En los últimos meses, los consumidores en Chile se han visto afectados por una tendencia alcista en el precio de los combustibles, que desde noviembre, acumulan 130 pesos para la bencina de 95 octanos, que ha llevado a cuestionar el llamado Sistema de Protección al Contribuyente (Sipco), para atenuar los efectos del precio internacional del petróleo.

Este sistema opera usando bandas de precios referenciales, que en caso de exceder la banda superior, se procede a rebajar el impuesto específico y viceversa en caso de ubicarse bajo la banda inferior. No obstante, sus resultados no han sido los esperados por los usuarios.

Pero lo cierto es que el Sipco, desde su implementación ha contemplado su actuación, cuando el precio internacional del petróleo, gatilla los precios internos de los combustibles. Esto explica la no actuación de este sistema, a pesar de los incrementos en los precios de los combustibles, ya que en los 4 últimos meses, las alzas responden mayoritariamente a un aumento en el precio del dólar (no considerado por el sistema para los ajustes), lo cual encarece las importaciones de petróleo, que terminan por traspasarse a los combustibles.

La tendencia alcista del dólar, que ya alcanza a los 577 pesos, explica casi el 65% de las alzas en los combustibles, ante lo cual no puede ser usado el Sipco. Preocupa el actual escenario internacional por los problemas que afectan a China, por los ajustes en su economía, los problemas de solvencia en su sistema financiero que han llevado a fuertes caídas en el precio del cobre que lo sitúan en 2,95 dólares la libra, una caída del 12,1% acumulado este año.

Si a esto se suma, la disminución del estímulo monetario en EE.UU, la disminución del crecimiento de China, las rebajas internas en nuestra tasa de interés, que pueden afectar la llegada de inversionistas extranjeros, la resultante es un disminución en la oferta de dólares para Chile, y por tanto, nuevos aumentos en el precio del dólar, lo cual llevaría a nuevas alzas en los combustibles por el efecto dólar, y no por aumentos en el precio internacional del petróleo.

Más allá del alza en los precios de los combustibles, vale la pena detenerse una vez más en la necesidad de buscar fórmulas de solución a nuestro problema energético, por sus efectos no sólo en los costos que genera a las empresas y consumidores, y la pérdida de competitividad, sino que también, por los impactos que ya se muestran en la inflación. Este escenario, debe llevar a las nuevas autoridades a revisar y evaluar el funcionamiento del Sipco, y a una redefinición de una nueva política energética para el país.

Parlamentarios de la Alianza han hecho saber su inquietud respecto a eventuales "despidos masivos", cuando recién comienza a instalarse el nuevo gobierno que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet.

El diputado UDI Gustavo Hazbún declaró que "nos parece gravísimo que exista una actitud revanchista", mientras que el diputado RN, José Manuel Edwards, tildó de razzia el proceso de desvinculación de personal. Fue la Presidenta quien, consultada frente a esta denuncia de despidos masivos, dijo que "durante el Gobierno anterior hubo 11 mil o 12 mil personas exoneradas, ¿se refiere a eso?" Posteriormente precisó que "lo que es nosotros, acabamos de llegar al Gobierno, y lo que le hemos pedido a los ministros es que todos aquellos cargos de confianza -y por lo demás lo acordamos con el Presidente Piñera-, como se hace en todos los Gobiernos, renuncian el 10 de marzo".

Estos antecedentes dan cuenta de una dinámica que ocurre comúnmente con cada cambio de administración en el país, pero que en el caso de la llegada de la Alianza al Gobierno, hace cuatro años, mostró un matiz distinto debido al diametral giro en el mando del país, donde las modificaciones en los cargos de confianza serían mayores a los que se dieron durante las transiciones ocurridas en los 20 años en que la Concertación estuvo en La Moneda.

También ha llamado la atención el doble estándar de la Anef, cuyo presidente, Raúl de la Puente, cuestionó ayer las denuncias por despidos, calificándolas como "una campaña política". En mayo de 2010, el mismo dirigente denunció que "más de mil funcionarios del sector, que estaban a contrata u honorarios y no eran de confianza política, han sido finiquitados por el nuevo gobierno de Piñera."

Sin entrar en juicios de valor respecto a este tema, cuyos matices varían de administración en administración, los hechos muestran lo necesario que es el fortalecimiento de la función pública, en la que alrededor de un tercio de sus trabajadores son personal de planta. Además, el ex ministro Sergio Bitar planteó la necesidad de perfeccionar y dar estabilidad al Sistema de Alta Administración Pública.

El alto porcentaje de trabajadores a honorario y contrata deja en evidencia una condición laboral precaria e inestable que debe abordarse para entregar mejores garantías a funcionarios que no necesariamente ejercen labores de confianza. Esta tarea puede también evitar discusiones y polémicas que generalmente se dan con cada cambio en los gobiernos.