Fueron creados en respuesta a las necesidades de las comunas más alejadas de los centros urbanos, sin embargo, los nuevos juzgados de policía local han resultado ser una problemática económica para los diversos municipios de la Región del Bío Bío. Si bien la gran mayoría ya están funcionando, lo hace con recursos mínimos.

De acuerdo a la ley promulgada en enero de 2012, cada juzgado de policía local depende de sus municipios. Por tal razón es que, una de las principales trabas para poner en marcha estas entidades con las que se encontraron los 14 municipios de la zona incluidos en la medida, tiene relación con el factor económico.

De acuerdo a lo señalado por Juan Godoy, director del Secplan de la Municipalidad de Trehuaco, si bien contar con este tipo de entidad es un beneficio para la comunidad, el cómo hacerlo funcionar resultó un proceso engorroso.

"Como municipio tuvimos que hacer un estudio para determinar cuál era el costo real de poner en marcha el juzgado. Fue así que se determinó que necesitábamos entre 50 a 55 millones de pesos anuales para cubrir los gastos, que incluían remuneraciones, insumos, habilitación de un lugar, equipos y varios ítems", detalló Godoy.

Según el director, para iniciar su funcionamiento el municipio tuvo que invertir alrededor de 20 millones de pesos, lo que permitió en 3 meses habilitar una de las oficinas en el edificio comunal.

"Como municipalidad hemos dejado de transferir recursos al sector de salud y de educación. De hecho, no hemos podido contratar a un tercer médico para nuestro servicio. Es más, el personal con el cual funciona el juzgado de policía local ni siquiera es el mínimo según lo establecido por ley, la cual indica que debería contar con cuatro funcionarios. Acá sólo podemos financiar a un juez y una secretaria", enfatizó Godoy.

Hace un par de meses se designó al juez que encabezaría el equipo de trabajo. Sin embargo, por falta de recursos, la Municipalidad de Alto Bío Bío se ha visto imposibilitada para poner en marcha el juzgado de policía local.

De acuerdo a Nivaldo Piñaleo, alcalde de la comuna, durante el 2013 presentaron diversos proyectos que tenía como objetivo generar recursos. Pero, no hubo resultados positivos.

"Porque sabemos la importancia de contar con este tipo de entidad es que estamos gestionando recursos en el sector privado. De hecho solicitamos recursos a Endesa para satisfacer la necesidad existente en la comuna", explicó el alcalde.

Agregó que los dineros no sólo permitirían cubrir los honorarios del personal del juzgado, sino también habilitar un espacio físico para su instalación. "Si contáramos con esta condición podríamos hacer más presión y poner en marcha el juzgado", enfatizó Piñaleo.

Mientras tanto, Contulmo sí cuenta con su juzgado. Y, aunque el juez más una secretaria dan respuesta a la actual demanda de la comuna, ya proyectan la necesidad de aumentar el número de funcionarios.

"Gracias a la gestión municipal se hizo un enorme esfuerzo para invertir en el Juzgado y así ponerlo en marcha. De hecho, fue durante el 2013 que el gasto adicional que se hizo fue notorio para una comunidad pequeña como la nuestra", sostuvo Ignacio Melo Parra, juez del Juzgado de Policía Local de Contulmo.

De acuerdo al juez, las personas que necesitaban realizar algún trámite debían trasladarse hasta Purén, lo cual significaba un costo en tiempo y dinero. "Además, la gente no sólo viene por demandas o situaciones precisas, también solicita orientación o hace consultas con el fin de redireccionar sus acciones judiciales", planteó.

Situación similar viven los funcionarios de San Rosendo. Ubicados en dependencias del su municipio, desde el 1 de abril de 2013 dan respuesta a demandas relacionadas con infracciones de tránsito y consumo de alcohol.

"La tardanza de su instalación fue por la falta de recursos. Si bien el municipio no invirtió en infraestructura, sí tuvo que cubrir los honorarios del juez de policía local", detalló Mirta Catalán, jefa de administración y finanzas de la Municipalidad de San Rosendo.

