Como favorable calificaron abogados querellantes locales por el Caso Tsunami la condena dictada ayer en contra del ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) la noche del 27/F, Osvaldo Malfanti Torres, quien reconoció los cargos por 74 cuasidelitos de homicidio por las muertes causadas por el maremoto del 2010.

Leonardo Mello, profesional que representa a familias de 7 víctimas del sector de Santa Clara, en Talcahuano, acudió al juicio abreviado realizado en Santiago, en el que el tribunal determinó una pena de 541 días de presidio remitido a Malfanti, en el marco de un acuerdo al que el imputado llegó con el Ministerio Público.

"Es un paso que se va dando para tener luces respecto a lo que puede pasar en el futuro juicio oral por las responsabilidades de los otros 6 imputados, es un antecedente concreto", aseveró inicialmente el querellante Mello.

Comentó que con esta condena, el Fisco no puede desconocer que Malfanti incumplió deberes reglamentarios. "Esto adquiere importancia en nuestra zona, porque los antecedentes indican que Malfanti estuvo en contacto la noche del 27/F con el jefe de la oficina regional de Onemi, Jorge Henríquez, quien le informa que hubo un terremoto grado 9 ó 10 que podía generar un tsunami", señaló Mello.

Cabe mencionar que los cargos contra Malfanti se circunscriben a personas que fallecieron en Constitución, en la Isla Juan Fernández, San Antonio y Cartagena.

IMPUTADOS ACTUALES

Con esta resolución, la causa conducida por la fiscal Solange Huerta, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se queda con 6 imputados, Andrés Enríquez Olavarría, Mariano Rojas Bustos y Mario Andina Medina, todos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa); Johaziel Jamett Paz, ex jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT) de Onemi; Patricio Rosende Lynch, ex subsecretario del Interior, y Carmen Fernández Gibbs, ex directora de Onemi.

Según indicó Mello, la investigación ya está cerrada y se espera la acusación formal por parte del Ministerio Público.

"ÁREA CHICA"

Pero la condena no sólo tiene importancia desde la perspectiva penal para Mello y Cynthia Tapia, otra abogada querellante que representa a familias de 4 víctimas de Dichato.

En opinión de los profesionales, que Malfanti haya reconocido los hechos "achica el área" para hacer efectiva la responsabilidad del Estado en lo que refiere a las demandas civiles, ámbito menos exigente que el penal para probar las culpabilidades.

"Acreditado el cuasidelito de homicidio y que hubo un incumplimiento de deberes reglamentarios, podemos demostrar que hubo una falta de servicio por parte del aparato estatal en el tsunami, que es lo que perseguimos. Esto es muy importante, porque es un funcionario público el que reconoce una omisión o un mal actuar", comentó Cynthia Tapia, quien también acudió al procedimiento abreviado realizado ayer.

DOBLE DISCURSO

Respecto a este último punto, los profesionales afirmaron que tratarán de armar un frente común entre todos los abogados querellantes de la zona que están involucrados en la causa, con la finalidad de presentar una propuesta conjunta a la autoridad política para que los afectados sean indemnizados.

"No es posible que haya discursos dobles por parte del Fisco o el Estado. Por un lado, ex autoridades y la misma Presidenta Michelle Bachelet, afirmaron que hay grado de responsabilidad por parte del aparato público, pero, al mismo tiempo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no reconoce esto. No se justifica esperar a que termine un juicio oral y haya condenas para que las víctimas sean indemnizadas y terminar con su frustración", indicó Cynthia Tapia.

En los hechos que son investigados por el Ministerio Público se encuentra una lista 156 fallecidos a causa de los hechos ocurridos el 27/F, además de otros 25 desaparecidos que dejó como saldo el violento movimiento telúrico y posterior ingreso del mar a las zonas costeras. El terremoto y maremoto cobró la vida de personas que se encontraban principalmente en Juan Fernández, Llo Lleo, Cartagena, San Antonio, Pichilemu, Litueche, Constitución, en donde se registraron 45 fallecidos y 9 desaparecidos, Pelluhue, Curanipe, Talcahuano, Dichato, Tomé, Lebu, Isla Mocha y Tirúa. La Fiscalía tiene la convicción que existen delitos culposos en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población.

La ordenanza municipal que restringe el paso de camiones con pesos superiores a las 5 toneladas por calle Corcovado de Coronel va a regir de todas maneras a partir de hoy, puesto que la Corte de Apelaciones de Concepción no dio a lugar a la orden de no innovar que buscaba detener la medida.

