Un ambicioso programa de reformas políticas tendientes a avanzar en materia de descentralización del país, con miras a generar un traspaso real de competencias en materia de desarrollo e innovación, es el que anunció el subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes durante su exposición en el encuentro nacional "Universidad y desarrollo regional: el rol de los actores", que se realizó en el Congreso.

Entre las medidas, figura la decisión gubernamental de retomar el desarrollo de los clusters, así como el establecimiento de una unidad especializada de descentralización que coordinará y evaluará la transferencia de esas facultades, un proceso que será gradual y por grupo de regiones, partiendo por aquellas donde exista mayor asociación entre los gobiernos regionales, las universidades y municipios.

Este anuncio, debería ser entendido como un llamado a profundizar rápidamente la discusión sobre estas materias, sumando a los actores considerados claves. Afortunadamente, el Bío Bío avanza con cierta ventaja, al contar con varios representantes locales -los ex intendentes Jaime Tohá y María Angélica Fuentes, más el rector de la Universidad del Bío Bío, Héctor Gaete- en la Comisión Asesora para la Descentralización y Desarrollo Regional convocada por la Presidenta Michelle Bachelet, precisamente para avanzar en este tipo de materias.

Es relevante que se considere el rol que tendrían las provincias y comunas en un nuevo esquema de regionalización, pues no sería un buen "negocio" para ciudades como Chillán, Los Ángeles o Lebu que el traspaso de competencias desde el poder central significa concentrar las decisiones sólo en las capitales regionales. Por ello, temáticas como la desconcentración de los servicios públicos de carácter regional deberían estar puestos en la agenda.

Otro elemento llamativo en el anuncio del subsecretario es el diseño, implementación y evaluación de iniciativas para el fortalecimiento de capital humano y social en las regiones, que considera la creación de una Academia Regional Municipal. En el papel, este tipo de medidas tiene una interesante proyección y es de esperar que conduzcan a medidas concretas que tanto han demandado ya por décadas las regiones de Chile.

La urgencia que le puso el gobierno a la ley que permitirá a los chilenos votar desde el extranjero es una muestra más de cómo la agenda legislativa parece estar capturada por los intereses de pequeñas élites. En la discusión -si es que se la puede llamar así- primó el sentimentalismo, como es habitual.

Lo accidental en este caso, aunque fuera uno de los elementos que más enardeció las pasiones, es que se espera que los votantes en el extranjero voten casi en bloque por un sector y no otro. En una elección reñida, esos votos podrían ser decisivos, pero eso no es lo relevante.

Asimismo es irrelevante que otros países tengan una política de facilitar el voto a los expatriados. Que muchos hagan algo no es razón para imitar una conducta sin más. Que los locales de votación en el exterior puedan estar sujetos a menos controles y pueda darse con mayor facilidad el fraude electoral (la cosa ya es complicada en los locales rurales) es también accidental.

La cuestión es la del ejercicio del voto. Comencemos notando que todos los ciudadanos chilenos tienen derecho a voto, también los que viven en el extranjero. El problema es que el ejercicio de ese derecho sólo puede darse en Chile. Hay una razón para eso, más allá de lo que dicten las leyes. Mucha gente que desde hace años vive fuera del país todavía se siente vinculada a él. Pero Chile no es una abstracción, es una realidad que viven personas y comunidades concretas que se ven afectadas de manera positiva o negativa por el gobierno de turno. Esos efectos (piénsese en el Transantiago, por usar el caso más extremo) no tocan al que vive en otro país. La finalidad del voto no es sentirse vinculado, o participar de una comunidad de una manera platónica. La finalidad del voto es que el gobernado elija a sus propios gobernantes.

En Chile existe bastante libertad de inscripción, incluso se abusa de ella, pero al menos se exige que se vote dónde se está inscrito. La idea -como ya se dijo- es que el ciudadano elija a la autoridad que lo representará y gobernará a él, y no a otros. Pero los ciudadanos que viven en el extranjero no serán gobernados por aquellos por quienes voten. Por lo mismo, sí pueden votar en nuestras elecciones los extranjeros residentes en Chile que cumplan ciertos requisitos, aun sin ser ciudadanos. Este derecho no se lo conceden todos los países a los inmigrantes.

Puede que un chileno en el exterior añore sentirse parte de la tierra que dejó, y que votar sea un acto significativo para él. Pero el chileno que vive fuera no tendrá a los gobernantes que resulten de la votación; es injusto que uno se los imponga a otro sólo para satisfacer un anhelo simbólico. Un caso aparte lo constituyen los chilenos que viven en el extranjero cumpliendo alguna misión encomendada por Estado, pero eso no entró mayormente en la discusión.