A pesar que la condena de 2 años que recibió ayer el sacerdote Audín Araya por 2 delitos de abuso sexual contra un menor se dio por cumplida por el tribunal, a causa del tiempo en que el acusado estuvo en prisión preventiva y arresto domiciliario total, la defensa no quedó contenta con la determinación.

"Si bien es cierto mi cliente había sido acusado por 6 delitos y se le absolvió de 4 y se le condenó por 2, dándose la pena por cumplida y ordenándose su inmediata libertad, la defensa técnica todavía no está conforme, pero tendremos que solucionarlo viendo el fallo, por lo que esperamos conocerlo íntegramente y evaluar los cursos a seguir", señaló Marcelo Torres, abogado de Araya, una vez fuera del tribunal.

Consultado acerca de si cuestiona que se haya condenado al sacerdote por algunos delitos y absuelto por otros, Torres sostuvo que su cliente no debió ser encontrado culpable de ninguno de los hechos planteados por la Fiscalía y los querellantes.

"Los abogados, cuando entramos a un pleito, no lo hacemos improvisando. Yo lo hice analizando los antecedentes y de acuerdo con ellos, según mi convicción, debió dictarse una sentencia absolutoria total", aseguró.

El fallo por los ilícitos imputados al sacerdote y ex rector del Colegio Salesiano de Concepción fue dado a conocer ayer por la magistrado Paola Schisano sin la presencia de Audín Araya.

Al acusado se le condenó por 2 años de presidio menor en su grado medio en relación a 2 delitos que afectaron en 2008 a I.E.V.R. cuando éste era menor de edad y estudiaba en el establecimiento educacional mencionado y era uno de los jóvenes guiado por Araya en un proceso para acceder al seminario y seguir una carrera eclesiástica.

No obstante, Araya afrontó una medida cautelar de prisión preventiva durante 10 días luego de ser formalizado en mayo de 2011 y, posteriormente, arresto domiciliario total por otros 972 días, superando la pena impuesta, por lo tanto ésta se dio por cumplida.

Más allá de esta sanción, el Ministerio Público y los querellantes buscaban que Audín Araya no pudiera trabajar con menores de edad, lo cual se consiguió por medio de las penas accesorias determinadas por el tribunal.

Según indicó la jueza Schisano en la lectura de la sentencia, Araya fue condenado a la inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio de maestro o encargado en cualquier manera de la educación o de la dirección de la juventud.

También fue sometido a las penas de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y de interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa.

Además, estará sujeto a la vigilancia los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, por lo que estará obligado a avisar cada 3 meses su residencia o morada a Carabineros.

Finalmente, por 3 años y un día estará inhabilitado para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores.

El fiscal Michelangelo Bianchi comentó que para el Ministerio Público lo importante es que se acreditó la conducta de abuso sexual, que es el delito por el cual se acusó, independiente del número de cargos por el cual el tribunal adquirió convicción.

"Los delitos sexuales contemplan penas accesorias, que en este caso son más importantes que la pena principal, porque son de mayor duración", agregó el persecutor.

Comentó que, como ocurre con la mayoría de los casos, una vez que se pueda estudiar la sentencia en su totalidad, se tomará una determinación acerca de si se recurre o no de nulidad.

Existe un plazo de 10 días para que los intervinientes puedan presentar un eventual recurso de nulidad para buscar impugnar la sentencia dada a conocer ayer y tratar de repetir el juicio oral por esta polémica causa.

Según la acusación del Ministerio Público, el sacerdote habría cometido abusos sexuales también en contra de otros 2 jóvenes más que también seguían con Araya un proceso de guía espiritual para postular a una carrera eclesiástica. Sin embargo, en estos casos, el tribunal no logró la convicción que los ilícitos denunciados se hayan producido, argumentando la falta de algunos medios de prueba en el caso de los jóvenes identificados con las iniciales J.P.M.V. y M.M.A.S. Éste último se quitó la vida, lo que impidió conocer en juicio oral su versión directa de los hechos, lo que pudo influir también en que la pena para Araya fuese menor.

El normal procedimiento de una exhumación considera la presencia de familiares del occiso, algo que se espera que se cumpla también en la que se va a realizar este viernes 24 de enero con Jorge Matute Johns, la que busca determinar la causa de muerte del estudiante.

En un principio se pensó que María Teresa Johns, madre del estudiante desaparecido en 1999, o su hermano Álex, asistirían a la diligencia, programada para las 10 horas.

No obstante, círculos cercanos a la familia confirmaron que ninguno de los 2 asistirá a la Región ese día (viven en Santiago) para observar cómo se desarrolla la actividad. En representación de ellos asistirá Francisca Johns, hermana de la progenitora de la víctima.

Ante el eventual interés de los medios de comunicación y la fuerte experiencia que puede significar el proceso para los parientes más cercanos de "Coke" se prefirió tomar esta medida.

Como ya se ha informado con anterioridad, un equipo del Servicio Médico Legal (SML) arribará el jueves próximo desde Santiago con la finalidad de cumplir, al día siguiente, la diligencia ordenada por el ministro en visita extraordinario, Jaime Solís Pino, la cual también fue solicitada por la familia, por medio de su representante legal, el abogado Fernando Saenger.

La exhumación se llevará a efecto en el Cementerio Parque San Pedro, hasta donde también acudirá el ministro Solís, miembros de la Policía de Investigaciones y personal de Carabineros, quienes estarán a cargo de establecer un perímetro de seguridad.

Una vez exhumados los restos de Matute Johns, serán llevados a Santiago para efectuar una metapericia que establezca en qué estado se encuentran, además de revisar los procedimientos realizados con ellos hace 10 años. Con esto se propondrán a Solís las opciones científicas para estudios.

Hasta el momento, se desconoce el tiempo que tardarán las pericias definitivas. El ministro Solís y el SML no han cerrado la puerta a la posibilidad que participe algún experto extranjero, lo que se definirá cuando haya una claridad respecto a los análisis que se realizarán.