Personal de la primera comisaría de carabineros logró detener la madrugada de ayer a un hombre identificado Bernardo Sánchez Soto, de 44 años, quien fue sorprendido al interior de la Iglesia San José, ubicada en el centro de Concepción.

Según los antecedentes policiales, fue el sacerdote del recinto quien se percató de la presencia de un desconocido al interior del inmueble.

Tras la llegada de los efectivos, se constató que Sánchez había entrado al local tras romper un vidrio triangular donde terminó rompiendo puertas y 5 alcancías donde sustrajo poco más de 5 mil pesos, que son parte de las ofrendas de los fieles.

El sujeto con domicilio en Cerro Verde, comuna de Penco, presentaba antecedentes por robo en lugar habitado. Fue puesto a disposición de la justicia al medio día.

En otro hecho policial, el comandante de la misma unidad de carabineros, John Polanco detalló que se logró la detención de dos personas que protagonizaron un asalto en las inmediaciones de calle Rodríguez.

Los antecedentes hablan que tras patrullaje en el sector, personal de carabineros se percató de la persecución de una persona a dos sujetos durante horas de la madrugada. Información policial detalla que el afectado gritó que lo habían asaltado por lo que se dio inicio a la huida de los sindicados autores del ilícito.

Fue en la Plaza Cruz donde se dio alcance a Bryan Silva Lillo, quien presenta antecedentes en Talcahuano y Concepción, y a Mauricio Concha Verdugo quien presentaba antecedentes por delitos en las ciudades de Concepción y La Serena, junto a una orden de detención pendiente.

Fueron pasados a primera audiencia de ayer en el juzgado penquista.

El Ministro Carlos Aldana está sentado en su escritorio al interior de su despacho ubicado en el cuarto piso de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Frente a él, hay una biblioteca cargada con libros sobre leyes y el Código Penal actual, entre otros documentos de carácter jurídico. "Ninguno de ellos los ocupo… El que ocupo es éste", dice el ministro mientras levanta un libro desde su escritorio. "El que ocupo para trabajar, el Código Penal antiguo. Este libro es del 73", dice Aldana al mismo tiempo que observa el documento donde el azul de la portada se ve interrumpido por líneas algo amarillas, las que dan cuenta de los años de la herramienta jurídica que hay entre sus manos.

Desde la jornada de ayer y hasta hoy el magistrado, conocido por su trabajo en las indagaciones y procesamientos en causas de Derechos Humanos ocurridos entre 1973 y 1990, no está integrando salas de verano debido a que tiene dedicación exclusiva para los 36 casos de DD.HH, que están bajo su indagación, en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet.

MENOR SECUESTRADA

"En febrero llegaron dos causas nuevas. Un hecho trata de ejecutados políticos y el otro es del secuestro permanente de una menor de edad. La familia denuncia que habría sido llevada por militares. Su destino es desconocido", contó el juez, agregando que el mismo circulo familiar, "menciona a varias personas que están actualmente vivas y que pueden tener responsabilidad, lo que está obviamente todo en secreto".

"Eso llegó éste mes, la causa es del año 73. Es el primer caso que conocería de menores quitados de sus padre (por militares), como lo sucedido en Argentina, donde los menores fueron quitados a sus madres y hasta ahora se desconoce su destino".

"El de ejecutados llegó por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por medio de la abogada Patricia Parra", sumó Aldana, detallando que "este último llegó por una remisión de antecedentes que mandó la fiscalía. Un hecho que se denunció ante la policía, se derivó a la fiscalía la que hizo las averiguaciones y al informar que esto ocurrió en 1973, antes de la reforma procesal penal y la estimación de que pueda tratarse de un caso de Derechos Humanos me lo mandaron a mí", explicó.

Fuentes cercanas al caso detallaron que se trata del homicidio a funcionario de la municipalidad de Penco, quien fue retirado desde el municipio por carabineros. Tras ello, el hombre, militante del Partido Socialista, fue ejecutado y sus restos fueron encontrados en el sector de Quebrada Honda, en Tomé.

EL INTENDENTE DE LA UP

Fue el mismo ministro Aldana quien a primera hora de ayer dio a conocer que acogió la solicitud del Programa de Derechos Humanos, que planteaba la oposición al cierre del sumario del último intendente de la Unidad Popular, Fernando Álvarez.

Las pesquisas del ministro determinaron que hubo tortura por parte de carabineros hacia Álvarez, una vez llevado a interrogatorio en una unidad policial, per0 no hubo antecedentes que acreditaran que fueron justamente estas torturas las gatillantes del deceso.

Patricia Parra, abogada del programa dependiente del Ministerio del Interior,argumentó que a juicio de ellos había un vicio en la investigación dado que en el momento de la autopsia al cuerpo del ex intendente (noviembre del 73), el médico a cargo estaba rodeado de personal militar. Además, dio cuenta de la existencia de dos informes periciales que establecen una muerte producto de golpizas.

Por ello, Aldana ya remitió los antecedentes al SML.

-Tiene mucha importancia porque el objeto del sumario tiene dos metas: establecer el delito y acreditar la participación de quienes tengan responsabilidad (...) Siempre la reconstitución de escena aporta algo. Esa vez se determinaron los procesamientos de Arévalo y de Puga.

-Hay de todo. Hay gente que con razón o sin razón dicen que no recuerdan. Otros aportan antecedentes.

-Esa fue una reconstitución plena donde se cumplió el 100% de lo que uno puede esperar de una reconstitución. (Los investigados) fueron llevados al sitio del suceso y se confrontaron sus declaraciones. Confesaron todo lo que ocurrió.

- Exactamente, porque quedó la convicción absoluta de que lo que dijeron las personas y lo que reconocieron, se confirmó en los hechos. Y se confrontó con los otros dichos y todos concordaron finalmente.

-Siempre hay que mantener la imparcialidad ante todos: desde víctimas a agresores. Pero eso en absoluto no impide que uno como persona sienta el impacto de lo que significó ahí la muerte de 18 personas (por Laja-Yumbel). Son impresiones muy, muy fuertes.

-Ya está en última etapa. Falta notificar tres procesamientos.

-Ese caso es el típico caso de asociación ilícita con resultado de ejecuciones porque esto fue planificado en Santiago. Vinieron equipos de allá a cargo de jefes de la capital (…) Por ello aquí esta sometido a proceso en esto por asociación ilícita y de las ejecuciones Álvaro Corvalán, el jefe operativo de la CNI y el coronel Derpich quien era el jefe de los regionales (…) Fue complejo porque primero hubo que conocer toda la estructura de la CNI y después identificar a los jefes que vinieron a cargo, los equipos que participaron, como ejecutaron a las víctimas.

-Fui asignado por la Corte de Apelaciones de Concepción y ratificado por la Corte Suprema para causas que cubría la Ley de Amnistía hasta el año 78 ,pero después se tomó hasta el año 90, para la vuelta de la democracia. Ése es el límite de los años que me competen para trabajar en causas de Derechos Humanos.

-Creo que todos los que tienen responsabilidades en una causa son difíciles. Cuesta mucho que se logre llegar a armar cómo realmente ocurrieron los hechos.