Este año marzo no sólo se ha notado con los gastos en útiles y uniformes escolares, sino que un nuevo dolor de cabeza se sumó a las familias chilenas. Durante ocho semanas consecutivas, el precio de las bencinas no ha dado tregua a los automovilistas, colectiveros, transportistas escolares, microbuseros entre otros, llegando a situarse en valores récord. Recién estas semana se estima que se produciría la primera baja en el precio, sin embargo, el tema está asentado en la agenda pública.

Recientemente, los gremios del transporte han anunciado que analizan la posibilidad de traspasar a los usuarios el aumento del costo que significan los actuales valores del combustible. Sin duda, sería un golpe más a las familias de escasos recursos que débilmente podrá ser superado con el Bono Familiar Permanente de Marzo que acaba de promulgar el Gobierno, el que considera un aporte de $40 mil a cerca de un millón 600 mil personas.

La molestia ciudadana se manifiesta por el bajo aporte que ha significado el Sipco para frenar el impacto de estos incrementos en el precio de las bencinas.

El Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (Sipco) funciona desde febrero de 2011 y fue creado por la Ley Nº 20.493 con la finalidad de establecer un mecanismo de protección ante las variaciones en el precio internacional de los combustibles, a través de una componente variable que se resta o se suma de la componente base del impuesto específico a los combustibles, cuando existe un crédito o un impuesto respectivamente, que es determinado por la diferencia entre el precio de paridad de importación y los límites superior o inferior de la banda de precios de referencia para cada combustible.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha reconocido que el Gobierno evalúa su funcionamiento para su posible reformulación ante la creciente sensación pública de que este instrumento no está protegiendo efectivamente al consumidor. En efecto, el propio ministro agregó que no forma parte del programa de Gobierno eliminar el Impuesto Específico a los Combustibles, toda vez que incluso se está trabajando una reforma para aumentar la carga tributaria.

En el corto plazo, entonces, no hay perspectivas de un alivio a los bolsillos de los chilenos.

Una economía que crece, un aparato estatal eficiente, reducción de la pobreza, reconstrucción de los daños materiales después del terremoto, son algunas de las cosas que dejó Sebastián Piñera. Una herencia cuantificable. Lo que no pudo dejar fue un gobierno que continuara eso.

Aunque los números sean buenos nunca están completamente bajo el control del gobierno de turno. La economía chilena, aunque no nos guste admitirlo, todavía es extremadamente dependiente del cobre, y su precio no es algo que esté sujeto a ningún gobierno. Los antiguos (recuerdo a mi querido Boecio) tenían siempre presente que los bienes de fortuna -diosa caprichosa- eran mudables y lo que un día estaba arriba al otro podía caer. Además, una economía sana por una buena gestión puede ser erosionada rápidamente si se cometen los errores necesarios. Herencias cuantiosas han sido despilfarradas en un par de años por herederos poco previsores.

No estaría demás mencionar también que un estilo de gobierno enfocado en los números, con cero empatía y manejo de emociones, dejó pavimentado el camino para una candidata afectiva como Michelle Bachelet.

La institucionalidad, un gobierno transparente y con poca corrupción, también puede verse menoscabada en poco tiempo. No es que el gobierno de Piñera la haya hecho más fuerte, de hecho, quedó establecido temprano en el último gobierno que la presión de unos pocos bien organizados puede echar abajo proyectos estudiados durante años, a intendentes o incluso a ministros.

Es por esto que para hablar de un legado es vital tener continuidad, que no la hubo. Tampoco hubo durante el gobierno de Piñera un ethos que pudiera guiar a sus adherentes con o sin un nuevo gobierno. Podría haberlo habido: hacer las cosas bien, expandir la libertad económica, trabajar eficientemente son elementos del bien común; pueden encuadrarse en el marco más amplio de una sociedad ordenada, estable y libre. Descuidar estas cosas es usar el Estado para beneficio privado (la peor de todas, las "privatizaciones"). Es lo que hizo la Concertación, que aprendió mil maneras legales de transferir los impuestos de todos los chilenos a los bolsillos de sus partidarios.

Cualquier gobierno que se tenga que preocupar por señalar y construir su legado muestra que no lo tuvo. Por otra parte, el mejor custodio del legado de un gobierno es un gobierno afín. Pero Piñera le dejó algo al país: una suerte de esperanza. Después de años de corrupción que llevan al agotamiento (contra un mal candidato, producto de ese agotamiento) la hegemonía de la izquierda puede ser quebrada. Ahora, no sabemos cómo funcionará esto con el voto voluntario, que también es algo que dejó Piñera.