Faltan sólo seis días para conocer el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Y, en la jornada de ayer, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó una declaración oficial del encuentro del Consejo Nacional de Seguridad (Cosena) convocado por el Presidente Sebastián Piñera. Más allá de lo dicho, las redes sociales estuvieron cargadas de comentarios destacando la voz temblorosa del ministro al leer el comunicado.

En el discurso de Chadwick se recalcó el rol del Estado chileno en la defensa de los actuales límites marítimos y terrestres.

Un penquista que estuvo mientras se desarrollaron los alegatos en la Corte de La Haya en Holanda es el académico de la Universidad San Sebastián, Pedro Díaz Polanco, quien hizo un análisis de la postura chilena en los días previos a la resolución.

Explicó que los argumentos que presentó Chile en diciembre de 2012 se basan en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que establece las fuentes con las que el Tribunal debe resolver cualquier controversia sobre la que tenga competencia.

"Chile sostiene que existen tratados, costumbres y doctrina que avalan su posición. Chile se preocupó, sobre todo, de probar la existencia de tratados delimitadores y de demostrar la existencia de una abundante práctica peruana que validaba la posición de nuestro país", detalló.

Es así como nuestro país ha defendido que los acuerdos de los años 52 y del 54 son sobre límites y que establecen al paralelo como el factor delimitador.

"Chile defiende que la costumbre de las partes ha generado el convencimiento que estos acuerdos tienen un sentido delimitador, especialmente por la renuncia histórica del Perú en generar reclamos internacionales a partir de una práctica chilena que reconocía al paralelo como límite entre ambos países", aseguró Díaz.

-Tanto el Ejecutivo como nuestros parlamentarios están llamados a dar el ejemplo a la ciudadanía en cuanto a la responsabilidad con que se debe enfrentar el veredicto, sea cual fuese éste. Las declaraciones hechas tanto por el Presidente Piñera y por el presidente Ollanta Humala en que se comprometen a que ambos Estados acatarán el fallo van por la línea correcta, mientras que las declaraciones realizadas por el diputado Jorge Tarud, y que invitaban a la realización de un plebiscito como factor validador del cumplimiento de un eventual fallo negativo, se transforman en desviaciones al espíritu con el que se ha de enfrentar al fallo y como un factor de desinformación a nuestra ciudadanía.

-El Perú argumenta que todo tratado delimitador, en su rol de factor de paz, debe ser claro y preciso, aspectos que no tendrían los acuerdos del 52 y del 54. A su vez, señalan que el derecho internacional del mar ha establecido que el paralelo sólo funciona como límite en casos que existan islas intermedias, situación que en el caso de Chile y Perú no se daría. A su vez, establece que la manera que el derecho internacional resuelve la delimitación marítima entre Estados que tienen plataformas continentales contiguas es a través del método de la equidistancia. Perú sostiene sus argumentos a partir de la inexistencia de tratados delimitadores y de lo establecido en el derecho internacional del mar.

-Todas las sentencias que dicta el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya son inapelables y son parte del mecanismo de solución pacífica de controversias que reconoce Naciones Unidas. En este sentido, y a través de la fuerza que tiene el Tribunal al ser un órgano de Naciones Unidas, los Estados no tienen más remedio que aceptar lo que en sus sentencias se establece. No obstante, el Tribunal permite la interposición de dos recursos. El primero es el recurso de interpretación, y que no afecta el fondo del fallo, sino que se implementa a fin que el Tribunal pueda resolver una duda respecto a sus dichos con el objetivo de generar una mejor implementación de la sentencia. Y, por último, el recurso de revisión, que se solicita cuando ha aparecido un antecedente que no era conocido por las partes y que de haber sido conocido por el Tribunal, en tiempos del análisis del caso, hubiese provocado que el fallo tuviera otras características. Este recurso sólo puede incorporarse en un plazo de 10 años después de dictada la sentencia.

