La institución de la Pontificia Universidad Católica se demoró siete meses en realizar el análisis de los antecedentes entregados por las partes. El pago podría concretarse a fines de abril a los 19 pequeños empresarios.
Tras casi siete meses de análisis, el Dictuc de la Pontificia Universidad Católica (PUC) entregó el informe definitivo a los abogados de los subcontratistas del Mall del Centro y de la empresa constructora C y S, respecto del trabajo que realizaron para definir el monto final de pago de la deuda reclamada por los pequeños empresarios y que en total ascendía a $465 millones. Según el estudio del organismo técnico, la cifra a cancelar por la empresa llegaría al 75% de lo reclamado.
Un trabajo acucioso fue el que tuvo que realizar el organismo de la PUC para emitir un documento de 277 páginas, en el cual se incluye información de las facturas, guías de despacho, contratos, entrevistas u otros antecedentes relevantes para definir la cifra a pagar.
Esto fue el factor primordial para que el informe se demorara más de lo que se había presupuestado, que inicialmente era de 37 días hábiles a contar de octubre de 2013.
"Fue un proceso arduo, pero podemos decir que materialmente ya existe un elemento concreto con el que nosotros podemos plantear que se pague la diferencia (alegada) conforme a los acuerdos celebrados por las partes", comentó Enrique Hernández abogado de los subcontratistas.
Cabe recordar que para llegar a esta etapa un grupo de pequeños empresario realizó una particular protesta subiendo cuatro veces a la grúa que construía la torre aledaña del Mall del Centro. Esta fue una forma de manifestar con el fin de que Ripley y la constructora C y S les cancelaran $1.345 millones por obras realizadas en el centro comercial.
El acuerdo al cual se llegó tras varias negociaciones, en las que incluso intercedió el arzobispo Fernando Chomali, fue que la constructora pagaría el 50% de la deuda que se reconociera.
No obstante, del total de la deuda sólo se reconocieron $880 millones, por lo que el saldo restante quedó en manos del Dictuc, que determinó que C y S deberá cancelar un monto de $349 millones. Esta es una cifra superior a los $262 millones que fueron definidos en una primera instancia por el Dictuc en un borrador presentado a las partes en el mes de enero.
Del dinero reconocido, los subcontratistas recibirán la mitad, es decir, un poco más de $174 millones.
ETAPA ÚLTIMA
Pese a que el documento es el definitivo, aún quedan algunas etapas que finiquitar antes de realizar el pago a los subcontratistas. Éstas tienen relación a que la constructora tenía un plazo de cinco días para presentar observaciones o sugerencias al Dictuc, es decir hasta ayer, las que deberán ser respondidas por la institución en un plazo de 10 días.
"Acá no existen impugnaciones jurídicas u objeciones legales, sino que a observaciones que están establecidas en el contrato", aclaró Enrique Hernández, descartando la posibilidad de que C y S presente acciones legales en algún tribunal, ya que hasta el momento las dos partes han respetado el acuerdo que se firmó el 29 de marzo de 2013.
Luego de que se respondan las observaciones al documentos del Dictuc, se emite el último informe que podría llegar, como explicó Hernández, con algunas diferencias residuales en los montos. Posterior a eso, Consorcio tendrá un plazo de 5 días para pagar los dineros a los reclamantes.
"Si lo plazos legales se mantienen el pago se podría estar efectuando a fin de mes a mis 19 representados", aseguró el abogado.
Asimismo, las diferentes observaciones que se le hicieron a la institución en los dos borradores, también atrasaron la entrega del documento.
SATISFACCIÓN
Pese a no lograr acreditar el total del monto reclamado, la cifra lograda fue satisfactoria para los abogados de los subcontratistas, ya que a los 19 demandantes se les cancelará parte de lo que exigían.
"De lo que se reclamó fue un porcentaje importante el que se logró. Hubo algunas personas que lograron toda su reclamación. En tanto, que los otros recibirán entre un 60% a 90% de lo que alegaban", contó Hernández.
Desde la asesoría jurídica de los pequeños empresarios no quisieron adelantar cuáles serán los pasos a seguir para que Ripley pague el 50% que aún falta de los ahora $1.229 millones reconocidos. Este porcentaje está siendo visto en un juicio arbitral entre Consorcio y Ripley en la Cámara de Comercio de Santiago.
No obstante fuentes al interior de los subcontratistas afirman que existirían antecedentes jurídicos para exigir a la empresa comercial a pagar este porcentaje por medio de la vía judicial.