La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los dueños del Colegio La Girouette, Félix y Noelle Albagly Giroux, a quienes se les imputa su responsabilidad en delitos tributarios cuya defraudación supera los $500 millones.

En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada rechazó la solicitud de la defensa de los empresarios respecto a la sustitución de la medida ordenada por el Octavo Juzgado de Garantía, argumentando su decisión en la gravedad de las conductas de los mismos. Ambos imputados deberán cumplir el arresto parcial durante la investigación.

El gobierno dijo que llevará cuatro años reconstruir las 3.000 viviendas arrasadas por un incendio que estalló el 12 de abril en el puerto de Valparaíso.

"Queremos hacer las cosas rápido pero hacerlas bien", agregó el delegado presidencial para la reconstrucción, Andrés Silva.

El funcionario, quien dijo entender la premura de los 12.500 damnificados, pidió paciencia "para hacer las cosas bien". "Esto llevará un tiempo", insistió.

"Es lógico que quieran reconstruir cuanto antes, pero tenemos que velar por que sea seguro, que los escombros estén afuera de su propiedad y que no existan elementos combustibles", añadió.

Bachelet, que prometió "recursos ilimitados" en ayuda, anunció diversos bonos para cada familia afectada, para compra de enseres y ropa.

La mandataria dijo que además evalúa otorgar apoyos a los pequeños comerciantes que perdieron todo en el incendio.

El delegado Andrés Silva dijo que aún se están haciendo cruces de información, ya que son más 1.800 los terrenos sobre los que había viviendas sin permisos municipales y en cada uno de ellos habitan hasta tres familias.

"El catastro está determinando si hay algún tipo de vivienda que sea recuperable, pero por lo que se ha visto ese porcentaje va a ser bastante bajo, aquí la destrucción es total", afirmó el delegado.

Las llamas, que comenzaron en las afueras de Valparaíso, avanzaron velozmente sobre una decena de cerros del puerto y dejaron 15 muertos. La lucha fue enfrentada con una veintena de aviones, además de miles de bomberos, policías y militares, provenientes de distintas regiones del país.

Las denuncias formuladas por los estudiantes de la Universidad Andrés Bello en contra de ese plantel llevaron a la Comisión de Educación de la Cámara a citar a una sesión especial para analizar el caso, a la que declinaron asistir los principales directivos de esa casa de estudios.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho denunciaron problemas de infraestructura, incluso de hacinamiento al interior de su sede, a lo que se suma el alza de 20% de los aranceles. Los estudiantes vinculan este hecho con las acusaciones de lucro en contra del plantel, que está siendo investigado por el Ministerio Público por la transferencia de fondos al grupo internacional Laureate, controlador de esa casa de estudios.

A la instancia concurrió el jefe de la División Educación Superior del Ministerio de Educación, Francisco Martínez, quien manifestó la preocupación de esa cartera por la gran cantidad de alumnos que podrían resultar afectados en caso de que se aplicaran medidas contra la universidad, como un eventual cierre.

"La Universidad Andrés Bello es la que tiene más estudiantes y, por lo tanto, esta característica hace que el tema de la continuidad de estudios de los estudiantes, así como lo fue en el caso de la U. del Mar, constituya la preocupación esencial de esta administración, en particular de mi división (…) porque las universidades podrían eventualmente cerrar, pero los estudiantes y el derecho a estudiar permanecen", señaló Martínez.

No hubo participación de terceros en la muerte del joven Bastián Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado en enero en la cuesta Lo Prado después de dos meses de su desaparición, estableció un informe encargado a la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones..

El análisis fue entregado al fiscal Centro Norte Alejandro Sánchez, quien ahora estaría en condiciones de cerrar uno de los dos casos que involucran al joven de 21 años. A ello, se sumó el resultado del análisis entomológico que fue preparado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que precisa que la data de muerte fue de 66 a 70 días, que coincide con la fecha de desaparición de Bravo, el 13 de noviembre.

La puerta principal descerrajada con una herramienta de corte, destrucción de mobiliario y el robo de dos mil notebooks que esta semana serían entregados a niños de colegios municipales de la comuna de Ñuñoa.

Eso encontraron los trabajadores de la empresa "Upgrade", ubicada en la avenida Eliodoro Yáñez, de Providencia, adonde llegó un grupo de delincuentes que atacaron el lugar.

De acuerdo a lo informado por el gerente de Administración y Finanzas de la entidad, José Luis Solís, el viernes el local sufrió un corte de luz, y los antisociales entraron a las 03:00 de la madrugada.

"Los sujetos destruyeron la puerta principal y causaron serios daños en puertas, escritorios y caja fuerte. Eran dos mil notebooks que iban a ser entregados esta semana por el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, en un acto público", señaló el ejecutivo.

Solís agregó que los equipos computacionales fueron avaluados en 700 millones de pesos y que a su juicio los delincuentes que cometieron el millonario robo estaban "absolutamente dateados". Ya reclamó a la empresa de seguridad que tiene contratada, debido a que no les informaron del corte de energía ni que las cámaras no habrían estado funcionando en forma adecuada.

"Tenemos las medidas de seguridad pertinentes, pero contra este tipo de robo organizado y profesional no se puede luchar", dijo con desazón, aunque aclaró que hay seguros.

El caso es indagado por la fiscalía regional metropolitana Oriente y personal de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI.

El Pleno de la Corte Suprema criticó el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las responsabilidades en la vulneración de derechos en dependencias a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), el cual concluyó la existencia de responsabilidades administrativas y políticas respecto a la no entrega del estudio que da cuenta de abusos en hogares de menores.

Según detalló la vocera del máximo tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, "la honorable Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso del Poder Judicial".

Asimismo, en el Pleno Extraordinario de ayer, los magistrados acordaron que la Cámara Baja procedió de manera "inconstitucional" al declarar anticipadamente la responsabilidad política del ministro Carreño, "sin seguir el procedimiento por la carta política".

"Así, se ha puesto al margen de los dictados de la Constitución Política de la República y ha emitido prejuicio sobre el fondo, lo que con miras al debido proceso garantizado por nuestra Constitución le significa la inhabilidad para conocer de cualquier iniciativa que tienda a efectuar igual pronunciamiento", reza el texto.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora presidida por René Saffirio (DC), respaldando el estudio que concluyó que existieron responsabilidades administrativas y políticas en la no entrega oportuna del "proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños y adolescentes en el sistema residencial de Chile", que daba cuenta de los abusos en hogares y residencias de menores a cargo del servicio.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, descartó opinar respecto de las críticas de la Corte Suprema.

"Ésta es una situación entre dos poderes del Estado respecto al cual el Ejecutivo no se puede pronunciar", dijo Gómez, quien evidenció su distancia respecto a las críticas de la Suprema al informe de los parlamentarios.

"Hemos trabajado en el fondo del problema que es sacar adelante los temas que son conflictivos y preocupantes en relación a los niños", agregó, recalcando que se trabaja en la creación de tres proyectos de protección de menores.

Se ha hecho un análisis de cuáles son las situaciones que deben ser investigadas a través del Ministerio Público con el fin de detectar a los abusadores y penalizarlos. "Hemos pedido información para la institucionalización de los niños en el ámbito de las residencias, junto con la idea de que los de 0 a 3 años no sigan instalados y viviendo por muchos años en centros residenciales". El tercero to tiene relación con el proyecto de una ley de derechos y la creación de dos instituciones que se van a preocupar de los niños, dijo.