Según explicó el abogado representante de la Cantera Santa Bárbara, Renato Fuentealba, el recurso de protección por esta materia fue admitido por el tribunal de alzada, lo que significa que éste cumplía con los requisitos formales exigidos para estas acciones.

Sin embargo, no se dio a lugar a la orden de no innovar que acompañaba el recurso, razón por la cual el profesional preparaba ayer un recurso de reposición para pedir enmendar la decisión, el que sería presentado, a más tardar, durante la jornada de hoy.

Respecto al otro recurso de protección presentado por la empresa Áridos Geometra, por la misma situación, quedó pendiente su admisibilidad, puesto que le faltaban antecedentes formales.

RIESGO PARA VECINOS

Como se informó, el Concejo Municipal de Coronel aprobó la ordenanza que prohíbe el tránsito de vehículos pesados por la mencionada arteria, la cual conecta con el camino a Patagual.

La determinación edilicia se fundamenta en los eventuales riesgos para los vecinos el constante paso de camiones por el lugar, además de los daños que producen en la vía.

Personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Coronel detuvo a una mujer de 40 años, imputada del delito de microtráfico, puesto que fue descubierta intentando ingresar dos contenedores con marihuana al Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de esa comuna. La mujer fue a visitar a su hijo de 19 años, quien cumple condena por robo en ese recinto. En momentos que personal de Gendarmería revisaba a la mujer, se encontró uno de los contenedores en el plantar de una zapatilla. El Ministerio Público solicitó a la Bicrim que se hiciera cargo de revisar a la mujer, logrando encontrar otro contenedor con marihuana en su ropa interior, sumando en total 15 gramos de marihuana, informó la policía uniformada.

La Corte de Apelaciones de Concepción admitió los 2 recursos de protección interpuestos por el Ministerio Público en contra de 2 jueces de garantía que ordenaron revelar las identidades de testigos secretos en igual cantidad de causas.

Junto con determinar admisibles los recursos, el tribunal de alzada dio a lugar las órdenes de no innovar que acompañaban cada acciones jurídicas, con lo que, hasta que no se resuelva el fondo de la materia legal, no serán entregados los nombres a las respectivas defensas.

Uno de los casos se refiere a la investigación en contra del joven Emilio Berkhoff, quien es acusado de delitos de incendio, robo con intimidación y porte ilegal de arma y municiones en la Provincia de Arauco. La Fiscalía cuenta con 14 testigos secretos como la base de la prueba.

La otra causa se relaciona con 8 testigos con identidades reservadas en la persecución penal contra 4 personas formalizadas por delitos de incendio con resultado de muerte, lesiones menos leves y amenazas en el sector de Tucapel Bajo, en Concepción.

Los jueces recurridos deben entregar un informe sobre sus resoluciones en un plazo no mayor a 8 días.

Un apoyo fundamental para las tareas de salvataje en alta mar, vigilancia y control de las aguas jurisdiccionales entregará el Patrullero de Zona Marítima OPV 83 "Marinero Fuentealba", el que fue construido en los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) de Talcahuano.

La inauguración de la embarcación, la que prestará servicios a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) de la Armada, se efectuará el jueves 3 de abril y, según se indicó, cuenta con mejores capacidades que las anteriores 2 unidades similares creadas en Asmar, OPV 81 "Piloto Pardo" y el OPV 82 "Comandante Toro".

Entre las especificaciones técnicas del nuevo patrullero destacan su eslora total (largo) de 80,60 metros y manga (medida transversal) de 13 metros. Tiene capacidad para transportar 62 personas y una velocidad máxima de 20 nudos (poco más de 37 kilómetros por hora).

Se agregó que tiene una autonomía de 30 días de operación y un radio de acción de 8 mil millas náuticas a una velocidad de 12 nudos (alrededor de 20 kilómetros por hora).

HISTORIA

El nombre con el que será bautizado el patrullero rinde homenaje al famoso marinero Mario Fuentealba Recabarren, quien registra reiteradas acciones de valentía durante su paso por la Armada de Chile.

Dentro de estas hazañas se recuerda el rescate de un sargento embarcado en el remolcador "Huemul", en 1961. Producto del fuerte oleaje presente en la Bahía de Concepción, el oficial cayó al agua y Fuentealba lo salvó. Esto le valió recibir la medalla "Al Valor".

Pero el hecho más destacado de la vida de Fuentealba ocurrió cuando su embarcación, el patrullero "Leucotón" varó al sur de Corral en 1965. En la oportunidad 2 escampavías fueron a su rescate, pero una de ellas, la "Janequeo" quedó atrapada en roqueríos. Fuentealba logró salvar a 3 marineros de esa nave y cuando trató de salvar a un cuarto tripulante, una gran ola se lo llevó.