Transcurrida más de una semana del cambio del mando, es justo y necesario valorar el rol que desempeñaron autoridades que, proviniendo del mundo privado, de manera generosa y sin intereses particulares ni agendas individuales, asumieron el desafío de ejercer un cargo público con el único objetivo de colaborar con el desarrollo de la región, como fue el caso del ex intendente Víctor Lobos del Fierro.

Con una notable trayectoria profesional y académica, aceptó el tremendo reto de liderar una región compleja, con múltiples necesidades y problemas no resueltos, sólo con el genuino afán de aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

En respuesta a una solicitud del Presidente de la República y sin que estuviera entre sus planes acceder a un cargo público ni gubernamental, postergó sus quehaceres privados para entregarse por entero a una labor de alta exigencia. No hay que olvidar que al comienzo fue recibido con críticas por parte de algunos sectores, que le reprocharon su carencia de manejo político.

Luego de casi tres años de ejercicio, se puede concluir que su falta de experiencia en cargos públicos no fue una dificultad en su gestión. Víctor Lobos instauró un estilo de puertas abiertas, fue capaz de dimensionar y ponderar en su justa medida todas las opiniones, logró tender puentes entre diversos sectores, ejerció su cargo con un enfoque inclusivo y fue el líder que la región necesitó ante situaciones complejas.

Al asumir el cargo en abril de 2011, le correspondió enfrentar la reconstrucción. Pasado el período de emergencia, se abocó a levantar una zona devastada por la tragedia. En esa tarea, su perfil técnico, su capacidad de organización y disposición a escuchar a los expertos de cada área le permitieron avanzar y de este modo mejorar la situación de miles de personas damnificadas.

Asimismo, no fue menor su aporte en la resolución de conflictos sociales, cuando su actitud ponderada, transparencia y capacidad de no dejarse influir por presiones indebidas ayudaron a llegar a buen puerto en escenarios complejos.

Uno de los legados que nos quedará de su gestión es el Teatro Regional del Bío Bío. Un proyecto largamente anhelado por toda comunidad, los recursos para su construcción fueron aprobados por los consejeros regionales, tras intensas negociaciones con el intendente Lobos. En éste y en muchos otros casos, la ex autoridad puso el bien común de la región por sobre cualquier otra consideración.

Profesionales como él, comprometidos y ajenos a cualquier interés personal, son los que la región requiere para alcanzar su desarrollo.

La Armada ha dado a conocer su preocupación por la gran cantidad de llamadas falsas que se recibieron esta temporada de verano al teléfono habilitado para emergencias en el mar, de preferencia para el rescate de personas.

En el período del 15 de diciembre de 2012 al 15 de marzo de 2013, hubo 1.043 falsas alertas, mientras en el verano 2013-2014 la cifra casi se triplicó, a 3.991, en las regiones Séptima y Octava. En el primer período, sólo 28 comunicaciones fueron reales, y 85 en el segundo caso.

El problema que enfrenta la Armada no es diferente al de las centrales telefónicas de Carabineros, de Bomberos o de los Servicios de Urgencia (Samu).

¿Qué motivará a algunas personas a hacer llamadas falsas, molestosas o insultantes a las centrales telefónicas de todos los servicios de urgencia y de emergencia? Es algo que cuesta entender, si se considera que en ocasiones significa desplazar vehículos y personal, o dejar de atender otras comunicaciones que sí son necesarias, porque podrían significar salvar una vida.

Se estima que en los Samu la mitad de los llamados corresponden a "bromas" o pitanzas. El año pasado Carabineros informó que sólo en el primer trimestre de 2013, cerca del 78% de las comunicaciones a su central en la Región del Bío Bío resultaron ser bromas de mal gusto, insultos o falsas alarmas.

Si la gran mayoría de los contactos telefónicos de emergencia que reciben la policía, los Bomberos, el Samu y la Armada son falsos, se comprenderá que sus autores quitan la posibilidad a las personas que de verdad tienen una alerta, y que -en cambio- encuentran las líneas saturadas.

El Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público y a las policías para acceder a la información del número de teléfono que realizó la llamada falsa. Incluso el artículo 222 los autoriza para intervenir y grabar las comunicaciones de una persona cuando hay fundadas sospechas de que cometió o participó en un delito sancionado con pena de crimen, es decir, más allá de cinco años de cárcel. Sin embargo, no resulta fácil perseguir las responsabilidades, si se considera el alto número de llamadas falsas.

En el Congreso está un proyecto que penaliza las llamadas falsas con reclusión y multas estas situaciones. Mientras no se resuelva este tema de la penalidad, será muy difícil perseguir responsabilidades.