Autoridad contó que se implementará un nuevo plan de fiscalización. También llamó a los usuarios a ejercer sus derechos.
Fueron 39 comunas de la Región en donde la Superintendencia de Salud realizó el año pasado 220 procesos fiscalizatorios para detectar irregularidades que afectaran los derechos de las personas. Entre estas materias están las notificaciones de si un usuario tiene una enfermedad GES (Garantía Explícitas de Salud), la entrega de medicamentos, la cobertura catastrófica e, incluso, los cumplimientos de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
En la visita que realizó hace unos días a la zona el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, se refirió a la nueva estrategia que implementará el organismo supervisor y que tendría que ver con fortalecer las facultades de fiscalización que hay.
"Le hemos dado este mensaje a los agentes regionales para que ocupen sus facultades y protejan a las personas, ya que es eso lo que ellos están esperando que nosotros realicemos", contó.
En este sentido, Ernesto San Martín, representante regional de la Superintendencia, declaró que durante este año ya se han realizado 27 inspecciones y esperan aumentar la cantidad en relación a lo que se realizó el 2013.
En materia de reclamos realizados, durante el 2013 y lo que se lleva de 2014, la Superintendencia de Salud ha ingresado más de 230 denuncias de usuarios del Bío Bío. Entre las materias que más se repiten durante este periodo están: cobertura y bonificación, licencia médica-subsidio por incapacidad laboral (relativas a incumplimientos de los dictámenes de pago realizados por la Compin y/o Suceso) y adecuación de precios base.
Asimismo, el superintendente comentó que otra situación que se repite es la falta de información que entregan los prestadores de salud.
"Uno de los principales reclamos que han realizado las personas en la Región es la falta de información, tanto de acceso a la ficha clínica, como de información administrativa. Esto es consistente con los datos que se dieron a conocer a nivel nacional en una encuesta (Opinión y Satisfacción Usuaria). Esta situación está reconocida como una de las grandes falencias y demandas que tiene la población", dijo.
El superintendente precisó que es importante que las personas conozcan sus derechos, para que así puedan ejercerlos. San Martín agregó que a través de los reclamos que se realicen ellos pueden cumplir una labor mucho más exitosa.
"Una persona que sabe dónde, cuándo y cómo reclamar nos ayuda en nuestra función fiscalizadora, en cuanto nos da una perspectiva que, sumada a los análisis y estudios de riesgo de incumplimiento de nuestros fiscalizados, nos permite ser asertivos en la detección y sanción de infracciones a la normativa", afirmó.
En este sentido, el 2013 se formularon seis cargos en contra de entidades de salud regional donde se acreditó la exigencia de alguna garantía para que fueran atendidos en situaciones de riesgo vital o de tener una secuela funcional grave. Esta práctica está prohibida por ley.
Durante el 2013, la Superintendencia tramitó 326 juicios arbitrales en la Región. Son resoluciones para determinar si hay beneficios que los usuarios no recibieron de parte de la Isapres o de Fonasa y que solicitan que sean restituidas.
Según San Martín, estas fueron materias asociadas fundamentalmente a la revisión de coberturas que otorgan las Isapres y Fonasa a sus beneficiarios, como asimismo, a la correcta aplicación de las Garantías Explícitas en Salud y de beneficios, como la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas o al mecanismo de financiamiento contemplado en la Ley de Urgencia.
El agente zonal explicó que "la Superintendencia de Salud conoce de los requerimientos de sus usuarios por dos vías. La primera, a través del reclamo administrativo, que son aquellos que tratan respecto de materias más simples y que requieren sólo de una revisión de la normativa para resolver el problema planteado. La segunda vía es la del juicio arbitral, en la cual se conocen las materias más complejas y que requieren de una interpretación más dinámica de la normativa, ajustada al caso particular y sus especiales circunstancias".
Respecto a este punto, la Superintendencia de Salud actúa como un Tribunal y donde el arbitraje tiene todas las características de un juicio, esto es: demanda, contesta a la demanda, se hace cargo del término probatorio, sentencia y recursos.
"Aquí el Tribunal puede aplicar, junto a la normativa vigente, criterios de prudencia y equidad, según las propias facultades que le da la ley", contó San Martín.