A las 5 de la tarde, en la Gobernación de Concepción, terminó la reunión realizada por el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, el gobernador subrogante de Concepción Luís Ulloa, y el mayor de carabineros, Carlos González.

Tras la conversación, se acordó desarrollar desde marzo una mesa de trabajo mensual, para establecer nuevas medidas de seguridad sobre la comuna de Hualqui.

Cabe recordar que el motivo que desencadeno esta reunión, fue la muerte del joven de 17 años, Matías Sanhueza, producto de dos puñaladas la mañana del sábado.

MEDIDAS A ESTABLECER

La falta de dotación de Carabineros en la zona es la mayor preocupación del alcalde, que tras la reunión dijo que "no estamos satisfechos con la reunión porque desde el 2009 que estamos pidiendo más dotación de Carabineros en la zona. Sólo tenemos un retén de 21 carabineros, en una comuna en pleno crecimiento, dificultando aún más las formas de controlar a la población".

Respecto al acuerdo que llegaron las partes, señaló que "sabemos que para implementar buenas medidas de seguridad en nuestra comuna, necesitamos un trabajo en conjunto con las autoridades de Concepción y la compañía de Carabineros".

El jefe comunal se refirió también a las peticiones en concreto que se realizarán en las reuniones con las autoridades, afirmando que "buscaremos en esta mesa no sólo más fuerza policial, sino también, establecer sistemas de iluminación de calles y cámaras de seguridad en el centro, entre otros."

Tras sufrir una deshidratación sobre la chimenea de la empresa siderúrgica Huachipato, la presidenta del sindicato nº 1, Mónica Aguilera, decidió bajar del conducto como un gesto de acercamiento para iniciar una mesa de conversación con los ejecutivos de la siderúrgica.

La dirigente que por 15 días se ubicaba a más de 75 metros de altura, en protesta ante despidos ocurridos en la empresa y que, según ella, son injustificados.

Luego de dejar la manifestación, ayer en la mañana recibió los tratamientos correspondientes por su estado de salud.

RAZONES DE SU BAJADA

Aguilera se refirió a las razones que la llevaron a bajar de la chimenea, diciendo que " al iniciar conversaciones desde el viernes con la empresa, junto a mis compañeros tomamos la decisión de que yo tenía que bajar. El objetivo es poder iniciar una mesa de conversación con los ejecutivos. La idea ha sido dar un voto de confianza para conseguir lo antes posible las soluciones a nuestras demandas".

Sobre la respuesta de la empresa, señaló que "hasta el momento no se ha podido iniciar las negociaciones formales con la empresa. Esto porque los ejecutivos exigen que bajen los dos dirigentes que quedan, Patricio Pérez y Rodrigo Araneda. Sin embargo, mientras la empresa nos asegure soluciones reales, los dirigentes permanecerán sobre la chimenea".

EMPRESA RESPONDIÓ

Con un comunicado oficial, la empresa CAP Acero respondió ante la situación que desde hace dos semanas mantienen los trabajadores.

"La empresa manifiesta su satisfacción ante el hecho que uno de los tres dirigentes haya puesto fin a su temeraria acción y que se encuentre en buenas condiciones de salud, siendo evaluada por la ACHS", señaló el comunicado.

Sin embargo, fortaleciendo su convicción ante estos casos de protesta, la empresa mantiene su postura.

"Ninguna causa justifica una acción como la emprendida por estos dirigentes, las que sólo contribuyen al deterioro de las relaciones de confianza y respeto que siempre deben primar entre los trabajadores y la administración", aseguraron.

Ante la búsqueda de una solución, se manifestó que "la empresa dio una muestra de su disposición al diálogo el viernes 31 de enero al abrir una conversación en torno a uno de los temas planteados. CAP Acero reitera su llamado a los dos trabajadores que aún continúan con su acción a deponerla y a acoger la invitación a sentarse a la mesa de negociación ofrecida desde el primer momento, sin ejercer presiones ilegítimas, con el fin de poder llegar a un acuerdo en el más breve plazo ".

Un total de 18 demandas tutelares por vulneración de derechos fundamentales, presentó ayer el Sindicato 1 de los Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en el segundo piso del Tribunal del Trabajo de Concepción.

Esto, como una acción que busca la reintegración de la empresa a un grupo de trabajadores que fueron despedidos durante las últimas semanas.

Los afectados, junto a la dirigencia del sindicato acusan que acá existe una posición de venganza y persecución por parte del astillero estatal, dado que el 25% de los 60 desvinculados del último tiempo, corresponden a personas que llevan a cabo la tarea de delegados sindicales.

Se espera que hoy se presenten ante el Tribunal, otras 3 demandas por la misma causa a la espera de completar 40 de estas durante los próximos días.

Claudio Venegas, abogado del Sindicato 1 de Asmar dio algunos antecedentes de lo ocurrido ayer.

"Lo que se hizo primero fue realizar un trámite que se llama la autorización de poder, que con eso los trabajadores dejan de manifiesto ante el tribunal que ellos me dan el poder a mí para que los represente en el juicio".

"Todo esto es consecuencia de que la empresa comenzó a despedir a una cantidad importante de trabajadores. La mayoría de los despedidos tuvieron algún grado de figuración en el paro de51 días del año pasado y la huelga de hambre que se llevó a cabo en la catedral de Concepción".

DEMANDA

Según Venegas, las desvinculaciones sucedidas y que motivaron la acción judicial son de carácter discriminatorio.

"Tienen por objetos debilitar el tema sindical por ello el primer termino de la demanda es la solicitud de que los trabajadores deben ser reubicados en la empresa".

"Esperamos que mañana (hoy) o el miércoles el tribunal dicte resolución para fijarlas audiencias posteriores".

PRESIDENTE

El presidente de la agrupación sindical mencionada, Cristhian Lagos, precisó que serán 40 las demandas de éste tipo las que llevarán hasta la justicia en el corto plazo.

"Hay trabajadores que se encuentran buscando todo tipo de documentación, como cotizaciones, para realizar el trámite", dijo el dirigente.

"Si se acredita que aquí hubo una discriminación para decidir los despidos el juez decreta que el trabajador debe ser acogido por la empresa, ya hay un par de casos en Chile".

"Si el magistrado desestima que es un caso extremo de despido, puede castigar a la empresa con un 80% sobre la indemnización a la persona. El último caso sería que se decretara un despido injustificado y así el funcionario debería recibir el 30% de la indemnización sobre lo que ya se le pagó. En éstos dos últimos casos la persona no vuelve a ser contratada".

Sobre la situación de los otros 20 trabajadores despedidos, se informó estos pertenecen a otro sindicato del astillero de la Armada o no participan de una de estas agrupaciones de funcionarios.

EMPRESA

Éste medio trató contactar a la empresa aludida para conocer la postura del astillero, pero no hubo respuesta.