Pleno cuestionó las conclusiones de la instancia, que determinaron "responsabilidad política" del ministro Héctor Carreño.
El Pleno de la Corte Suprema criticó el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las responsabilidades en la vulneración de derechos en dependencias a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), el cual concluyó la existencia de responsabilidades administrativas y políticas respecto a la no entrega del estudio que da cuenta de abusos en hogares de menores.
Según detalló la vocera del máximo tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, "la honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso del Poder Judicial".
Asimismo, en el Pleno Extraordinario de ayer, los magistrados acordaron que la Cámara Baja procedió de manera "inconstitucional" al declarar anticipadamente la responsabilidad política del ministro Carreño, "sin seguir el procedimiento por la carta política".
"Así, se ha puesto al margen de los dictados de la Constitución Política de la República y ha emitido prejuicio sobre el fondo, lo que con miras al debido proceso garantizado por nuestra Constitución le significa la inhabilidad para conocer de cualquier iniciativa que tienda a efectuar igual pronunciamiento", reza el texto.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora presidida por René Saffirio (DC), respaldando el estudio que concluyó que existieron responsabilidades administrativas y políticas en la no entrega oportuna del "proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños y adolescentes en el sistema residencial de Chile", que daba cuenta de los abusos en hogares y residencias de menores a cargo del servicio.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, descartó opinar respecto de las críticas de la Corte Suprema.
"Ésta es una situación entre dos poderes del Estado respecto al cual el Ejecutivo no se puede pronunciar", dijo Gómez, quien evidenció su distancia respecto a las críticas de la Suprema al informe de los parlamentarios.
"Hemos trabajado en el fondo del problema que es sacar adelante los temas que son conflictivos y preocupantes en relación a los niños", agregó, recalcando que se trabaja en la creación de tres proyectos de protección de menores.
Se ha hecho un análisis de cuáles son las situaciones que deben ser investigadas a través del Ministerio Público con el fin de detectar a los abusadores y penalizarlos. "Hemos pedido información para la institucionalización de los niños en el ámbito de las residencias, junto con la idea de que los de 0 a 3 años no sigan instalados y viviendo por muchos años en centros residenciales". El tercero to tiene relación con el proyecto de una ley de derechos y la creación de dos instituciones que se van a preocupar de los niños, dijo.