Tras conocerse los resultados de la PSU y de los procesos de admisión a las universidades, podemos concluir lo mismo que todos los años: el país aún no ha superado las graves diferencias de acceso a una educación de calidad que tienen los niños y jóvenes. Como lo han probado estudios, el colegio de procedencia define de manera significativa el puntaje alcanzado por el alumno en la PSU y, por ende, sus posibilidades de optar a una carrera universitaria.

Aunque se implementen mecanismos remediales, el problema sigue teniendo una incidencia relevante en el acceso a la educación superior. Por más que se establezcan medidas para facilitar el ingreso de aquellos que han tenido menos oportunidades de contar con una educación básica y media adecuada, la realidad sigue siendo la misma. Los egresados de establecimientos municipales tienen los puntajes más bajos y, lo que es peor, llegan con menos habilidades sociales a la educación terciaria.

Enfrentar el problema de manera global y no con soluciones parches es una responsabilidad que deben asumir todos los estamentos de la sociedad. La solución pasa por concentrar tiempo y recursos en mejorar la formación de los alumnos en los primeros años, etapa en que se sientan las bases de su educación y en que es posible crearles hábitos y entregarles herramientas que pavimentarán su desarrollo posterior.

El Estado y, por cierto, también los privados deben involucrarse en el desafío de brindarles oportunidades a todos los jóvenes, que tengan -independientemente de su segmento socioeconómico y del lugar de residencia- la oportunidad de acceder desde el nivel parvulario a una educación de calidad. Es la clave que resolverá el problema de la educación en Chile. El desafío es tan complejo y demandante que resulta imperativo aunar voluntades y no marginar a priori a determinados actores. En ese sentido, considero que se debe relevar el papel que han jugado los privados en la provisión de educación básica y media, a través de establecimientos particulares subvencionados.

El financiamiento compartido, que abarca al 37% de la matrícula total del país, no solo ha permitido que las familias puedan elegir el proyecto educativo más acorde a sus valores, sino que también ha posibilitado la entrega de mejores servicios educativos a 1,3 millones de alumnos.Por otro lado, en un país con tantas necesidades no resueltas y con recursos públicos limitados, surge la duda de dónde provendrán los 600 millones de dólares al año que aportan los padres a través del copago si se pretende eliminar este mecanismo.

No me parece que el debate deba centrarse en quién entrega educación, sino en su calidad y pertinencia. Los privados, en los distintos niveles, han demostrado su capacidad de brindar una formación de excelencia y, en muchos casos, asumiendo la función estatal al otorgar becas y diversas ayudas a aquellos alumnos con menos recursos.

En un contexto complejo, los esfuerzos deben destinarse a resolver lo esencial y, como ya se ha dicho, lo esencial es mejorar la calidad sobre todo en los primeros años.

El Presidente de la República ha promulgado hace unos días la nueva ley de fármacos. Entre las normas más importantes, la nueva legislación obliga a que las farmacias cuenten con un listado mínimo de medicamentos bioequivalentes. Además, los fármacos deberán certificar su eficacia y para proteger a los menores, los productos no podrán tener envases atractivos.

Se estableció que los químicos farmacéuticos que trabajan en cada farmacia velarán por el correcto fraccionamiento de los medicamentos. Junto con garantizar un stock de medicamentos bioequivalentes, éstos deberán estar a la vista de los pacientes en las farmacias.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho que nueva legislación tiene como único objeto beneficiar a los ciudadanos sobre todo a aquellos que tienen menores recursos, que sufren enfermedades crónicas, de disponer medicamentos de calidad certificada y a precios más convenientes. Algunos de los productos se deberán exhibir en góndolas, al estilo de supermercados, donde el público podrá elegirlos libremente de entre varias marcas y comparando los valores. Del mismo modo, las recetas médicas tendrán cambios, pues el profesional deberá especificar el nombre propio del medicamento, así como la denominación genérica y la dosis.

Esto permitirá vencer algunas de las dificultades que deben enfrentar los chilenos, quienes incurren en el más alto gasto de bolsillo entre los países de Organización de Países Desarrollados (Ocde) para acceder a medicamentos para condiciones crónicas y sufren la colusión de la industria farmacéutica que hace que los precios de fármacos sean entre los más altos del mundo, en comparación con los mismos productos en naciones vecinas o en países desarrollados.

La nueva ley también dará facultades de fiscalización al Instituto de Salud Pública (ISP), el cual podrá velar porque las farmacias cuenten con el stock de fármacos bioequivalentes (hasta ahora hay 530 certificados) y que los productos hayan sido fabricados con buenas prácticas.

El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile ha visto la nueva ley, en la que se acogió medio centenar de indicaciones presentada por el gremio, como un paso significativo. Con esta legislación, los medicamentos dejarán de ser considerados un bien de consumo, aunque hay dudas de que esto se traduzca en una baja inmediata de precios, lo cual podría producirse en forma paulatina.