Conviene no equivocarse: el mensaje de amor de Jesús no excluye la indignación ante el abuso y los escándalos. Condena con fuerza la injusticia y las desigualdades. Le enfurecen los mercaderes en el templo. Y, sobre todo, descarga su ira contra quienes "escandalicen" a los niños.

Según el evangelista Lucas, Jesús reconoce que "es imposible que no vengan escándalos; pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños".

La exhortación es clarísima y no ha perdido vigencia. Cada vez más, con renovada frecuencia, la jerarquía católica reitera su rechazo a los abusos de todo tipo, especialmente contra menores.

Pero ¿es ello suficiente? Según un reciente informe del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, la Santa Sede está en deuda. Ha "incumplido" parte de sus compromisos concretos con la comunidad internacional: "Ha adoptado políticas y prácticas" que han permitido la continuación de abusos contra docenas de miles de niños en todo el mundo. El Comité se muestra "profundamente preocupado" porque "la Santa Sede no haya reconocido la importancia de los crímenes cometidos, no haya adoptado medidas necesarias para gestionar los casos de abusos sexuales contra menores y proteger a los niños y haya adoptado políticas y prácticas que han llevado a la continuación de los abusos y a la impunidad de los culpables".

La dolida respuesta no se dejó esperar. El vocero vaticano, Federico Lombardi, alegó que se puede pensar que el informe estaba "prácticamente ya escrito o por lo menos netamente enfocado" antes de la audición que la Santa Sede realizó para el Comité, con sede en Ginebra, el 16 de enero pasado. Para Lombardi "es grave" que no se haya comprendido "la naturaleza específica de la Santa Sede", ya que es "una realidad diferente a la del resto de los Estados".

Debe entenderse, sin embargo, que el nuevo documento vaticano no es una intromisión indebida en asuntos internos de la Iglesia Católica. La Santa Sede ha adherido a las convenciones internacionales de protección a la infancia. Pero está al debe. La jerarquía eclesiástica, encabezada por el Papa Francisco, ha rechazado con fuerza a religiosos (sacerdotes, monjas y obispos) denunciados y condenados por tribunales religiosos o civiles. Este es un cambio radical.

La acusación, sin embargo, es que lo que se está haciendo no es suficiente. Y que por largo tiempo ha imperado "un código de silencio". Puede ser exagerado, pero lo que es efectivo, y así se ha visto en Chile, es que por años fue extremadamente difícil que las denuncias se tomaran en serio. Lo prueba el emblemático caso de Fernando Karadima. Y, a nivel mundial, lo que ocurrió con Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo.

Ciertamente es doloroso para los creyentes que una agencia internacional critique tan duramente sus procedimientos. Pero es el resultado inevitable de años -demasiados años- de silencio.

La presencia de gran cantidad de población flotante en la capital regional se hace favorable para la actividad económica local, especialmente en rubros determinados, como el gastronómico y el de hospedaje, pero lamentablemente también se presta para la proliferación de actividades ilegales y, peor aún, para la aparición de inescrupulosos que se visten de comerciantes, pero que sólo pretenden lucrar a costa de las necesidades de los demás, apuntando sobre todo a los viajeros.

Estas personas apuntan en todas las direcciones y apuntan a a la bandada. Generalmente aciertan y sus víctimas se van convencidas de que han hecho la mejor de las transacciones cuando en realidad acaban de ser timadas en aspectos tan diversos como el vestuario, la música y la alimentación.

Es en este último punto donde las autoridades del país han intensificado la búsqueda de responsables, pero más que nada se pretende enseñar a la población a no colaborar con quienes están probadamente dispuestos a jugar con la salud de sus eventuales clientes.

Para ello es que se recomienda a la gente que no consuma alimentos de procedencia dudosa y desconocida, como la que se ofrece en puntos callejeros que están muy lejos de garantizar mínimamente la higiene necesaria para no provocar ningún tipo de problemas a los consumidores.

En el Paseo Peatonal de Concepción, por ejemplo, han proliferado de manera considerable este tipo de ventas clandestinas, donde decenas de personas ofrecen variados tipos de alimentos -en su mayoría sandwich y preparaciones caseras- sin los permisos correspondientes.

Sin embargo, en los últimos años ha crecido en el país y también en nuestra Región la costumbre de comer en la calle, lo que se traduce en que se ha perdido el miedo a contraer enfermedades, ya sea por influencia extranjera como por la comodidad que representa consumir sin tomarse la molestia de trasladarse hacia un establecimiento que cumpla con todas las exigencias sanitarias.

Las consecuencias pueden ser muy graves, sobre todo porque muchas veces la gente se ve tentada e incluso alimenta a sus hijos de esta forma.

Hay que tener claro que no se trata de una forma de discriminación contra quien no está en condiciones de montar un local de acuerdo a las exigencias sanitarias, sino de algo más serio, como cuidar la salud.