Recientemente se dieron a conocer los resultados del Índice de Calidad de la Justicia (Ipjud), que cuantifica la valoración de las funciones del Poder Judicial, a través de la evaluación de categorías que se miden porcentualmente, tales como "acceso a la justicia", "fortalecimiento institucional", "transparencia y difusión", "derechos de las personas y sustentabilidad", entre otras.

El indicador analizó ocho categorías, cada una con una ponderación particular, las que consideran el quehacer judicial junto a la percepción de los usuarios, abarcando 700 indicadores. La herramienta consideró, así, la recolección de datos estadísticos del Poder Judicial, además de encuestas a funcionarios integrantes, como abogados, jueces, administradores y expertos.

La valoración que en general obtuvo el Poder Judicial fue de 71,23%. En Concepción, la evaluación fue de 71,92% y en Chillán, 73,28% . La Corte de Apelaciones mejor catalogada en el país fue la de Coyhaique (76,04%).

Sin duda, esta herramienta responde a la necesidad de medir para conocer, como lo explicó el mismo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien comentó que "no va a quedar nada sin ser observado", considerando que este indicador se inspira en otros sistemas de medición, como el IPC. También se transforma en un punto de análisis fundamental para detectar avances.

Se debe considerar que las actuales cifras corresponden a una primera experiencia que tardó dos años en conocerse. Se entiende, entonces, que han existido avances que se podrán conocer en una próxima entrega de resultados, cuya periodicidad está por definirse, pero que en el fondo, dan cuenta de la voluntad que existe en el Poder Judicial por transparentar su labor a la comunidad.

Existe en la ciudadanía la percepción de que todos los esfuerzos que realizan las policías y el Ministerio Público para hacer frente a la delincuencia, se esfuman cuando se pone en funcionamiento la llamada "puerta giratoria de la justicia", que permite a los malhechores salir impunes y sentirse más seguros para continuar atacando. Es efectivo que la ciudadanía ve con lejanía a este Poder del Estado, sin embargo, también se ha visto un notable avance por mejorar en esa dimensión. Todo lo que sea transparencia es bueno para el país, para las instituciones y la confianza depositada en éstas.

Somos los del pecho hinchado en el barrio, tal como mostró el comediante Jorge Alís durante el Festival de Viña. Un bonaerense que imite a los chilenos en el principal escenario televisivo nacional, mostrándonos nuestra soberbia, altanería y arrogancia, es el testimonio de que más allá de las estadísticas nos creemos el cuento de ser miembros de la Ocde; y demasiado.

Vemos con espanto la crisis venezolana; pensando que pese a los movimientos sociales nuestra democracia está "madura". Miramos con desdén los emplazamientos bolivianos, creyéndonos serios. Y de reojo observamos que en Argentina sale literatura explosiva sobre su Mandataria, como "La Dueña" de Nicolás Wiñazki, cosa impensable a este recatado lado de Los Andes.

Chile se ha vuelto una sociedad más exigente, para muchos más evolucionada. No solo las marchas callejeras le hacen pelea al reinado del paseo por el mall, también hay un ejercicio periodístico más audaz en lo investigativo y más abierto en lo opinativo, el que sumado al posicionamiento de algunas ONG y fundaciones como "Ciudadano Inteligente" hacen que el test tenga la escala cada vez más alta.

Las "yayitas" de dos designadas ministras, tres subsecretarios, dos intendentes, y el consecuente cambio en tres nombramientos, demuestran que la prueba de la blancura llegó para quedarse. Partió con el conflicto de interés, que arrinconó a la administración saliente, pero promete seguir dando que hablar en la entrante y las futuras.

Pero, ojo, cuando ese ejercicio se aplica sobre los favoritos del voto popular, otro gallo canta. Pensemos solo en un ejemplo: ¿Cómo pudo volver a ser escogido alcalde en 2012 un político nortino que en 2007 fue inhabilitado para ejercer cargo público por fraude al fisco? Más allá que la restricción legal durara cinco años, ¿cómo puede tal antecedente no ser decisivo en las urnas?

No nos engañemos: El nivel de popularidad en el electorado es la unidad de medida del éxito político en el país. Haber estado envuelto en un escándalo, del tipo que sea, pasa a segundo plano cuando se goza de la simpatía o la gratitud de la mayoría; no importa cuanto llore y patalee la masa crítica. Contra ese poder atávico, entrañable, emocional, el ala inquiridora de este nuevo Chile la tiene difícil.

Muchos se parten el seso pensando en el cumplimiento del programa, la existencia de un relato o el respeto a los valores fundamentales. Otros idean bonos, prebendas y diversas formas de asistencialismo que, como los baobabs que podaba El Principito, van envolviendo a la gran masa electoral. Y hay quienes simplemente gozan del cariño ciudadano y saben canalizarlo en votos hasta volverse incombustibles.

Bueno que nos pongamos "aguja", que les exijamos idoneidad a los políticos; pero lo ideal es que sea con todos, no solo con los designados. Resulta al menos paradójico que para algunos juicios morales tengamos memoria de décadas y para otros solo de corto plazo. No perdamos de vista el ojo ajeno, pero sobre todo el propio