De la misma manera como lo hicieron el martes pasado, las peritos del Servicio Médico Legal de Santiago, quienes forman parte del equipo investigador del reabierto Caso Matute, continuaron ayer la revisión de la documentación de la causa cuando ésta era indagada hace 10 años. Esta labor forma parte de la meta pericia iniciada luego de la exhumación de los restos óseos de Jorge Matute Johns, efectuada el pasado 24 de enero. De la misma manera como se efectuó en la jornada inicial, las profesionales se mantuvieron encerradas ayer en dependencias del Centro Patrimonial de la Corte de Apelaciones de Concepción para contar con privacidad en la tarea desarrollada. Estaba pronosticado que este segundo día fuera el último de la faena de las profesionales.

Funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Concepción, detuvieron a un sujeto de 20 años, quien circulaba libremente por la Vega Monumental de Concepción portando un arma de fuego de alto calibre, además de varios cartuchos en su cargador. El detenido quien tenía antecedentes policiales por los delitos de violación de morada, receptación, tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego y ayer fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para enfrentar los cargos por porte ilegal de arma de fuego.

Los niños de la Región del Bío Bío consideraron al respeto como su derecho menos considerado según la quinta consulta "Mi opinión cuenta", realizada por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Se trata de un instrumento desarrollado por la mencionada repartición pública desde 2004, en el que, frente a un listado de derechos, los niños deben elegir los más y menos respetados.

REFLEJO LOCAL

La última encuesta fue llevada a cabo el año pasado en todo el país y nuestra zona registró la mayor participación, luego de la Región Metropolitana, con un 11,5% del total nacional, informó el servicio.

En Bío Bío votaron 9.327 niños y niñas de entre 6 y 18 años, pertenecientes a 30 comunas locales. La ejecución del sufragio la realizan los propios niños y niñas, involucrándose en el proceso, donde se utilizan votos y urnas al igual que en las elecciones normales.

LECCIÓN

El director regional de Sename, Robert Contreras, destacó la toma de conciencia que están adquiriendo los menores.

"Nuevamente en esta consulta aparece como el derecho menos asumido el respeto, sin importar color de piel, condición física, ni el lugar donde se vive, lo que, por una parte, demuestra que han tomado conciencia de la importancia del respeto al otro y a sus diferencias. A la vez, es un llamado de alerta a los adultos para redoblar los esfuerzos en esta área y generar más acciones que ayuden, por ejemplo, a prevenir las situaciones de bullying en el contexto escolar", comentó.

Se indicó que el derecho más considerado es el de vivir en familia, según las preferencias de los niños de nuestra zona.

En general, "Mi opinión cuenta" se realiza en colegios y en lugares públicos, teniendo el resguardo de que no se repitan los votantes, se agregó en Sename.

Nuevos antecedentes y detalles surgieron sobre el caso que diera a conocer ayer El Sur, donde el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana detalló que durante febrero entró una denuncia derivada desde Fiscalía, a propósito de una mujer que acusa que tras el Golpe de Estado, efectivos del régimen secuestraron a un hijo suyo.

Los nuevos antecedentes tratan de que el hecho ocurrió en 1975, momento en que la denunciante vivía junto a su hija y un hijo (ambos menores de edad). Es éste último quien hasta la fecha se encuentra con paradero desconocido para su madre, luego que según su relato ante la Bicrim de Coronel, fue arrebatado por gente de CEMA Chile, organismo que en esa época era dirigido por Lucía Hiriart, esposa de Pinochet.

MINISTRO

Consultado al respecto, el ministro Aldana volvió a recalcar que el caso está bajo secreto de investigación, pero que el grueso de la historia reside en que la mencionada madre denuncia el secuestro de su hijo de 4 años en manos de civiles y militares, quienes son identificados incluso con nombres por parte de la mujer. Aldana señaló que está a la espera de las primeras diligencias decretadas por la Fiscalía a la PDI. "Con el mérito de ello voy a resolver", dijo el magistrado.

DENUNCIAS

Fuentes de este diario informaron que el primer acercamiento de la madre con la PDI fue en noviembre de 2013. Finalmente en enero de éste año se interpuso la denuncia ante la policía civil, la que al remitir el parte a Fiscalía esta se declaró incompetente por tratarse de un hecho de la justicia antigua, quedando en manos de la Corte, punto que fue explicado en la edición de ayer de éste medio.

Otros de los detalles que surgieron durante la tarde de ayer, es que el extraviado estaría en la Región Metropolitana y su hermana tiene residencia en Punta Arenas, quien corroboraría el relato entregado por su madre a las autoridades competentes.

