos, preocupados más de la guerrilla verbal de poca monta que de abordar con seriedad los problemas de fondo. Se recordará que hace unos años se planteó como la gran solución el sistema de inscripción automática y voto voluntario, que finalmente acentuó la apatía del electorado.

El proyecto de ley que se empezará a discutir en las próximas semanas enfrentará algunos desafíos. Deberá convencer a una opinión pública que no ve con buenos ojos el aumento del número de parlamentarios y que cree que esto representará un gasto fiscal adicional y sin justificación. También deberá sortear las críticas a su centralismo, ya que cerca del 40% de los nuevos parlamentarios serán elegidos por los votantes de Santiago. Y, finalmente, tendrá que demostrar que no hay un intento por cambiar el binominal a cualquier costo, sino convencer a la ciudadanía que es lo mejor para fortalecer la democracia.

Se ha dicho, y al parecer con razón, que el poder es expansivo, esto es, que tiende a crecer mientras no se tope con otro poder más fuerte que él. De ahí que hablar de una "autolimitación" suya parezca, cuando menos, improbable.

Esto explica que desde hace algunos siglos, se haya luchado vigorosamente por limitar este poder, en particular del emanado del Estado, mediante su regulación por el derecho y su atomización en diferentes órganos de acuerdo a las funciones que deben cumplir, a fin que se vigilen mutuamente para que el poder frene al poder.

De ahí que haya que andarse con mucho cuidado cuando se busca dar más atribuciones al Estado, pues para imponer su voluntad, éste cuenta entre otros mecanismos, con la facultad de dictar leyes (que puede imponer por la fuerza) y de asignar o quitar recursos (también mediante leyes). Así como el poder es expansivo, parece casi imposible que el Estado no ocupe cualquier espacio que se le conceda -y con intenciones definitivas-, a menos que otro poder lo expulse del mismo, si puede, en un futuro incierto.

Todo lo antes dicho debe tenerse muy en cuenta a propósito de la reforma -o incluso revolución- educacional que busca imponer el actual gobierno, que poco a poco va mostrando su amenazante cariz, a pesar de los muchos voladores de luces que intentan ocultarlo. Por eso hay que decirlo claro: si lo que se pretende es que sea el Estado quien financie la educación superior, o que entre otras cosas, pueda nombrar "interventores" para meter mano en aquellos establecimientos que estime no cumplen con estándares mínimos, es evidente que por esa vía buscará controlarlo todo (carreras, programas, profesores, aranceles, sueldos, investigación, extensión…), pues como dice el refrán, "quien pone la plata, pone la música".

Dicho desde otro ángulo, muchos parecen creer que el Estado es una especie de paladín que protege a los débiles del abuso de los fuertes, sin considerar que por querer liberarse de estos (supuestos) aprovechadores, se está creando un verdadero monstruo, que usando todo el aparataje estatal, eventual y generalmente abusará como nadie, sin que exista un "súper-estado" al que acudir (lo cual no haría sino empeorar las cosas, al surgir un poder aún más incontrolable).

Es por eso que estamos en un momento crucial para la historia de Chile, que sin duda alguna tendrá enormes consecuencias para el futuro. Tanto es así, que el acalorado debate que existió hace algunos años en España a propósito de la asignatura "Educación para la ciudadanía" -verdadero adoctrinamiento político disfrazado de educación- parece casi un juego de niños comparado con nuestra actual situación.