Son cientos las historias de lucha, alegría y penas las que se podrían contar a un año del incendio que consumió por completo más de 150 locales comerciales del Mercado Central de Concepción y que dejó a 1.500 personas sin su fuente laboral. El último capítulo de la triste realidad que han vivido los damnificados que dejaron las llamas el 28 de abril de 2013 es que el recinto provisorio que se les prometió en el gobierno anterior no será ejecutado por la nueva administración debido a que la infraestructura no puede ser instalada en un terreno privado, a pesar que las antiguas autoridades habían dicho que sí.

Son 184 los comerciantes, que incluye a la Galería Las Palmas, que iban a estar en la estructura de emergencia y que ahora están esperando una nueva propuesta, la que se entregaría hoy por parte de la gobernadora penquista, María Andrea Muñoz, para tener una solución definitiva a lo que ellos llaman "indolencia de las autoridades" para entregarles una ayuda concreta. "No queremos volver a vivir un invierno trabajando en la calle", sostuvo Rebeca Rodríguez, una de las tantas afectadas que se instaló en el anillo externo para que siguiera ingresando dinero a su familia.

Son cerca de 50 los locales que están funcionan en precarias condiciones, esto debido a que son pocos los compromisos que se han cumplido luego del incendio.

A esta situación social y dramática se suma que la solución judicial lograda en la Corte Suprema, donde se debía traspasar el inmueble al municipio, no se ha realizado, lo que hace más compleja la situación de que a corto plazo se logre una solución tanto para los comerciantes como para los accionistas del recinto (que no trabajaban sus locales), que durante todo este período no han sido incorporados en ningún tipo de programa.

Antecedentes contundentes sobre la contaminación que estarían provocando las termoeléctricas Bocamina I y II (esta última está paralizada de diciembre 2013) es lo que se entregó ayer en la Corte de Apelaciones de Concepción como parte del Recurso de Protección presentado por la abogada Paula Villegas, en representación de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach) y de un centenar de vecinos de Coronel.

Los antecedentes entregados corresponden al informe que desarrolló la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana (Bidema) de la PDI y que fue remitido a la carpeta investigativa que lleva la fiscal Ana María Aldana.

Este informe revela que las dos plantas de Endesa han depositado material particulado en el suelo de Coronel, contaminando con ello el subsuelo (napas o aguas subterráneas), aire y bahía de dicha comuna, cuyas concentraciones químicas afectan gravemente la salud de las personas y el medio ambiente. Incluso, la contaminación estaría llegando a la comuna de Lota.

La jurista Paula Villegas comentó que "dado lo alarmante del contenido (al que tuvieron acceso el martes) es que decidimos presentar este recurso de protección en menos de 24 horas. Esto, porque está en juego la salud y vida de las personas".

Entre los antecedentes concretos que darían cuenta de este riesgo está "la caracterización química elemental del suelo considerado residencial en la comuna de Coronel, indica que los elementos mercurio y vanadio están presentes en todos los puntos muestreados, sobrepasando los límites máximos establecidos en 21% y 274%, respectivamente, para la norma de referencia canadiense para suelos residenciales, lo cual presenta un peligro para la salud de la población".

Además, el informe plantea que los puntos muestreados que se encuentran más cercanos a la chimenea de Bocamina II presenta mayores concentraciones de arsénico, cromo, zinc, mercurio, plomo y vanadio, lo cual indica que el sector de las plantas termoeléctricas de propiedad de Endesa S.A. pueden ser consideradas como fuente de origen de contaminación.

La abogada recurrente comentó que este problema se genera en la canchas de acopio de carbón y de cenizas de Endesa: "Se produce un proceso de lixiviación del carbón, que genera que todas estas sustancias químicas lleguen a las napas subterráneas que después van a la Bahía de Coronel".

Es por eso que en el recurso, además de pedir la paralización de Bocamina I y II, se solicita el cierre inmediato de los sectores de acopio que tiene Endesa.

"Esto es un antecedente contundente y categórico. Creemos que, debiera, por sí sólo, ser el antecedente directo que lleve a la corte a tomar los resguardos para garantizar la salud de los habitantes de la comuna", dijo Villegas.