En tanto, según información del juzgado de la comuna, ya se presentó una solicitud para disponer de un espacio mayor, dado el aumento de la demanda en estos últimos meses.

Tirúa por su parte, dispuso su juzgado a partir de enero de este año, y como los casos anteriores, debe invertir una fuerte suma de dinero, considerando el tamaño de la comuna.

"El que sea una ley sin financiamiento nos exigió que invirtiéramos un monto considerable. Mensualmente, debemos invertir alrededor de 5 millones de pesos para financiar los honorarios del personal, más el arriendo del local donde trabajan", explicó Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa.

Por su parte, el juzgado de Hualpén es el único que funciona de mejor manera, gracias a la inversión hecha por su municipio. Tiene un total de 6 funcionarios y ya llevan alrededor de 8 mil causas ingresadas.

Un proyecto de ley destinado a que sean los vecinos los que puedan decidir si están de acuerdo o no con la instalación de una antena celular en su barrio dio a conocer el senador del MAS, Alejandro Navarro.

El legislador señaló que hace dos años se aprobó la modificación de la ley 20.599, que regula estas instalaciones, pero que en ese momento no se estipuló la instancia de considerar la opinión de los habitantes de los sectores afectados.

Afirmó que "la instalación indiscriminada de antenas celulares en barrios residenciales, viola el derecho de propiedad, ya que las casas aledañas a la antena se ven devaluadas hasta en un 30%", añadiendo que "nadie quiere vivir el lado de una antena, por lo tanto el derecho de propiedad de unos, no puede estar por sobre el de otros, ni menos por sobre bien común".

Respecto de posibles daños a la salud, sostuvo que "el debate científico en torno a los daños a la salud que produce una antena celular aun no llega a resultados claros. Si las dudas persisten, entonces el principio preventivo es el que debe primar".

MODIFICACIÓN

El proyecto de ley propone aumentar las restricciones que señala la ley, agregando que no se puedan emplazarse torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones dentro de establecimientos educacionales, hospitales, predios urbanos donde existan torres de alta tensión ni hogares de ancianos, entre otras medidas.

Además, la iniciativa pretende cambiar el guarismo "50" por "100", es decir, las antenas no podrán estar a menos de cien metros de estos establecimientos. Navarro señaló que uno de los puntos principales es dar a la junta de vecinos del sector donde se pretenda instalar una torre la facultad llamar a votación para determinar si se aprueba o rechaza la instalación.

A primera hora de hoy los parlamentarios locales Jacqueline Van Rysselberghe y Víctor Pérez deberán acudir a tribunales, con el fin de prestar declaración por un recurso de protección presentado por Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh.

De acuerdo a una declaración realizada por el propio organismo, los actuales senadores de la Región del Bío Bío deben acudir hoy a las 8.30 horas a la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que la ex legisladora María Angélica Cristi, de la misma colectividad.

El origen de la polémica se debe a los dichos Van Rysselberghe, quien en una entrevista sostuvo que trae "costos" para los menores ser criados por personas del mismo sexo y se preguntara sobre "qué culpa tiene un niño de ser adoptado por una pareja homosexual".

Tanto Pérez como Cristi tuvieron palabras similares ante la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales, lo que motivó que el Movilh decidiera presentar el recurso el 24 de febrero pasado.

DILIGENCIA HISTÓRICA

Según la información entregada ayer por el Movilh, la citación realizada por el tribunal tiene por objetivo que los recurridos expliquen las declaraciones que llevaron al organismo a interponer este recurso de protección, por considerarlas discriminatorias.

Según información proporcionada por el Movilh, "el alegato, que tendrá lugar a las 8.30 horas de este lunes 14 de abril en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el primero en la historia del país que enfrenta a parlamentarios y al movimiento de la diversidad sexual, siendo inédito que congresistas deban dar judicialmente explicaciones por declaraciones homofóbicas", se indicó.