Esfuerzos en lo esencial
Tras conocerse los resultados de la PSU y de los procesos de admisión a las universidades, podemos concluir lo mismo que todos los años: el país aún no ha superado las graves diferencias de acceso a una educación de calidad que tienen los niños y jóvenes. Como lo han probado estudios, el colegio de procedencia define de manera significativa el puntaje alcanzado por el alumno en la PSU y, por ende, sus posibilidades de optar a una carrera universitaria.
Aunque se implementen mecanismos remediales, el problema sigue teniendo una incidencia relevante en el acceso a la educación superior. Por más que se establezcan medidas para facilitar el ingreso de aquellos que han tenido menos oportunidades de contar con una educación básica y media adecuada, la realidad sigue siendo la misma. Los egresados de establecimientos municipales tienen los puntajes más bajos y, lo que es peor, llegan con menos habilidades sociales a la educación terciaria.
Enfrentar el problema de manera global y no con soluciones parches es una responsabilidad que deben asumir todos los estamentos de la sociedad. La solución pasa por concentrar tiempo y recursos en mejorar la formación de los alumnos en los primeros años, etapa en que se sientan las bases de su educación y en que es posible crearles hábitos y entregarles herramientas que pavimentarán su desarrollo posterior.
El Estado y, por cierto, también los privados deben involucrarse en el desafío de brindarles oportunidades a todos los jóvenes, que tengan -independientemente de su segmento socioeconómico y del lugar de residencia- la oportunidad de acceder desde el nivel parvulario a una educación de calidad. Es la clave que resolverá el problema de la educación en Chile. El desafío es tan complejo y demandante que resulta imperativo aunar voluntades y no marginar a priori a determinados actores. En ese sentido, considero que se debe relevar el papel que han jugado los privados en la provisión de educación básica y media, a través de establecimientos particulares subvencionados.
El financiamiento compartido, que abarca al 37% de la matrícula total del país, no solo ha permitido que las familias puedan elegir el proyecto educativo más acorde a sus valores, sino que también ha posibilitado la entrega de mejores servicios educativos a 1,3 millones de alumnos.Por otro lado, en un país con tantas necesidades no resueltas y con recursos públicos limitados, surge la duda de dónde provendrán los 600 millones de dólares al año que aportan los padres a través del copago si se pretende eliminar este mecanismo.
No me parece que el debate deba centrarse en quién entrega educación, sino en su calidad y pertinencia. Los privados, en los distintos niveles, han demostrado su capacidad de brindar una formación de excelencia y, en muchos casos, asumiendo la función estatal al otorgar becas y diversas ayudas a aquellos alumnos con menos recursos.
En un contexto complejo, los esfuerzos deben destinarse a resolver lo esencial y, como ya se ha dicho, lo esencial es mejorar la calidad sobre todo en los primeros años.