Avanzado el semestre se encontró conmigo un alumno de asistencia irregular. Me pidió que le resumiera las clases que se había perdido. Le expliqué que era injusto que yo trabajara el doble porque él no cumplía con su deber. Los estudiantes son sensibles al concepto de injusticia, sólo que no suele ocurrírseles que ellos también pueden cometerla.

Superada la introducción, me dijo que se le hacía difícil mi ramo; le respondí que sólo necesitaba comprensión lectora. Aquí vino el primer golpe: me preguntó (con cara de quién va a ganar la partida) por qué asumía yo que él debía tener comprensión lectora. La verdad, no lo había pensado. Mencioné que una cierta capacidad de comprensión lectora era esperable, dado que había sido admitido a estudiar una carrera, en una universidad del Cruch. Con candidez me informó que no. Tuve que darle la razón, pero me defendí aludiendo a que él ya estaba en cuarto año.

Al despedirse me preguntó si yo le recomendaba asistir a las clases que quedaban. Sorpresa: la falta de comprensión lectora era quizás un problema menor. Mi respuesta me avergüenza decirlo no fue muy académica. En todo caso el alumno reaccionó y fue más responsable; es de justicia consignar eso. Traté de pensar que se trataba de un solo caso entre muchos, que no se podía generalizar… pero esa misma tarde me encontré en la calle con otro alumno en situación similar, que también me pidió que le entregara un resumen de las clases que se había perdido.

Dos eran demasiados. Revisé los puntajes de corte de algunas carreras de la universidad y eran bajos. Consideré si era inmoral admitir a una persona con escasa capacidad de comprensión lectora, si acaso estaría bien bajar la exigencia para que un alumno así pudiera terminar la carrera. No todo es culpa de las universidades, por supuesto. Los alumnos vienen con graves carencias; el problema educacional de Chile está en el colegio y aun antes.

Pero la realidad tiene sus exigencias: las universidades se financian con matrículas, por lo que tienen que admitir a cierto número de alumnos y eso significa bajar el nivel. La rectoría empuja en una dirección, los decanos resisten. No pueden permitirse perder a muchos. Contraerse llevaría a recortar o eliminar otros proyectos, lo que no se vería bien.

¿Y si el Estado financiara la educación universitaria, como espera la calle? No es tan sencillo, porque eso podría implementarse de diversas maneras. Si el financiamiento continuara atado a cada alumno la situación no cambiaría mucho. Si, por otra parte, las facultades recibieran el financiamiento, algunas (historia, literatura, filosofía, física teórica, lenguas clásicas…) tendrían dificultades en justificarse ante a una sociedad que tiende a valorar sólo lo útil. Puede hacerse, claro, pero es difícil cuando los recursos son escasos y las necesidades apremiantes. ¡Qué lejos estamos de que haya cátedras constituidas y bibliotecas dotadas por benefactores privados, como ocurre en otros lados! ¡Si tan sólo, entre las virtudes que se esperan de los notables, se encontrase la magnificencia! ¡Si se entendiera que no sólo existen el trabajo y la diversión pero también theoria, la contemplación! Pero me he desviado demasiado del tema inicial.

Ya se superaron las dos semanas de paro en el puerto de San Antonio y varios más las de un grupo movilizado en Ultraport, Mejillones, a quienes se suman otros terminales de la Región del Bío Bío.

Hasta la semana pasada, con el recrudecimiento del conflicto, el sector privado estimaba pérdidas por US$ 60 millones, principalmente por los daños en el sector frutícola. Según la Cámara Nacional de Comercio, el valor diario de exportaciones e importaciones afectadas se acerca a US$180 millones considerando sólo la paralización de los terminales de Antofagasta y San Antonio, donde cada día alrededor de 1.900 operaciones aduaneras se han visto retrasadas.

Esta es la segunda acción en menos de un año que han protagonizado los trabajos portuarios, quienes han complicado al sector exportador chileno y han puesto en la palestra varias demandas que otros sectores ya han superado. En boca de los empleados, algunas demandas parecen de toda justicia, toda vez que se trata de sectores dinámicos, en crecimiento y claves para toda la industria y economía nacional.

Lo que no parece razonable es que la respuesta sea siempre el terminar con acciones violentas, amenazas y escasa voluntad de diálogo. No puede darse siempre pie a responder de forma ilegal. Eso es fundamental de entender en una sociedad democrática y con un claro estado de derecho.

Desde lo político el tema es complejo para una administración que vive sus últimas horas. Para el gobierno parece un conflicto laboral, donde lo público solo puede preocuparse de garantizar la seguridad. En la otra vereda, el empresariado, obviamente, exige orden, para poder desarrollar sus tareas, porque en caso contrario, es todo Chile el que pierde: en recursos, oportunidades e imagen pública internacional.

A esta altura, y para evitar de una vez por todas, nuevas complicaciones por uno u otro motivo convendría que las distintas partes se sentaran a conversar pensando en el largo plazo, entendiendo que este es sólo un eslabón en un encadenamiento complejo y mucho mayor. Chile está abierto al mundo y su imagen está en entredicho.