A propósito de lo que está sucediendo con el puente Chacabuco y lo que sucede en muchos contratos de concesiones, creo relevante tener en cuenta ciertas consideraciones.

Las altas tasas de renegociación en los contratos de concesiones implican un baipás de la competencia en el proceso de licitación que garantiza a una firma el derecho de operar monopólicamente en un determinado mercado. Los altos costos de llevar a cabo estos procesos y la información asimétrica están presentes en el diseño, regulación y supervisión de los contratos licitados. Estos aspectos determinan las acciones estratégicas de las partes (gobierno y empresas).

Hay varios estudios internacionales (se trabaja en uno nacional) que tratan de determinar la probabilidad que un contrato se renegocie. Se basan en factores institucionales, económicos y políticos.

Aparte de contingencias que si pueden suceder en cualquier proyecto, la evidencia muestra que algunas empresas planean con anticipación la estrategia para postular y ganar una licitación para luego renegociar. Su plan se sustenta en su conocida capacidad de ofertar un menor precio para luego negociar los cambios.

Esta capacidad de renegociar, sumado al comportamiento oportunista de las empresas, se basa en las deficientes cláusulas de los contratos que dejan espacios para estas acciones. En otras palabras, es posible que los participantes de un proceso de licitación anticipen la posibilidad de renegociación dado que la postulación no solo se basa en sus costos, sino también en su poder de negociación.

En general, se ha encontrado que la probabilidad de que un contrato se renegocie depende del número de participantes en la licitación, el factor que determina al ganador, la experiencia anterior del postulante en la operación de otros contratos, los mecanismos de regulación de la tarifa en la concesión, el grado de autonomía del regulador y el ambiente económico con variables como PIB per cápita, inflación y tipo de cambio.

Todo este tipo de procesos puede generar altos costos al Estado y disminuir el bienestar de la sociedad. Sin embargo no hay que olvidar que existen imponderables y puede haber omisiones por parte del Estado que hacen elevar los costos de los proyectos.

El Informe "Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2013-14", (Unesco), deja un conjunto de recomendaciones que desafían a las autoridades en Educación. Alarmantes son los hallazgos que expresan que, más allá de las millonarias inversiones que se realizan (U$129.000.000 al año), en América Latina y el Caribe uno de cada diez niños en edad de asistir a la escuela primaria no adquiera las competencias básicas en lectura. En Chile, si bien todos los niños asisten a la escuela primaria, alcanzan el nivel mínimo de aprendizaje en lectura, pero el 20% no lo logra en matemáticas.

Entre sus conclusiones destaca la formación de los profesores como tarea que le compete de modo especial a las Universidades. Los buenos docentes son clave para lograr una mejora y se hace un llamado a los gobiernos a preocuparse de destinar a los mejores maestros a la enseñanza de aquellos que más los necesitan. Profundizar en los mecanismos que garanticen una adecuada formación de profesores es tarea en que se debe continuar avanzando, y en ello debemos poner todos nuestros esfuerzos y energías para lograrlo.

El compromiso a favor de la equidad, de manera que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de acceder a la educación es la primera tarea recomendada en el informe, que por fortuna también es la tarea prioritaria en el nuevo gobierno que asume en marzo. El trabajo a realizar tanto a nivel regional como nacional, no sólo debe establecer mecanismos y metas claras a alcanzar en el tiempo, sino que también debe acompañarlas con un conjunto de indicadores que posibiliten su evaluación y seguimiento, como la única forma de hacernos cargo responsablemente de los resultados esperados.

La función principal de la escuela es lograr el aprendizaje en sus estudiantes. Y se trata de aquellos aprendizajes que se traducen en competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente en la sociedad actual. Esta es una de las preocupaciones principales de la Escuela, pues posibilitará a los futuros ciudadanos, una vez concluidos sus estudios, una mejor incorporación a su medio social, cultural y laboral.