Según otras fuentes, la mujer cuenta que durante la dictadura denunció el hecho ante el juzgado de menores sin obtener resultados. También ella aseguraría que fue detenida por militares, quienes la violaron y torturaron. Además acusa la extirpación de órganos de parte de uniformados.

Consultados distintos organismos con relación a causas de derechos humanos y de oposición al régimen de la época, expresaron estar sorprendidos por la noticia, cuestión que sustenta la calidad de hermetismo por parte de la familia.

Fue el martes 11 de febrero pasado cuando el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Carlos Aldana, cerró el sumario por la muerte de Fernando Álvarez, quien fue el último intendente en la región del gobierno de Salvador Allende.

Tal como lo relatara Aldana en la edición de ayer de éste medio, la investigación estableció que durante el interrogatorio al interior de la cuarta comisaría de Concepción en 1973, los uniformados a cargo del trámite torturaron a Álvarez, pero las mismas pesquisas no pudieron acreditar si fueron éstos golpes los causante del fallecimiento de la entonces máxima autoridad política en la zona.

Tras ello, el Programa de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio del Interior, se opuso a la finalización del sumario, al tiempo que presentó una serie de antecedentes para respaldar su postura. De esta manera, el magistrado acogió lo expuesto y ya remitió los antecedentes al Servicio Médico Legal.

ARGUMENTOS

Las razones del programa tienen como núcleo de su argumentación que Fernando Álvarez falleció producto de las torturas que recibió adentro de la unidad policial.

"En el expediente hay un protocolo de autopsia que se hizo a Fernando Álvarez el día 16 de noviembre de 1973 y esa autopsia, para nosotros, pasó por encima de toda norma del Servicio Médico Legal. El médico del SML tenía a su alrededor a un médico de carabineros y a un médico del Ejército. Además, presentes en la práctica de esa autopsia estaba el jefe de la inteligencia militar sacando fotografías, que por lo demás, nunca se agregaron a la carpeta del SML.", dijo Patricia Parra, abogada del Programa.

-A nuestro juicio fue algo totalmente viciado.

Además del protocolo de autopsia, en el expediente hay un informe pericial del departamento de criminalística de la PDI que sostiene que don Fernando Álvarez muere producto de las torturas. Se le produce un hemotórax, producto de las torturas, el que en definitiva produce la muerte.

La familia Álvarez acompaña además un peritaje independiente que establece que el intendente muere de un ataque al corazón producto de las torturas (...) Aparte los dos informes periciales que señalan que cualquiera de las causas de muerte lo concretó es que él muere producto de las torturas.

-Lo que pedimos fue que se oficiara al Servicio Médico Legal en la persona de su director nacional, a fin de que una vez que se atendieran todos los antecedentes, el SML evacuara un informe que intentara señalar cuál es la causa precisa de la muerte de Fernando Álvarez, y si las torturas que se le infringieron pudieron haber dado a lugar a esa muerte. Ahora, también señalamos que se autorizara al SML que para pudiese conformar un panel de expertos que pudiera informar al respecto. Seguimos sosteniendo que a nuestro juicio hoy en el proceso eso está acreditado, pero para que el ministro pueda formar convicción es que pedimos este oficio.

EJECUTADO

Cabe recordar que éste mes el programa presentó querella ante la Corte, por el caso de un militante del Partido Socialista y funcionario de la municipalidad de Penco, quien luego del Golpe fue retirado por personal militar desde el propio municipio. Tras la detención, el hombre quien se desempeñaba en la Dirección de Desarrollo social del municipio, terminó siendo ejecutado y cuyo cuerpo fue encontrado en el sector de Quebrada-Honda, mismo lugar donde en octubre de 1973 efectivos de la Armada asesinaron a tres integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Por medio de un control de identidad en Talcahuano fue ubicado ayer uno de los 3 jóvenes que se fugaron el 14 de febrero desde el CIP-CRC de Coronel. Se trata de Braulio Fica, de 18 años, quien se encontraba recluido luego de un quebrantamiento en el centro semicerrado que administra el Sename en Concepción. Según informó el servicio, el muchacho fue conducido inmediatamente a tribunales de la ciudad puerto y, posteriormente, devuelto al centro situado en Coronel. Mientras tanto, se mantienen los otros 2 menores prófugos, siendo buscados por la Policía de Investigaciones, para lo cual cuentan con antecedentes aportados por el Sename, repartición que inició un sumario para determinar eventuales responsabilidades en el escape de los jóvenes.