-Son prácticamente nulas. Lo anterior, a partir de que el derecho internacional configura al Estado que no respeta un fallo del Tribunal Internacional de Justicia como un eventual transgresor de la paz y la seguridad internacionales. El Estado rebelde generaría las condiciones para la potencial activación del Consejo de Seguridad y la aplicación de los artículos 41 y 42 de la Carta de Naciones Unidas, las que se refieren a la implementación de acciones que no implican e implican respectivamente el uso de la fuerza, y las que se implementan con el objetivo de corregir la actitud del Estado transgresor de las normas internacionales. A partir del artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas, cualquier acción del Consejo de Seguridad en contra de un Estado deberá ser respetada por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Ante esto, y entendiendo que Chile y el Perú son Estados pequeños dentro del sistema internacional, la posibilidad que decidan convertirse en parias del sistema y en agresores a la paz es prácticamente nula.

-No. El Tribunal Internacional de Justicia no tiene atribuciones para obligar a los Estados a respetar sus fallos. El Tribunal puede ofrecer una Opinión Consultiva relativa a establecer la importancia que tienen sus fallos dentro del sistema de solución pacífica de controversias. El llamado a adoptar medidas es el Estado afectado producto de la rebeldía del otro Estado, y esto ha de hacerlo a través de una solicitud formal al Consejo de Seguridad, aduciendo con argumentos consistentes que el incumplimiento del Estado rebelde se transforma en una amenaza a la Paz y a la seguridad internacionales.

Para analizar los pros y los contras que podrían significar el fallo de Corte Internacional de Justicia de La Haya, en torno a la demanda marítima, fue el objetivo del encuentro al que convocó ayer Alfonso Vera, presidente del Centro Cultural Peruano en Concepción.

En esta agrupación participan más de 100 extranjeros que están trabajando en la Región, quienes se reúnen principalmente en julio, para el día de la independencia peruana, y en octubre, para conmemorar la fiesta del Señor de los Milagros. "La mayoría de ellos trabaja en restaurantes de comida típica de nuestro país, no es una agrupación política, aunque este tema también nos interesa", aclaró Vera.

Según explicó, es necesario debatir y conversar sobre qué consecuencias podría traer este resultado, siempre teniendo en cuenta que ellos -hace muchos años- desarrollan labores en nuestro país y esperan seguir trabajando con total normalidad.

Según Vera, son múltiples los argumentos a favor y contra de esta demanda, sin embargo, él prefiere dejar todo en manos de las leyes y no opinar quién tiene o no la razón. Lo que sí dejó claro es que "nosotros los peruanos somos gente de buen corazón, trabajadores y los que estamos en Chile queremos ser un aporte para la sociedad".

Dijo que son las autoridades internacionales las que tienen que asumir este tema, pero criticó que hay muchos políticos y autoridades que dan discursos que sólo confunden y desentonan el ambiente de tranquilidad que debería existir previo al fallo.

"Son los presidentes de ambas repúblicas los que tienen que tener las vocerías y ambos han sido muy respetuosos y han afirmado que respetarán lo que diga el tribunal internacional", explicó.

Además, aseguró que el ambiente al interior de la comunidad peruana en Concepción es de bastante reflexión y de tranquilidad y está seguro que todo se resolverá de manera positiva.

"Sea cual sea la resolución, creo que ambos países se podrán unir más con este resultado, crear una relación mucho más fraterna y en favor de construir más unidad", aseguró Vera.

El dueño del restaurante Fina Estampa, Edgar Palacios, dijo que en este encuentro, en el que participarán trabajadores peruanos en Concepción, se debatirá más que una posición política, las implicancias que podría significar este acuerdo para su desarrollo laboral.

"No creo que nosotros nos veamos afectados, aunque nosotros dependemos del pueblo chileno, porque ellos son nuestros clientes", expresó.

En cuanto a la postura del Perú, Alfonso Vera dijo que ve que Ollanta Humala ha tenido un buen rol, diplomático y ha dejado atrás las declaraciones más incendiarias contra Chile, que caracterizaron la campaña política del Mandatario.

Y, concluyó que ambos países deben trabajar unidos y en colaboración permanente para vencer la pobreza, los problemas de energía y empleo que afectan tanto a Perú como a Chile.