En la Región del Bío Bío, es menester preocuparse por la educación de la diversidad cultural y étnica, y por ello, preocuparnos que en la formación de los profesores con competencias para atender a los marginados y desfavorecidos. Desde la perspectiva de la gestión educativa, especial preocupación se deberá prestar a la forma cómo se administre y gestione cada una de las instituciones escolares, especialmente aquellas que se ubican en los sectores rurales, las que debieran ser atendidas por los mejores profesores especializados, con una remuneración económica que les permita satisfacer sus necesidades básicas y, con una propuesta atractiva de trayectoria profesional.

Pensamos que hoy como ayer y como debe suceder a futuro la relación del Estado con las instituciones universitarias se debe enmarcar en la sensatez y justicia que revela la historia de nuestra educación superior, donde se enlazan en un esfuerzo conjunto nombres como: Enrique Molina, Juvenal Hernández y Carlos Casanueva por nombrar solo alguno de los rectores que sentaron las bases para un sistema universitario nacional mixto, con financiamiento estatal.

El pacto que implícita y explícitamente se forjó entre el Estado y las Universidades nacionales se concretó el año 1954 como consecuencia de la ley Nº11.575, y dio origen al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que es un testimonio elocuente del tratamiento financiero justo y equilibrado para las universidades existentes, fueran estas estatales o particulares.

Lo que se buscaba entonces y creemos sensato no perder jamás de vista como objetivo nacional, era financiar instituciones alejadas absolutamente de la ganancia comercial, comprometidas en concretar un ideal superior, cual era elevar los niveles culturales, técnicos y profesionales del país para avanzar en el desarrollo pleno de sus habitantes.

Con el inicio de un nuevo gobierno nos adentramos en una polémica relacionada con la educación superior que olvida su pasado. El debate se ha generado por el trato presupuestario preferente solicitado por el Consorcio de Universidades Estatales creado el año 1993, que representa un sector del Consejo de Rectores (Cruch), dicha petición ésta en concordancia con la posición programática del gobierno de turno.

Dicha petición ha sido motivo de crítica por el G9, asociación de universidades no estatales integrantes del Cruch creada el año 2011, que entiende que lo real y correcto no es generar diferencias injustas y artificiosas entre las universidades que conforman el sistema universitario público nacional, el cual históricamente y en conjunto aportó al desarrollo de la investigación, la formación de profesionales y al incremento de la cultura en nuestra sociedad.

Cuando hoy pareciera buscarse ventajas subalternas con argumentos que ignoran la historia de nuestro Sistema Universitario, se le hace un flaco favor a hombres como Juan Gómez Millas, David Stichkin, Alfredo Silva y otros, que buscaron armonizar y construir, a pesar de las obvias diferencias que mantenían, un sistema universitario público donde confluían dos universidades estatales, la Universidad de Chile y la Técnica del Estado y seis Universidades particulares colaboradoras de la función educativa del Estado: Católica de Chile, de Concepción, Católica de Valparaíso, Técnica Federico Santa María, Universidad Austral y Católica del Norte.

En el marco de la Expomin, la ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que las principales barreras para el progreso del sector son los costos energéticos, la mano de obra y la relación con las comunidades.

Hoy en día, el desarrollo sostenible es un concepto clave en cualquier proyecto, desde la etapa de exploración hasta el cierre de faena. Es un equilibrio que tiene que existir entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de la compañía.

Para cuidar este aspecto, desde 2012 el sector minero comenzó a demandar perfiles especializados en el trato con comunidades y líderes, o jefes de sustentabilidad.

Entre el 2011 y 2012 se vio un auge en exploración, ya que la inversión en minería y en nuevos proyectos era muy grande. Lo que hoy ha cambiado son las necesidades de sustentabilidad del país, impulsando a que esos especialistas estén desde el inicio del proyecto preparando el terreno para evitar nuevas paralizaciones.

En 2012, el Ministerio de Medio Ambiente impulsó varias iniciativas para abordar los principales impactos medioambientales, y ahora, el tema está de nuevo sobre el tapete.

En resumen, los tres ejes del gobierno son: una agenda de energía, la formación de recursos humanos especializados, y el desarrollo sustentable, que implica una mejora en la relación con las comunidades.

Durante 2014 se espera incentivar a las empresas a invertir en trabajos previos de creación de vínculos con la comunidad y, aunque cada vez hay más conciencia, aún queda mucho por hacer.