Durante la presente jornada deberían ser conocidas por la Corte de Apelaciones de Concepción las órdenes de no innovar que acompañan los recursos de protección en contra de la determinación del municipio y el Concejo Municipal de Coronel de impedir el tránsito de camiones con peso superior a 5 toneladas por la calle Corcovado, la cual se conecta con el camino a Patagual.

Como se informó, a partir del 1 de abril empezaría a regir la ordenanza municipal que determina este impedimento para los vehículos de carga, esto en busca de evitar riesgos a los vecinos del lugar y cuidar las calles del sector.

Esta situación hizo reaccionar a 2 empresas, Cantera Santa Bárbara y Áridos Geometra, las cuales se sienten menoscabadas en sus derechos constitucionales de ejercer una actividad económica lícita, entre otras garantías aseguradas por la carta fundamental.

De esta manera, ambas presentaron las acciones legales descritas. Renato Fuentealba, abogado de Santa Bárbara, comentó que tiene la esperanza que hoy sean resueltas las órdenes de no innovar, puesto que la ordenanza comienza a operar mañana.

Agregó que otras empresas que funcionan en el sector se han acercado, puesto que también opinan que son afectadas con la decisión edilicia.

VÍA ALTERNA

Una de las quejas esgrimidas por las empresas es que el cierre de la calle Corcovado significaría dar toda la vuelta por el camino a Patagual y luego dirigirse a la Ruta 160, generando más congestión que la que ya existe hoy.

Consultado acerca de esta situación, el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal afirmó que habló con su par coronelino, Leonidas Romero, quien le aseguró que el atochamiento mencionado no se generaría, puesto que existe un camino que conecta con la vía a Patagual y tiene salida a Lota.

"Se trata de un camino de ripio que y que une con Lota, por lo que me aseguró que no se producirían problemas al respecto", dijo el jefe comunal sampedrino.

Retamal agregó que sería lamentable que esta situación repercutiera en San Pedro de la paz y en general en quienes viajan por la 160, ya que Carabineros comenzó un buen trabajo de agilización de flujos vehiculares en la mencionada arteria.

Los intentos del Ministerio Público por mantener la identidad de testigos secretos no sólo se limitan a la causa que se lleva en contra de Emilio Berkhoff, puesto que algo similar ocurre en la investigación por los incendios que destruyeron 9 viviendas y mataron a una persona en el sector de Tucapel Bajo, en Concepción.

El viernes pasado Julio Contardo, fiscal regional, y Carmen Barra, jefa de la Unidad de Protección de Víctimas del ente persecutor en nuestra zona, presentaron un recurso de protección contra May-Lin Wong, jueza de garantía de Cañete que ordenó levantar la reserva de identidad de 14 testigos en la investigación de Berkhoff, pedida por la Defensoría Penal Pública.

Los profesionales hicieron lo mismo en contra del magistrado Carlos Aguayo Dolmestch quien adoptó levantó el secreto de identidad de 8 testigos por Tucapel Bajo por petición de la defensa privada de los imputados.

Los 2 recursos vienen acompañados órdenes de no innovar y son el último recurso de la Fiscalía para lograr su objetivo.

VENGANZA CON FUEGO

Mientras que en el caso de Berkhoff la resolución de Garantía de revelar las identidades se dio mientras estaba abierta la investigación, respecto a los imputados por los incendios la decisión se suscitó cuando el Ministerio Público ya había acusado y se iba a efectuar la audiencia de preparación de juicio oral, la que finalmente quedó "congelada" hasta que no se resolviera la materia.

El caso de Tucapel Bajo se remonta a otro ilícito anterior, ocurrido el 15 de agosto de 2013, cuando Richard Mora Pérez fue asesinado a pocas cuadras del centro penquista, siendo detenido por este hecho Yerko Lastra Vidal.

Mora Pérez pertenecía a una familia de Tucapel Bajo vinculada con el tráfico de drogas. Asimismo, Lastra también tiene conexiones con este tipo de delitos.

Como venganza, los familiares de la víctima intentaron quemar una vivienda del sector penquista la misma noche del ajusticiamiento, sin conseguir su propósito.

Sin embargo, la madrugada del 18 de agosto los acusados lograron su objetivo, prendiendo fuego a 2 viviendas de familiares de Yerko Lastra. Las llamas se propagaron a otros 7 inmuebles más. Asimismo, el bisabuelo de 99 años de Lastra, Pedro Castillo Saavedra, falleció por los siniestros.

LOS ACUSADOS

Los 4 acusados por estos ilícitos son Jordano Aguayo Mora (24), Misael Mora Huichacura (22), Nolberto Mora Pérez (42) y Elías Pérez Ayala (20).

Según informó el Ministerio Público, son 3 los hechos por los cuales se acusó al grupo. El primero recae sobre Jordano Aguayo y Nolberto Mora, por el incendio frustrado antes mencionado.

A Misael Mora se le acusa porque el 16 de agosto amenazó a una persona que quemaría su casa.

Finalmente, a los 4 se les imputa que a las 3.45 horas del 18 de agosto vertieron gasolina en muros y accesos de 2 viviendas, a las que encendieron fuego, el que se extendió a otras 7 casas. A Aguayo Mora también se le responsabiliza de lesiones menos graves a un morador de una de las viviendas.

Fiscalía pide para Aguayo Mora penas que suman más de 30 años de cárcel por todos sus delitos imputados, Mora Huichacura alrededor de 20 años, Mora Pérez cerca de 23 años y Pérez Ayala 15 años de prisión.

Es posible que los recursos de protección del Ministerio Público sean vistos hoy, o por lo menos se resuelvan las órdenes de no innovar que vienen aparejadas con éstos. De igual manera, cabe recordar que la Defensoría Penal Pública, la cual representa a Emilio Berkhoff, solicitó la revelación de las identidades de los 14 testigos secretos del caso, respaldados en la confirmación que hizo la Corte de Apelaciones de Concepción de la decisión que adoptó la jueza de garantía de Cañete. En este mismo caso ya corre el plazo de 10 días para que la Fiscalía haga la respectiva acusación y poder preparar un juicio oral en contra del joven imputado de incendios y robos con intimidación.