Hace alrededor de dos meses, el Gobierno Regional del Bío Bío hizo un llamado a concurso para cubrir siete jefaturas de división. De las siete aludidas, hace algunos días se conoció que cuatro de ellas habían sido designadas por el sistema de Alta Dirección Pública (infografía), quedando los elegidos sujetos a un contrato de tres años por cada uno.
Teniendo presente lo anterior, y sumando la totalidad de los funcionarios que trabajan en el edificio de la Intendencia Regional, que suman aproximadamente 160 personas, 73 renovaron contrato por un año en diciembre pasado (contrata), 36 son de planta y el resto, poco más de 50, están sujetos al sistema de honorarios y casi el 90% fueron renovados también por un año, el espacio para contratar o desvincular funcionarios se le complicará a la Nueva Mayoría, al momento de instalarse como nueva administración a contar de marzo de este año.
Aunque pasó en la instalación pasada, cuando hace casi cuatro años asumió el mandato de Piñera, donde gran parte del personal de la ex Concertación que estaba a contrata a nivel regional, quedaron también extendidos en sus contratos por un año, hoy la realidad no es distinta. Tampoco lo es para aquellos que están a honorarios, quienes también renovaron, aunque los tiempos en algunos casos son de diversa extensión.
Sin embargo, a fines del año pasado ocurrió un hecho particular que dio pie a un serie de especulaciones. Se trató de la eliminación de la frase "hasta que sus servicios sean necesarios" (algo así como "necesidades de la empresa") en los contratos de los funcionarios a contrata. Con ello, se blindó más a las personas, que estando en cargos tanto técnicos como de confianza, quedarán en buen pie para no ser desvinculados antes de culminar el plazo de sus respectivas relaciones de trabajo.
"En más de un 90% la gente que estaba a honorarios y a planta fue renovada en el Gore. Eso quiere decir que, cuando se instale el nuevo gobierno, es muy difícil que puedan ser desvinculados por razones contractuales", dijo Marco Mellado, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales.
El mismo dirigente de funcionarios añadió que "bajo esa perspectiva, los cambios que puede hacer la nueva administración son mínimos. Esa es la situación que se vive aquí, y aunque no tengo claridad de lo que sucede en otros servicios y seremis, no debe ser distinto".
De acuerdo a lo normado, si el mandato local de Michelle Bachelet se empeña en hacer cambios de funcionarios, el trámite sería engorroso. En el caso de los que quedaron a contrata, de ser desvinculados de manera arbitraria, pueden recurrir a la Justicia, bajo el Estatuto Administrativo.
En relación a la jurisprudencia existente en estos casos, se ha podido constatar que los fallos son en su mayoría a favor del funcionario. Caso en el cual, se le ordena al Estado reintegrarlos y pagar los meses en que éstos quedaron fuera de sus labores. De manera similar, aunque sometido a las leyes laborales, igualmente quedan salvaguardados sus derechos.
En relación a cómo lo haría el nuevo gobierno, dado la situación actual, se dice que un camino sería solicitar glosas presupuestarias para contratar más personal.
Domingo Rocha, presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), respecto a los eventuales "amarres" a nivel general en el gobierno, destacó que "no lo tengo claro, pero sé que en algunos servicios se ha llamado a concurso y hay una cosa de amarre. No tengo la certeza, cien por ciento, pero sí me han dicho que se han producido situaciones de ese tipo", destacó Domingo Rocha
En el mismo sentido, agregó que "el gobierno no debiera dejarlo amarrado, para que así el nuevo mandato pueda trabajar con su gente de confianza. Nosotros sabemos que los funcionarios públicos debemos cumplir una función independiente del gobierno que sea, pero debe definirse claramente quienes son de confianza y realizan una labor política, de quienes son contratados por especificaciones técnicas".
Finalmente Rocha indicó que "si estamos hablando de gente de confianza, que fueron traídas para trabajar en esa calidad y que están en el gobierno, deberían rotarse, pero si hay gente que fue contratada técnicamente, incluso por este gobierno, no debieran irse. Siempre van a haber amarres. Ojalá que en este gobierno se hagan los cambios necesarios para que se definan bien, cargos técnicos de los políticos".
Rodrigo Anabalón, secretario regional de RN Bío Bío, destacó que "es un tema que no afecta o beneficia a RN, porque nosotros tenemos una reconocida presencia en el Bío Bío. No promovemos, no nos beneficiamos, tampoco nos perjudicamos, pero no avalamos prácticas que se ven al filo de la ley"
Agregó que "nosotros perdimos con una 63% en contra y la invitación es la autocrítica, no lo hicimos bien. Por lo tanto, esperamos que los que se quieran quedar, estén avalados por la meritocracia, pero los que no, que busquen pega como cualquier chileno. Esperamos que los parlamentarios se dediquen a sus labores y a no ejercer de manager de sus familiares o círculo de amigos. El nuevo gobierno debiera separar la paja del trigo y mantener sólo a los funcionarios que tienen las capacidades y el mérito profesional". En tanto, Rodrigo Daroch, presidente regional del PPD dijo que "creo que no es bueno para cualquier gobierno entrante, encontrarse con un cantidad de trabajadores amarrados por contratos de más de un año. Se tendrán que desarrollar las labores con cada persona que esté capacitada, y si no, deberá ser evaluada".
Pilar Gutiérrez, seremi de Gobierno, señaló que se entregarán respuestas frente a este tema, en las próximas horas.
