Tres nombres figuran en la lista que hoy se baraja en la Nueva Mayoría para definir al director regional de Corfo.

Se trata de dos militantes de la DC, Juan Mardones y Joanna Pérez y del concejal radical de Penco, Eric Forcael.

No obstante, se informó que este último figuraría con menor posibilidad, ya que el cupo, luego de las negociaciones internas de la Nueva Mayoría, está definido para la Democracia Cristiana, por lo que los citados integrantes de la Falange local corren con más opciones.

Trascendió que Mardones es del agrado del clan Ortiz. En ese sentido, el funcionario de Corfo contaría con amplio respaldo de la citada colectividad, donde el diputado José Miguel Ortiz tiene gran influencia. En tanto, Joanna Pérez, actual secretaria ejecutiva del Consejo Regional, cuenta con el empuje del ala Sabag. En ese sentido, también la apoyaría el ex consejero Óscar Ferrel.

Respecto a la opinión del intendente Rodrigo Díaz y su preferencia, se habla que Mardones sería de su completo agrado.

De acuerdo a lo recabado durante días previos, la semana pasada estuvo en Concepción una representantes de la jefatura nacional de Corfo para entrevistar tanto a Pérez como a Mardones y llevarse sus currículos a Santiago, para allí definir cuál de ellos asumiría la responsabilidad.

Esto fue confirmado por fuentes internas de la citada institución, aunque el tenor de lo que se conversó en la cita entre Mardones, Pérez y la jefa nacional no fue dado a conocer, ni siquiera a nivel interno de la organización. Incluso, se dijo que los encuentros con las cartas locales se realizó en la oficina de la Dirección Regional de la Corporación.

Debido a lo anterior se estima que la decisión por parte de la Dirección Nacional en Santiago, junto con la aprobación a nivel regional del nombre, serían un hecho. Lo que restaría sería darlo a conocer.

Esta nominación se sumaría a alrededor de siete jefaturas de servicios que ya han sido oficializadas. Entre ellas destaca el Serviu, Sename y las jefaturas de los diversos Servicios de Salud de la Región del Bío Bío.

Cabe señalar que la institución estatal de apoyo empresarial es una de las direcciones más apetecidas por los diversos partidos, en razón a que la influencia y el impacto social que tiene es calificada como muy potente.

El diputado Enrique van Rysselberghe criticó la forma en el que el actual gobierno está enfrentando el terremoto del norte y el incendio en Valparaíso, las dos grandes emergencias que se han suscitado en el país este año. "Nos parece del todo inapropiado que habiendo nombrado una encargada para la reconstrucción para la zona sur, que finalmente parece que tiene la única misión de evaluar la labor del gobierno anterior, ahora se nombren otras personas que, si bien pueden tener el mérito de estar más cerca de los lugares afectados, también tienen el problema de no contar con una visión de conjunto sobre las dos catástrofes que hemos debido enfrentar como país", opinó el parlamentario UDI. Agregó que hasta ahora el gobierno ha empleado la institucionalidad y la capacidad de respuesta que generó el gobierno anterior. "Nos gustaría que más que nombrar encargados se diseñaran las estrategias y se dieran a conocer las medidas que el gobierno tomará para responder a los desafíos sociales que se presentan", apuntó.

Ya instalada se encuentra la nueva directora regional del Servicio Nacional de Menores (Sename) Rina Oñate Cid, quien el viernes llegó a su oficina en compañía del seremi de Justicia, Jorge Cáceres, quien además la presentó a los funcionarios de la repartición pública.

A la fecha se desempeñaba como coordinadora del Programa de Convivencia Escolar del Daem en la Municipalidad de Talcahuano.

Oñate, quien es profesora, ya había ejercido un cargo público, pues fue directora regional del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) durante el anterior periodo presidencial de Michelle Bachelet. Allí completó los cuatro años a cargo de la repartición del Estado.

Durante ese tiempo represento al país en varios encuentros internacionales en materias de género, políticas públicas y participación de la mujer.

"Asumo con mucho entusiasmo este nuevo desafío, que es trabajar por la infancia vulnerada y los adolescentes infractores de ley de la Región. Existen compromisos adquiridos en estas materias y trabajaremos firmemente para que se cumplan a cabalidad", mencionó la nueva directora del Sename.

Muy lejos de ser el proyecto emblemático de la administración de Sebastián Piñera para la conectividad regional estaría el Puente Chacabuco tras el análisis realizado ayer por las autoridades regionales ligadas al proyecto.

