Empresas de seguridad
A fines de 2013, el gobierno y Carabineros anunciaron cambios para regular el mercado de las empresas de seguridad, y la sobrecarga de llamados falsos que recibe la policía. Esas firmas realizaron -sólo en el primer semestre de ese año- 112 mil llamados de emergencia al 133 de Carabineros, en todo el país, de las cuales el 99% eran falsas, porque no se había verificado previamente la información.
La situación llevó a que el gobierno dictara el Decreto Supremo 41, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece que todas las compañías deberán estar conectadas a un sistema informático especial de la policía, el único que recibirá sus llamados, lo que a la vez permitirá descongestionar el 133.
El tema llegó a los tribunales, cuando la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas interpuso en noviembre pasado ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros, para impedir la resolución que -además- considera el pago de una multa de 0,5 UF ($12 mil) por cada falsa alarma, y que las obliga a conectarse a una nueva plataforma de emergencia (Alpha III), de la Central de Comunicaciones de Carabineros, para verificar las activaciones y recibir la respuesta policial. A juicio de las empresas, son medidas ilegales y arbitrarias.
A requerimiento de la corte capitalina, Carabineros envió una respuesta en la que señala que la gran cantidad de llamadas de falsas alertas que les dan las compañías, sin preocuparse de verificarlas previamente, representa una importante distracción de recursos públicos. En el fondo, la labor de las empresas de seguridad se transforma en una especie de central de llamadas, sin verificar si efectivamente sus clientes son objetos de robos.
La corte rechazó el recurso de las empresas y éstas recurrieron a la Suprema. No obstante, el 1 de abril la policía uniformada puso en marcha el nuevo software Alpha III, que permite dejar registro tanto del requerimiento de la empresa como de la respuesta de Carabineros.
Con ello, se persigue que las compañías se hagan cargo de la tarea para la cual los clientes las contratan y no desviar la atención policial de las acciones que son importantes para la ciudadanía, como patrullar, entregar seguridad y acudir de manera rápida a las emergencias.