Alrededor de 140 mil denuncias por diferentes delitos fueron ingresadas al Ministerio Público en la Región del Bío Bío durante el año pasado.

Así lo indicó el fiscal regional, Julio Contardo, quien ayer entregó la cuenta pública local del órgano persecutor, dando énfasis a las estadísticas de la primera década de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal en nuestra zona.

Se pudo determinar que en ese periodo los delitos más denunciados son hurtos simples, amenazas, lesiones leves y robos en lugar habitado.

ANÁLISIS CRIMINAL

La autoridad anunció que en la Región se desarrollará una experiencia piloto, creándose la primera Unidad de Análisis Criminal en regiones.

Se trata de una experiencia incluida en un convenio con la Fundación Paz Ciudadana, que busca modernizar la persecución penal, indicó.

PUERTA GIRATORIA

En su intervención, Contardo hizo referencia al concepto de "puerta giratoria" que tantas veces se ha ocupado para manifestar la percepción de inseguridad de la gente.

"Los resultados del sistema procesal son elocuentes, al parecer se desconoce la realidad de otros países. De todos los requerimientos de acción penal pública que hace el Ministerio Público a tribunales, más del 90% son acogidos y eso no ocurre en ninguna parte del mundo", dijo.

Agregó que hay que llamar a reflexionar acerca de lo que esperamos del sistema de justicia. "Si esperamos que combata la delincuencia, no lo vamos a lograr, porque es función de toda la comunidad, es un trabajo multidisciplinario y multilateral", dijo.

Se confirmó la fecha en que se realizará la exhumación del cuerpo de Jorge Matute Johns, diligencia ordenada por el ministro que lleva la causa, Jaime Solís, en el marco de la apertura de la causa, ocurrida en diciembre pasado.

Tal como lo informó Diario El Sur en su edición de ayer, el Servicio Médico Legal (SML) entregó una propuesta de fecha para efectuar la diligencia, señalada para el viernes 24 de enero. Fuentes cercanas a la investigación de la muerte del joven estudiante confirmaron que el ministro Solís definió ese día para ejecutar la medida.

Mucho se ha hablado acerca de efectuar esta pericia, ya que algunos ponen en duda la efectividad que tendrá para las indagatorias la realización de este análisis a los restos de Matute Johns.

No obstante, el director del SML, Patricio Bustos, ha reiterado que se cuenta con tecnología más avanzada que la que existía hace 10 años, cuando fueron hallados los restos del estudiante de 23 años en las cercanías de la ribera del Río Bío Bío, a la altura del kilómetro 22,6 de la Ruta de la Madera.

Bustos ha indicado que se pueden hacer exámenes diferentes a los que se desarrollaron en esa época, lo que permitiría entregar antecedentes nuevos para determinar la causa de muerte y el o los responsables de lo ocurrido.

Cabe señalar que no hay claridad aún de cuánto tiempo tomará el análisis completo de las osamentas de Matute Johns, puesto que una vez exhumado el cuerpo se debe revisar la labor pericial efectuada anteriormente y contrastarla con el estado en que se encuentren los restos.

Posteriormente, se le presentará un cronograma al ministro Solís para que se tomen las decisiones acerca de los estudios que se realizarán.

También se está discutiendo la posibilidad que un perito extranjero pueda participar en el proceso, lo que se definirá una vez que haya claridad respecto a lo que hay que hacer.

El día en que el ministro Solís informó acerca de la orden de exhumación del cuerpo de la víctima, agregó que se solicitaron otras diligencias, las cuales no quiso precisar para que los involucrados se enteraran por los conductos formales.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción tiene un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) trabajando en el caso y se ha informado que se han tomado declaraciones desde el inicio de la labor.

Según se sabe, los especialistas del SML viajarán el jueves 23 de enero desde Santiago para efectuar la exhumación.

Se trata de un equipo multidisciplinario compuesto, por lo menos, por 6 personas, entre médico, antropólogo, arqueólogo, fotógrafo forense y personal de apoyo.

En los procedimientos de exhumación, por lo general, asisten familiares, por lo que se espera que también suceda lo mismo en esta ocasión. No obstante aún no estaría decidido quien de la familia Matute Johns asistiría a la actividad.

Anteriormente, la antropóloga Isabel Reveco y la tanatóloga Carmen Cerda realizaron estudios a los restos de "Coke", con resultados dispares. La primera determinó que un objeto sólido, cilíndrico y sin bordes golpeó a la víctima, mientras que la segunda aseguró que no se podía establecer la razón de la muerte del joven.

Diferentes reacciones generó hasta ahora la reapertura de la investigación por la muerte de Matute. Mientras que el policía que estuvo a cargo de las indagatorias, Héctor Arenas, señaló que, policialmente, el caso está resuelto, la familia Araos, de la cual es miembro uno de los jóvenes que fue procesado por el hecho, rechazaron que se reiniciaran las indagatorias.

