Los que en 2010 eran enormes edificios con departamentos habitados u oficinas en venta, hoy sólo son un perímetro de tierra, unas bases polvorientas, imposibles de dividir entre las familias que vieron demoler sus hogares tras declararse la construcción como inhabitable, con aquellas conocidas marcas de pintura roja.

Condenadas las familias a la resignación, la mayoría de las estructuras dañadas por la catástrofe terminaron ya su proceso de demolición (ver infografía arriba) y sus moradores ya se asentaron en otro sitio, utilizando seguros u otros medios.

Sin embargo, la historia para algunos aún no finaliza, particularmente para quienes vivieron en los edificios Plaza del Río en Concepción y en el edificio Nº3 del condominio Los Acacios, de San Pedro de la Paz. Ellos están a la espera de un informe, a cargo del Ministerio del Interior, que decretaría la demolición de la torre B del primer edificio (la torre A ya está demolida) y de la demolición completa en el segundo (infografía, extremo derecho).

Por ahora, sólo pueden limitarse a ver, poco a poco, cómo sus viviendas se convierten en ruinas urbanas, en la incertidumbre tras cuatro años de lucha, con un cambio de gobierno encima y sin otra opción que esperar una respuesta.

Haciendo historia, y tal como lo relata el dirigente de la comunidad del edificio Plaza del Río, Guillermo Ruz, desde que se inició el proceso de demoliciones, el Ministerio del Interior aportó los recursos necesarios para la labor, siendo el MOP el ejecutante de las obras mediante licitación.

Bajo esta modalidad se hicieron las demoliciones, pero en el caso del Plaza del Río y el edificio de Los Acacios, "quedamos entre Tongoy y Los Vilos", expresó Ruz, porque sólo se demolió el cuerpo A del Plaza del Río, quedando el B en un proceso de evaluación del ministerio junto a la edificación sampedrina.

Se confirmaron los recursos en 2013 para este estudio y se dio un plazo de 90 días. Pero, según dijo Ruz, recién el informe se entregó al ministerio a fines de diciembre y aunque le han comunicado que se entregará, aún no hay respuesta. "Estamos en el limbo, no sabemos cuál es el pronunciamiento del ministerio como organismo que se encargó de esto", expresó.

En Los Acacios hay cuatro edificios, tres de ellos habitados. Son 20 propietarios del edificio Nº3 los que aún no tienen solución. El representante del edificio, Francisco Paredes, expresó la misma incertidumbre. "Han pasado diez meses y todavía no sabemos nada", dijo, preocupado por la situación. "No se explica la burocracia. Aquí hay alguien que no está haciendo bien su pega, hay algo que no funciona y me parece raro", agregó.

Incluso, su situación va más allá. "Uno se acostumbra a ver un elefante blanco. La gente pregunta, hay incertidumbre, pero a estas alturas el tema a uno le resbala. Hay propietarios que aún tienen la esperanza de poder recuperar su departamento, piensan que esto se a a revertir, pero siendo frío, no creo que pase".

Durante todo el proceso de demolición y búsqueda de soluciones, las ayudas fueron pocas. Guillermo Ruz recordó, entre algunos detalles, que sólo dos parlamentarios colaboraron firmemente e, incluso, silenciosamente: el RN Frank Sauerbaum y la DC, Ximena Rincón (ver recuadro de la izquierda).

Fueron, aunque suene imposible, las pocas puertas que se abrieron. "Con los seguros se robó a destajo y se incumplieron un montón de obligaciones hacia los asegurados. Se demoraron meses en pagarle a la gente y cuestionaron todos los pagos. La gente con ayuda de subsidios logró con dificultad armarse de nuevo", recuerda Ruz.

"Cómo no vas a sentir impunidad cuando el Estado no te ayuda, los bancos te dan la espalda, cuando las empresas te cierran la puerta y se escudan en un 8.8. La gente no tiene qué hacer y tira la esponja. Eso repercute en la relación con su familia, de ahí las depresiones, separaciones, un tema de salud del que el Estado no se ha hecho cargo", concluyó el dirigente.

La Compañía de Refinado de Azúcar de Viña del Mar, CRAV, se asentó en Penco bajo el nombre CRAV-Penco al rededor de 1924, aunque cerca de diez años antes, la compañía de Refinería Sudamericana de Azúcar ya funcionaba en la zona, con una villa donde vivían sus trabajadores.

Este sector patrimonial en Penco aún se conserva, pero fue dañado por el terremoto de 2010. "Hubo una postulación en 2011 y se asignaron subsidios, pero no se ha podido llevar a la práctica. Hay casas terminadas a medias, estuvieron intervenidas casi un año, los pisos se hunden y en los techos hay goteras", indicó Gabriela Ibáñez, una de las vecinas del lugar, explicando que la indefinición respecto a su situación ha representado un desgaste para la población, en gran parte, adulto mayor.

En Crav, según la información entregada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, fueron asignados 48 Fondos Solidarios de Vivienda (FSV), de los cuales 44 están iniciados y 17 terminados.

A nivel regional, se entregaron producto de la reconstrucción 801 de estos fondos, con 654 de ellos iniciados y 229 terminados. Además, se otorgaron un total de 1.234 Programas de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), de los cuales existen 1.237 iniciados y 733 ya terminados.

La mayoría se concentran en comunas como Lota, con 700 proyectos, y Coronel, con 261 en sectores como Puchoco-Schwager y Maule. Chillán, Penco y Tomé, en el sector Bellavista, también están dentro de las comunas con más asignaciones.

Todos corresponden a viviendas patrimoniales.