A fines de 2013, el gobierno y Carabineros anunciaron cambios para regular el mercado de las empresas de seguridad, y la sobrecarga de llamados falsos que recibe la policía. Esas firmas realizaron -sólo en el primer semestre de ese año- 112 mil llamados de emergencia al 133 de Carabineros, en todo el país, de las cuales el 99% eran falsas, porque no se había verificado previamente la información.

La situación llevó a que el gobierno dictara el Decreto Supremo 41, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece que todas las compañías deberán estar conectadas a un sistema informático especial de la policía, el único que recibirá sus llamados, lo que a la vez permitirá descongestionar el 133.

El tema llegó a los tribunales, cuando la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas interpuso en noviembre pasado ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros, para impedir la resolución que -además- considera el pago de una multa de 0,5 UF ($12 mil) por cada falsa alarma, y que las obliga a conectarse a una nueva plataforma de emergencia (Alpha III), de la Central de Comunicaciones de Carabineros, para verificar las activaciones y recibir la respuesta policial. A juicio de las empresas, son medidas ilegales y arbitrarias.

A requerimiento de la corte capitalina, Carabineros envió una respuesta en la que señala que la gran cantidad de llamadas de falsas alertas que les dan las compañías, sin preocuparse de verificarlas previamente, representa una importante distracción de recursos públicos. En el fondo, la labor de las empresas de seguridad se transforma en una especie de central de llamadas, sin verificar si efectivamente sus clientes son objetos de robos.

La corte rechazó el recurso de las empresas y éstas recurrieron a la Suprema. No obstante, el 1 de abril la policía uniformada puso en marcha el nuevo software Alpha III, que permite dejar registro tanto del requerimiento de la empresa como de la respuesta de Carabineros.

Con ello, se persigue que las compañías se hagan cargo de la tarea para la cual los clientes las contratan y no desviar la atención policial de las acciones que son importantes para la ciudadanía, como patrullar, entregar seguridad y acudir de manera rápida a las emergencias.

La Reforma Tributaria impulsada por el gobierno está generando un debate respecto de los beneficios y problemas que traería para el país. El principal beneficio que persigue es generar recursos permanentes para financiar educación gratuita y mejorar la equidad en la distribución de ingresos.

Sin embargo, sectores que se oponen a la propuesta del gobierno han dicho que afectará en mayor medida a las pymes, pues su capacidad de endeudamiento es muy limitada y, en definitiva, la eliminación del FUT como incentivo a la reinversión significará que estas empresas tendrán muy poco capital de trabajo para desarrollar sus negocios.

Eso llevaría al país a un menor crecimiento y a un gris panorama en materia de empleos. Hernán Buchi fue más gráfico: "Todos seremos más pobres y más desiguales", obviando el efecto de la gratuidad en el bolsillo de las familias y su efecto en la economía.

La desigualdad que tenemos hoy podríamos graficarla en que "muy pocos son ricos, otro poco vive bien y la mayoría vive ajustada o pobre". Y el problema en nuestra educación es que "muy pocos tienen buena educación pero cara; muchos tienen educación de poca calidad y menos cara; y la mayoría recibe mala educación gratuita".

Una forma inteligente de abordar estos problemas ha sido encausarlos institucionalmente y plasmarlos en propuestas que el nuevo gobierno tomó desde la campaña parlamentaria y presidencial pasada. Cabe recordar que la encrispación social de 2011 y 2012 puso en la agenda estos temas y otros que estuvieron tímidamente abordados desde el mundo político o sencillamente ignorados por esa élite.

En ese proceso -que va desde el malestar callejero a la discusión en el Parlamento- la ciudadanía optó por la coalición política que mejor representaba su expectativa de cambio y hoy está en juego la sintonía de las propuestas de reformas con esas aspiraciones. Entonces, el debate que existe respecto de la Reforma Tributaria es parte de ese proceso y es legítimo que quienes tengan reparos los expresen y quienes impulsan esas propuestas argumenten con claridad.

Esa forma inteligente de encausar los problemas significa una oportunidad para la clase política en el desafío de hacerse más útil y valorada. Pero también implica contribuir a que esa discusión no termine en un griterío en la cancha que decepcione una vez más a los espectadores en la tribuna.

La gran reforma que hay de fondo, entonces, es sobre cómo el sistema político resuelve nuestras brechas de desarrollo con mayor democracia y que todos entiendan que no es la calle la que manda sino lo votos.