Cabe recordar que las pesquisas comenzaron luego que una persona llegó a la PDI diciendo que tenía información entregada, aparentemente, por uno de los responsables del deceso de Matute. Esto fue informado a tribunales y se determinó que el ministro Solís tomara la causa, puesto que se trata de un delito anterior a la nueva justicia criminal.

Un primer objetivo para lograr un nuevo juicio oral alcanzó ayer la defensa de los 3 ejecutivos condenados en el segundo proceso por el desplome del edificio Alto Río, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió la admisibilidad de los recursos de nulidad presentados en favor de los imputados.

El abogado Alejandro Espinoza, representante de Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, recordó que entre las causales planteadas en los recursos existían algunas referidas a la vulneración de garantías constitucionales, las cuales son competencia de la Corte Suprema.

Para Espinoza esto es un triunfo, porque "el propio fiscal nacional, en una cosa bastante inusual, recurre para que se declaren inadmisibles las nulidades, que no se admitiera prueba, lo que fue desechado, y, en el evento que se vieran en tribunal, esto ocurriera en la Corte de Apelaciones", señaló Espinoza.

Las alegaciones, opinó el profesional, podrían concretarse en marzo, porque en febrero quedan funcionando las salas de verano. "Probablemente, si lo tomó la Suprema, lo va querer ver la sala especializada penal. Pocos casos son visto en la Corte Suprema, sólo los que sientan jurisprudencia en materias relevantes", aseveró el profesional.

SIN TEMOR

El fiscal regional, Julio Contardo, no le dio mayor importancia al hecho que la Corte Suprema vaya a escuchar las alegaciones. "No lo presentamos para que lo viera una u otra corte, la única diferencia es la causal que se señala, que estimamos que es de aquéllas que deben ser conocidas por la Corte de Apelaciones de Concepción, respecto si hay algún mensaje en esto, no lo creo", dijo.

Agregó que aún no se entró a conocer el fondo de los recursos e insistió en que no existe temor en el Ministerio Público sobre que una sala especializada vea la materia.

CAUSALES

Espinoza explicó algunos de los fundamentos de las causales planteadas en los recursos.

En primer lugar, señaló que estiman que el tribunal presumió que había responsabilidad penal, aplicando normas de materias civiles en materia criminal.

"Dijeron que por el mero hecho de ser representantes legales (los ejecutivos) eran responsables de un hecho delictivo, lo que es un error constitucional", dijo.

Otro aspecto que destacó el abogado es que nadie puede ser declarado culpable si no se ha establecido su responsabilidad penal de acuerdo a un procedimiento legal y se pruebe por medio de un debido proceso. "En este caso, mis representados son condenados por los defectos constructivos, usando una prueba de especificaciones técnicas que no fue introducida en el juicio", afirmó.

PRUEBAS

Espinoza señaló que la Corte Suprema también tomó competencia en otro tipo de causales que no están enmarcadas en la vulneración de las garantías constitucionales.

"Por ejemplo, el tribunal que condenó en el segundo juicio no se hizo cargo de la prueba rendida, que es el mismo vicio por el cual se anuló el juicio el año pasado. Hubo peritos que entregaron antecedentes que van en contra de la tesis de los magistrados del juicio. Ellos pueden decidir en cualquier sentido, pero tienen que decir por qué desestiman la declaración de un perito o testigo y eso no lo hacen en el fallo", comentó el defensor.

Pero, en el segundo juicio por la caída del edificio Alto Río, los 3 ejecutivos de la inmobiliaria Río Huequén y constructora Socovil no fueron los únicos sentenciados, puesto que el ingeniero calculista, René Pettinelli, fue condenado nuevamente.

Respecto a éste, la Corte Suprema, en la misma determinación, declaró que era improcedente la adhesión a los recursos de nulidad que hizo René Pettinelli, quien es el único condenado en los 2 juicios anteriores, por lo que no tendría la opción de poder recurrir esta vez.

Su defensora penal pública, Sandra Betancourt, afirmó que, en caso que la Suprema acoja las nulidades, un nuevo juicio también tendría que incluir a Pettinelli.

"En la resolución, en la parte final, la misma corte deja la puerta abierta a esto, puesto que si se acogen los recursos por aquellas causales que son infracciones a las garantías fundamentales, necesariamente debe favorecer a René Pettinelli. No puede haber una persona condenada, donde abiertamente se diga que hay vulneración de estas garantías", señaló.

Quienes en ningún caso tendrían participación en un eventual tercer juicio oral serían las otras 4 personas que estuvieron imputadas: Pedro Ortigosa de Pablo, Mario Valeria, Héctor Torres y José Luis Paredes, puesto que en los procesos anteriores fueron absueltos por la justicia.