El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió un 4,1% en el 2013, al compararse con el año anterior, según informó ayer el Banco Central (BC).

"Desde la perspectiva del origen, el principal impulsor del resultado fue el sector minería, seguido de comercio y servicios empresariales; desde la perspectiva del gasto, la demanda interna lideró la expansión", dijo el BC al dar a conocer las Cuentas Nacionales del país.

A nivel sectorial se observó un alza generalizada de la actividad, con la excepción de pesca, que exhibió una caída. Los sectores electricidad, gas y agua (EGA) y comercio destacaron como los de mayor dinamismo.

Con respecto a la demanda interna, el BC informó que ésta se expandió 3,4%, impulsada por el consumo total, que registró un alza de 5,4%, en tanto que la inversión incidió negativamente.

En el incremento del consumo total, predominó el mayor gasto de los hogares en bienes y servicios; aunque en menor medida, el consumo de gobierno también favoreció el resultado.

La inversión cayó arrastrada por una menor acumulación de existencias, la cual alcanzó una tasa de 0,4% del PIB.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, afirmó hoy que el crecimiento del PIB de 2,7% en el cuarto trimestre y de 4,1% en 2013 confirman que la economía chilena se encuentra en una franca desaceleración.

"Las cifras nos han estado dando la razón. Hay una economía desacelerada y, en ese sentido, la información que se entrega respecto de lo que pasó en el último trimestre con la inversión (-12,3%), confirma aquello", dijo Arenas.

El secretario de Estado afirmó que "necesitamos revertir esta tendencia, una economía que vuelva a tener dinamismo. Y, en ese contexto, desde el ministerio de Hacienda estamos trabajando todos los días".

Para el año 2014, Arenas señaló que el Banco Central ya ha anunciado que "va a haber un rango distinto al de diciembre en el Ipom y mirando hacia la baja. Eso es lo que se espera para 2014".

De acuerdo al BC, el resultado también se vio afectado por el desempeño de la formación bruta de capital fijo (FBCF), que registró una variación prácticamente nula, producto del alza de la inversión en construcción y otras obras y de la caída de la inversión en maquinaria y equipos.

En lo que respecta al comercio exterior de bienes y servicios, las exportaciones crecieron 4,3% y las importaciones, 2,2%.

Pese a que ayer el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, aseguró que, con la derogación del decreto 153 sobre consentimiento expreso, no se produce una situación de incertidumbre jurídica como han objetado desde los gremios empresariales, en la zona esto no es compartido del todo. Aunque también se ven aspectos positivos.

Alberto Miranda, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, sostuvo, en general, que le parecía preocupante la derogación de un decreto o ley. "Hoy día sacar una modificación, cuando todo está hecho no es conveniente. La industria lo encuentra muy preocupante", subraya. Indicó que no sabe cuál es la motivación para tomar una medida, pues no se puede estar cambiando las reglas del juego de esta manera, porque a la larga el consumidor también se verá afectado. Dijo que cada vez que hay un cambio de leyes drástica, por una cuestión que no es técnicamente estudiada en el momento justo, "crea desconcierto, desconfianza".

El decreto del gobierno anterior surgió a poco más de tres meses de que la Corte Suprema emitiera en abril de 2013 el polémico fallo que declaró ilegal el alza unilateral de comisiones de las tarjetas de crédito en el caso Cencosud; y de que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) eliminara tres capítulos de su Recopilación Actualizada de Normas (RAN), acabando con la posibilidad de ajustar unilateralmente las comisiones de los productos financieros.

Desde ambos hechos, los proveedores de créditos y tarjetas debían obtener, mediante diversos mecanismos, el consentimiento explícito de sus clientes para cambiar contratos.

Tras ello, el decreto 153 pretendía ordenar el tema y establecer formas en que los consumidores podían dar su autorización a estos cambios, como llamadas telefónicas o por internet, dejando constancia del consentimiento. El 19 de diciembre de 2013, la norma fue visada por la Contraloría y publicada en el Diario Oficial.

Ariel Yévenes Subiabre, economista del Centro de Estudios de Corbiobío, señaló que esta medida tiene efectos relevantes en términos de una mejor regulación de la relación proveedor cliente y fundamentalmente respecto de la cautela de los derechos del consumidor.

En ese sentido, agregó, se comprende que cabe hacer modificaciones de manera de tornar la relación más equilibrada y en el marco de relaciones más consensuales y de negociación efectiva entre proveedor y cliente, lo que a la postre va en la dirección de avanzar hacia el perfeccionamiento de los mercados, aun cuando pueda agregar ciertos pasos administrativos que también puedan burocratizar dicha relación y tornar más lentos los cambios y transformaciones de mercado.

Jeannette Kaz Silva, académica de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, dijo que evidentemente ha habido progresos en materia de transparencia e información, pero la idea es que estos avances no actúen en desmedro del consumidor y, por lo mismo, lo ideal sería posponer la derogación del decreto hasta cuando el proyecto nuevo sea aprobado, esto solamente a fin de no dar la sensación de "vacío" legal a nivel del consumidor. Todo avance en materia de transparencia y justicia hacia los consumidores es beneficioso, pero el sistema financiero debe estar regulado por un cuerpo normativo que no deje espacios vacíos para ambigüedades o duda alguna. La derogación del decreto puede ser un avance dependiendo de cómo sea reemplazado.

Claudio Ortiz, gerente de Retail Financiero, indicó a El Sur que sería bueno que se creará una ley que regule de una vez este sector y para ello están dispuestos a colaborar con el Ejecutivo. Sostuvo que al decreto nunca lo vieron como una solución total a los problemas de incertidumbre jurídica que, "se vino cuando la Superintendencia de Bancos derogó la circular (que regulaba el consentimiento de clientes ante modificaciones a contratos) generando un gran vacío en estas materias".

De acuerdo a datos de Retail Financiero, hasta el primer trimestre de 2013, el número de tarjetas bancarias con operaciones llegaba a los 6.312.822 y en el sector retail el número era de 4.462.481, lo que demuestra el alto número de clientes que tienen ambos sectores de la economía. A esto se suma que según la Superintendencia de Bancos a Instituciones Financieras (Sbif), a diciembre del año pasado en el país existían 2.880.789 cuentas corrientes, que se suman a las cuentas vistas, que llegaban a las 14.823.810.