La obra se encuentra hoy con un 45% de avance, según lo que informó René Carvajal, seremi de Obras Públicas, y con un importante retraso desde su fecha inicial de entrega, fijada para el 2 de diciembre de 2013, plazo en que debían estar terminadas los dos puentes contemplados -oriente y poniente- junto a sus accesos norte y sur.

Este retraso está asociado a problemas económicos presentados por Copasa, empresa a cargo de la construcción del acueducto.

Carvajal informó que el objetivo es avanzar de aquí hasta junio o julio en completar al menos una de las etapas: "Estamos poniendo los esfuerzos para que este proyecto tan atrasado, con tantas complicaciones, al menos logre que el lado poniente tenga la posibilidad de terminarse con las vías de conexión con el lado sur y lado norte y quede al servicio de la comunidad".

No obstante, dijo Carvajal, esta solución alternativa no sería lo óptimo, pues "el proyecto original para nada está cerca de terminar". Asimismo, la continuidad de Copasa en esta obra Bicentenario es totalmente incierta.

"O la empresa le pone la fuerza necesaria, se ponen las pilas, o se producen los cambios necesarios, ya sea de común acuerdo o por otra vía. Lo que sentimos como Región es que no podemos seguir arrastrando este proceso tan lento que debió ser entregado en diciembre pasado", emplazó Carvajal.

Según indicó el seremi de Obras Públicas, todos los antecedentes relativos al retraso de la construcción del puente Chacabuco fueron enviados al Ministerio del ramo, con el fin de resolver la situación de la obra. Entre ellos se contarían las extensiones de plazo solicitadas, una el 21 de marzo, de 90 días, aún en vigencia.

De este modo, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas tomaría una decisión respecto a, por ejemplo, un nuevo contrato para completar la obra según su concepción inicial.

Hasta ahora, indicó Carvajal, la empresa "ha considerado el término de común acuerdo del contrato en las condiciones que se encuentra", por lo que espera que en la próxima visita del ministro a la zona, a fin de mes, pueda darse una respuesta definitiva respecto a la continuidad de la empresa, que por ahora sólo está asegurada hasta mediados de año.

Pero, la situación se torna grave. "No sé cuál va a ser la decisión. Lo que si sentimos es que hay que tomar decisiones prontamente", añadió la autoridad local.

Por ahora, Copasa no arriesga ningún tipo de multa, pues las prórrogas fueron en acuerdo. "Ellos no están en situación de sanción, lo que sí tienen es un nivel de retraso", aclaró el seremi. Las multas, de producirse, podrían alcanzar los $4,5 millones por día de retraso.

Por otro lado, tampoco procede por ahora la posibilidad de sacar a la empresa del listado de concesionarias del MOP. "Hoy no hay una situación de finalización de contrato ni de común acuerdo. El proyecto sigue y el contrato sigue", explicó Carvajal.

Cabe recordar que este proyecto se contrató por una suma cercana a los $36.256 millones.

A esta situación se suman los problemas económicos por los que estaría pasando Copasa. El intendente, tras sólo rumores respecto a estas dificultades, confirmó la situación ayer, indicando que esta debía revisarse en beneficio de la necesaria conectividad de la intercomuna.

Estos problemas económicos habían preocupado también a Álvaro Ortiz, eso sí, por las obras en el Estadio Ester Roa Rebolledo, que la misma empresa lleva a cabo.

Pero, indicó el jefe comunal, "la empresa insiste en que no tiene problemas económicos, por lo tanto, lo referente con el puente tendrá que ser una decisión del Ministerio que encomendó la labor a Copasa, y ojalá se solucione de la mejor forma".

Ortiz expresó además que espera que estas dificultades no repercutan en el Estadio.

Todo el proyecto se ve cruzado además por el conflicto de Aurora de Chile, población por donde debería pasar una de las conexiones del puente y que desde el Ministerio de Vivienda aún no se ha resuelto.

"La gente de Aurora de Chile sabe del trabajo que se ha estado realizando hace mucho tiempo. El Serviu tiene que entregar la respuesta final si se va a pagar sólo por el terreno o por las vivienda y cada una de las familias que llevan años allí. Esperamos que ellos puedan terminar el proceso", manifestó.

Además, indicó, "el Serviu ha planteado que hay personas que no han permitido que se entre a medir sus propiedades, otros que han prestado colaboración. Esperamos que se pueda solucionar".