Los primeros días del nuevo gobierno han estado cruzados por las polémicas respecto de los fallidos nombramientos de autoridades, las renuncias esperadas que no se han concretado por parte del equipo anterior; la desvinculación de funcionarios y otra serie de situaciones que se repiten en prácticamente todo el país, con diversa intensidad.

Nuestra Región del Bío Bío no ha estado libre de este panorama, con profesionales de confianza que no se fueron de sus puestos cuando la corrección aconsejaba hacerlo; despidos de trabajadores que no cumplen labores políticas; creación de cargos o amarres y hasta la solicitud de renuncia a jefes de servicio cuyo nombramiento se hizo a través de la Alta Dirección Pública.

Todo esto ha generado (en la Región y en otras ciudades también) declaraciones múltiples, en las cuales los voceros de la actual y la previa administración aseguran por igual, que hay empate: "todos los gobiernos hacen lo mismo, para instalar a su gente y nadie se debe quejar, cuando se le paga con la misma moneda".

Este pragmatismo realista en extremo puede ser cierto o acostumbrado en el mundo de los partidos y de quienes detentan el poder por turno; pero ante los ojos de la comunidad, es un triste espectáculo. Ver a algunos aferrándose a sillas que siempre supieron que debían abandonar; y a otros, desalojando espacios para cobrar antiguas deudas o pagar nuevas, genera inseguridades y añade un argumento más al desprestigio que sufre la actividad política chilena.

Además, estas discusiones alejan la mirada del foco en que realmente debe estar, que es una evaluación equitativa del trabajo realizado y el comienzo rápido de un nuevo proyecto político, elegido por la ciudadanía.

También demoran innecesariamente la continuidad de las labores estatales, que van (o deberían ir) más allá del color de quien gobierne, pues apuntan a aplicar medidas y beneficios para la comunidad.

Ante esta realidad, resulta evidente que faltan reglas y políticas más claras para los traspasos de mando, o que se necesita capacitar mejor a quienes deben aplicarlas.

El fallecido obispo Carlos Camus tuvo un activo papel en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar. No sólo estuvo a cargo de la Diócesis de Linares, también fue secretario general del Episcopado. Ello le ganó admiradores y detractores.

Hace casi 40 años, monseñor Camus protagonizó un llamativo episodio que lo colocó en la mira de las autoridades. Debido a que un periodista no respetó el compromiso de mantener en reserva () ciertas declaraciones suyas, se generó un áspero debate de ribetes políticos.

El 30 de septiembre de 1975, los corresponsales extranjeros invitaron al obispo Camus a una reunión informativa como parte de una ronda de encuentros similares. Dadas las restricciones que sufría el periodismo, era habitual recurrir a conversaciones para obtener información de primera fuente.

Monseñor Camus habló "a calzón quitado". La mayoría de los asistentes respetó el acuerdo. Sin embargo, el periodista colombiano Álvaro Pineda de Castro entregó el texto integro de lo conversado a los diarios La Segunda y La Tercera.

La publicación, por el polémico contenido de los dichos del obispo, desató la ira de grupos afines al régimen. El cuerpo de generales y almirantes en retiro rechazó las supuestas "ofensas" del obispo a las señoras de algunos generales. La Asociación de Mujeres Periodistas hizo causa común con los militares. En cartas en los diarios se pidió la renuncia del obispo.

En este ambiente crispado, salió a luz el tema ético y el respeto al secreto profesional. La Asociación de Corresponsales reaccionó de inmediato pidiendo explicaciones al periodista Pineda. Este, en reunión con la asociación sostuvo que había sido invitado a "una conferencia pública de prensa". "Era obvio, dijo, que quienes estaban ahí tenían el propósito de transmitir a sus respectivos medios las declaraciones del obispo". Sostuvo que había hecho uso de las declaraciones porque no veía en ello "nada censurable"… "Ni como periodista ni como caballero tengo conciencia de haber violado principio ético alguno".

En votación secreta, la Asociación decidió expulsar a Pineda por "faltar gravemente a la ética". Del mismo modo, se acordó presentar públicas excusas al obispo Camus.

En 1975, aún no se creaba el Consejo de Ética de los Medios y el Tribunal respectivo del Colegio no tenía la estructura actual. En consecuencia, el caso no fue tratado en ninguna instancia de autorregulación.

Hasta hoy, sin embargo, es objeto de estudio en la cátedra de Ética Periodística en las escuelas de Periodismo.