Una reforma para todos
Si bien aún no tenemos claridad respecto de los cambios que el Ejecutivo quiere introducir en el sistema de educación superior, si consideramos a los interlocutores que el gobierno ha considerado con especial atención hasta hoy podríamos concluir que privilegiará a las instituciones adscritas al Cruch. Rectores y alumnos de estos planteles han tenido la posibilidad de reunirse con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y plantear sus intereses que pueden ser legítimos, pero particulares y en algunos casos no necesariamente compatibles con el bien de todo el sistema.
Asimismo, los representantes de estas instituciones han concentrado el interés de la opinión pública con sus diferencias respecto al acceso a aportes basales y a recursos para desarrollar investigación. El intercambio de opiniones entre los directivos de las universidades tradicionales y de las estatales por el trato preferente o no preferente que les otorgue el ministerio se ha puesto en el centro del debate. ¿Es este punto realmente relevante? ¿Afecta a un número significativo de alumnos del sistema?
Para responder a estas preguntas, es necesario recurrir a las cifras oficiales. De acuerdo a estadísticas del propio Ministerio de Educación, en Chile en el 2013 hay una matrícula de poco más de un millón cien mil alumnos en la educación superior. Un 42% estudia en un centro de formación técnica o instituto profesional, un 31% cursa una carrera en una universidad privada y un 26% estudia en una universidad del Cruch sea ésta tradicional o estatal. Si consideramos sólo las universidades: un 54% de los alumnos eligió estudiar en una universidad privada fundada después de los 80, es decir, más de la mitad optó por una institución no adscrita al Cruch.
Es relevante que con independencia de los cambios que se quieran introducir, éstos tomen en cuenta las necesidades e intereses de todos los alumnos del sistema y no de una minoría que, por criterios históricos, ha contado siempre con los mayores beneficios fiscales.
Evitar discriminaciones es un deber del Estado sobre todo cuando se trata de otorgar oportunidades a jóvenes que ponen en la educación superior sus esperanzas de lograr una mejor calidad de vida futura. No podemos correr el riesgo de que los privilegios se concentren en aquellos que salen a las calles a marchar o emiten destempladas declaraciones, dejando en desventaja a un grupo tan significativo de alumnos. En estas materias, el gobierno no se puede equivocar si consideramos la enorme cantidad de recursos involucrados. Recursos que, no debemos olvidar, todos los chilenos aportaremos vía impuestos.