En una incómoda situación han quedado algunas direcciones regionales de servicio y cargos clave, a largo de todo el país, luego que los titulares nombrados por el nuevo Gobierno no han podido asumir formalmente sus funciones, debido a que los que venían ejerciendo sus funciones desde la administración anterior -y naturalmente identificados con otro color político- han decidido mantenerse en sus puestos.

La razón que se ha esgrimido es que los "antiguos" (o vigentes, ya no se sabe) no han recibido la comunicación oficial desde su superior jerárquico (ubicado en Santiago) o que falta la emisión del respectivo decreto que obligue a la salida de uno y al arribo del otro. Sea como sea, las direcciones regionales de servicio están hoy entrampadas y sin una cabeza visible que, en sintonía con el Poder Ejecutivo, acometa el diseño y la implementación de las políticas públicas que están contenidas en el programa de gobierno que llevó a Michelle Bachelet a La Moneda.

El asunto no es menor si se considera que hace ya prácticamente un mes que el Gobierno tomó posesión del país, tiempo durante el cual se esperaría que los equipos estuviesen conformados y que la gestión pública en las regiones, que es la que ven y sienten diariamente los ciudadanos, se encontrase ya en tierra derecha. Esta partida zigzagueante sólo consigue confundir a la opinión pública y poner un manto de duda sobre la capacidad de gestión que debiese haber en el servicio público.

Se ha dado el caso extremo de directores regionales que después de la foto de rigor ante la prensa ni siquiera han podido entrar a su oficina, ocupada por el anterior (o el vigente), y que se mantienen en el pasillo esperando la renuncia o el mentado decreto.

Desde la propia coalición oficialista se ha advertido que en el nivel central no han sido todo lo prolijos que quisieran para que los superiores jerárquicos dispongan formalmente el cambio en la dirección. Es sin duda una mala señal para las regiones, en el entendido que hasta en estos detalles se comprueba hasta qué punto el centralismo tiene por las cuerdas a las regiones, con direcciones regionales sin un titular definido que haga lo que le corresponde: cumplimentar la labor gubernamental.

Ahora que la derecha es nuevamente oposición y tiene tiempo para reflexionar, conviene que medite sobre aquello a lo que se opone. La izquierda chilena no es como las otras; la Nueva Mayoría, o Vieja Concertación, no es como el Partido Laborista inglés o como el Partido Demócrata estadounidense, ni siquiera como los antiguos radicales. Tiene un lenguaje y fines propios, y no es fácil comprenderla a la primera, salvo que accidentalmente se le escape lo que lleva dentro, como le ocurrió al senador Quintana, pero eso es excepcional.

Si bien después del fracaso de los socialismos reales la izquierda a nivel mundial ha pasado a una fase post-marxista, en Chile no ha logrado hacer la transición completamente. Sigue teniendo una lógica, o al menos un simbolismo, de guerra fría. Sus miembros -aun los jóvenes- muestran el puño en alto cada vez que pueden. Por supuesto que esto no se aplica a todas las personas de izquierda, pero sigue siendo sorprendente que un partido como el Demócrata Cristiano prefiera aliarse con el comunismo antes que retirarse de la coalición de partidos de izquierda.

En concreto, la derecha tiene que entender que la izquierda habla otro idioma. No entiende la democracia como un sistema mediante el cual el pueblo elige a sus gobernantes. Para ella, la democracia es el sistema mediante el cual gobernantes de izquierda llegan y se mantienen en el poder. Los derechos humanos, para la izquierda, no son universales, es decir, se aplican sólo a humanos de izquierda. Lo mismo vale para la igualdad ante la ley o el estado de derecho. La tolerancia y el respeto a la libertad de expresión se aplican de la misma manera, y por lo mismo, no vale la pena exigírselos a la izquierda. No es que tenga un doble estándar o sea incapaz de vivir sus propios principios, es que los principios de la izquierda consisten en la consecución de su primacía, no una noción de justicia universalmente aplicable.

Un párrafo aparte merece la Iglesia. La izquierda será respetuosa de ella mientras le sea útil, para sobrevivir en tiempos difíciles, predicar un evangelio que calce con su política o negociar con grupos complicados. Pero en cuanto la Iglesia presente algún obstáculo para el programa de la izquierda, cosa que inevitablemente ha de ocurrir, los favores del pasado serán olvidados y comenzará algún tipo de persecución. El que la mayoría del país profese una religión determinada no un asunto del que tome mucha nota, puesto que nociones como pueblo o identidad también son definidas de manera particular.

La derecha tiene que darse cuenta de que un diálogo honesto con la izquierda es muy difícil. Debe exigirle a la izquierda que defina los términos que usa, aunque parezca que sean comunes y entendidos por todos. Lo que no está claro, es cómo se convive con un grupo que tiene como principal meta el poder, por cualquier medio posible.